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domingo, abril 18, 2021

Nuevo fallo judicial deja el camino libre para la investigación de la causa San Francisco

Como lo hicieron el Juzgado y la Cámara de Apelaciones, el Tribunal de Casación rechazó el recurso presentado por la Defensa del exintedente Mario Barbieri, el exdirector de Viviendas Flavio Peiró y la titular de la empresa constructora, Alejandra Giribaldi, en el marco de la causa que investiga la presunta malversación de fondos durante la construcción del barrio que fue tomado masivamente en 2007.

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Nueve años después, ya no hay excusas. La Justicia debe investigar si hubo malversación de caudales públicos durante la construcción del barrio de viviendas sociales denominado San Francisco, tomado masivamente antes de las elecciones de 2007 cuando todavía no estaba terminado.

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Así lo dispone el tercer fallo judicial que rechaza los recursos interpuestos por la Defensa de los imputados Mario Barbieri (intendente en el momento de la construcción), Flavio Peiró (arquitecto que tenía a cargo la Dirección de Viviendas) y María Alejandra Giribaldi (presidenta de la empresa constructora) para que la causa fuese declarada prescripta.

Al igual que lo dispusieron el Juzgado interviniente y la Cámara de Apelaciones, el fallo de los jueces Mario Kohan y Carlos Natiello, de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó los argumentos del abogado Benito Aldazabal y consideró que el proceso debe continuar su marcha para deslindar o establecer las responsabilidades que le pudieran caber a los acusados de haber desviado el dinero destinado por el Gobierno nacional para la construcción de las 309 viviendas del Plan Federal de los barrios San Francisco y Los Andes.

Último fallo para evitar dilaciones

Adazabal pidió primero el sobreseimiento de los tres imputados, a los que representa por igual. Rechazada la solicitud por la Jueza de Garantías Laura Vázquez -la causa comenzó en fuero Federal, pero fue trasladada al Ordinario, provincial-, fue por la prescripción penal, para lo que atacó la validez de los llamados a declaración indagatoria que hizo en su momento el Juez Villafuerte Ruzo a pedido del Fiscal Federal que investigaba el caso, el Dr. Juan Patricio Murray.

La anteúltima definición, la de la Cámara de Apelaciones, fue en junio de 2015. La del Tribunal fue dictada en marzo pasado y señala que las nulidades son “una excepción” para “casos de extrema gravedad”, porque “de lo contrario el excesivo formalismo conspira contra la pronta decisión de la causa”, lo que indica que en la Justicia entienden que los acusados buscaron dilatar en el tiempo el proceso.

El fallo de Casación abunda en detalles respecto de lo que considera “improcedente” el recurso interpuesto. En ese sentido, señala que el llamado a indagatoria impugnado es válido, ya que no basta el cambio de competencia -de Justicia Federal a Ordinaria- para desechar las acciones del Juzgado original.

Los jueces Kohan y Natiello destacan que los antecedentes del expediente permiten entrever “los alcances de las conductas atribuidas a los encartados, su grado de participación, la significación jurídica de las mismas y los elementos en los que se apoya”, al tiempo que recuerdan que es la declaración indagatoria donde se podrá ejercer la “defensa material plena” de los imputados.

Esto significa que todos los estamentos judiciales a los que acudieron en los últimos años Barbieiri, Peiró y Giribaldi denegaron todas y cada una de sus solicitudes para dejar en claro que los hechos denunciados por el bloque del PJ en 2008 deben ser investigados hasta el final, cuando en juicio se determine si hubo responsabilidades penales o no en el caso.

La instrucción de la causa la lleva adelante la Fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI 11. Al defensor Benito Aldazabal se le oponen además los abogados Valentín Mastrángello y Nicolás Macchia, ambos referentes políticos del kirchnerismo local, quienes patrocinan a la Comisión de Fomento del barrio, en nombre de los que pidieron la elevación a juicio en febrero pasado.

Argumentos para acusar

En el escrito en el que solicitaron el juicio, Macchia y Mastrángello señalaron que “la Empresa Constructora Giribaldi Hnos. recibió pagos por trabajos no realizados y por otros realizados defectuosamente y es evidente que debió haber una retribución hacia los funcionarios públicos que certificaron las obras y las pagaron”.

Para esa afirmación se apoyaron en el informe del Perito Tasador Oficial de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Eduardo Fuchs, que estableció que en las viviendas existen una serie de modificaciones y quitas que no fueron especificadas a lo largo del proceso de construcción de cada etapa de la obra. “Se ignora cuáles fueron los motivos que originaron los cambios introducidos y la eliminación, toda vez que no fue hallada entre la documental disponible”, afirmó.

Todas esas falencias “definen de manera taxativa tanto la falta de aptitud técnica como la escasa calidad e insuficientes condiciones de confort de las viviendas que, sin perder de vista el carácter económico con el que han sido concebidas, se puede concluir que no cumplen con los estándares de calidad, ya que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para viviendas de interés social”, señaló el perito sobre la obra, cuyo costo final fue de 15.502.311,74 pesos.

Su conclusión fue que “la calidad de las viviendas en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad”, lo que significa que en ese barrio faltaron fondos y que no se sabe a dónde fueron a parar.

La posición de la Defensa

Para Barbieri, actual presidente del Concejo Deliberante y candidato a diputado nacional cuando el PJ hizo la denuncia, la causa siempre tuvo “intencionalidad política”, producto de la “persecución” del kirchnerismo hacia sus adversarios, operada luego de que, en 2008, tras el conflicto con el campo, el entonces intendente dejara de ser un “Radical K” que integró la lista del Frente para la Victoria en la fórmula “Cristina, Cobos y vos”.

En su momento, Peiró había dicho que “algunas cosas están en el expediente y otras son órdenes de pedido que no sé si le llegaron al Perito”, cuyo informe calificó de “antojadizo”, porque, consideró, hubo “cosas que no las vio, o no las quiso ver”.

En el último recurso interpuesto, el abogado defensor de los exfuncionarios señaló queBarbieri no intervino en las obras como ejecutor, que no adquirió ni eligió materiales ni hizo gestiones, por lo que estuvo “absolutamente ausente de desarrollo” de la construcción, lo que demostraría “absoluta falta de dominio de la situación”, ya que “carecía de toda posibilidad de avanzar o desistir en cada uno de los hechos” denunciados, aunque era el responsable máximo del Gobierno municipal.

Sobre Peiró, indicó que “jamás hubo de administrar caudales ni efectos públicos” que pudiera malversar, al tiempo que considera “irrazonable” la duración del proceso. Respecto de Giribaldi, sólo hace referencia a las formalidades del expediente.

Peiró era el responsable de firmar los parciales de obra que eran girados al Instituto para la Vivienda y al Ministerio de Planificación Federal, organismos que, a través de esas certificaciones que enviaba el arquitecto hacia efectivos los pagos.

La intervención de Peiró nunca fue meramente “técnica”, sino que cumplía funciones políticas dentro del gabinete, es decir que actuaba por cuenta y orden del Poder Ejecutivo, cuya máxima autoridad era el intendente electo por el pueblo, Mario Barbieri.

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