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martes, mayo 11, 2021

Denuncia penal contra Salazar e integrantes de su equipo, tras la Rendición de Cuentas

Tal como reveló en exclusiva La Opinión en su edición impresa del miércoles, las acusaciones van desde la malversación de fondos públicos al desvío de dinero para la campaña electoral. Está impulsada por la exconcejala Cecilia Vázquez y la fiscalía analizará si las pruebas presentadas son suficientes para la configuración de uno o varios delitos. También apuntan a la invitación que recibió el Jefe Comunal para viajar a Estados Unidos.

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"Falsedad ideológica de instrumentos públicos; Malversación agravada; Peculado; Dádivas; encubrimiento, otros y subsidiarios" son los delitos por los que Cecilio Salazar, Silvio Corti, Mario Sánchez Negrete, Jonathan Galván, Gustavo Liloff e Iván Paz fueron denunciados ante la Justicia penal a raíz de los sucesos relacionados con la Rendición de Cuentas del ejercicio 2017, aprobada en el Concejo Deliberante el 24 de mayo pasado.

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La denuncia, publicada por La Opinión en la tapa de su edición impresa el miércoles, fue radicada en sede judicial por la exconcejala Cecilia Vázquez, pareja de Matías Monfasani, también exconcejal, exfuncionario de Guacone e hijo del exdiputado e histórico hombre fuerte del PJ local, Daniel Monfasani, todos referentes locales del massismo.

El texto señala un "complejo itinerario criminal de acción pública, consistente en plausibles delitos contra la administración y la fe pública" que habrían sido cometidos por los denunciados durante 2017, año de la campaña electoral en la que Salazar fue revalidado con el 62 por ciento de los votos que recibió la lista de Cambiemos que encabezaba el presidente de ese bloque, Iván Paz.

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Según la presentación, que deberá investigar la Fiscala Viviana Ramos, el gobierno habría promovido una "ajustada red de complicidad y encubrimiento, para poder pagar la campaña electoral", mediante la que se habría dispuesto "adecuados incentivos económicos para los adherentes, encubridores, familiares, amigos, novias, novios, amantes, becarios, lamedores, aplaudidores y alcahuetes en general".

Ello, porque consideró que "prácticamente no existe en la ciudad de San Pedro ningún funcionario, sea este concejal, consejero, director, secretario o cualquier otro empleado público de esta u otra repartición que no haya logrado introducir, a sueldo de la administración pública que algún allegado, a todos se les ha pagado de una u otra forma".

La denuncia señala que se habrían "otorgado todo tipo de actos falsos, acudido a sistemas de pagos, reintegros, o transferencias palmariamente ilícitos", como "erogaciones que no resultan consecuencia de ninguna reglamentación que las profetice previamente".

En ese sentido, aseguran que "se han pagado de la administración municipal, hasta las viandas de los fiscales partidarios durante las PASO 2017 y las elecciones generales de octubre del mismo año. No existió reunión política partidaria o de gestión que no estuviese 'amenizada' con delicadezas gastronómicas y algunos funcionarios parece que han gastado viáticos por $ 1500 diarios durante todos los días hábiles del año 2017".

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La presentación judicial de Vázquez, interpuesta con el patrocinio del abogado Pablo Visca, el mismo que le redactó la pomposa carta documento en la que la exconcejala defenestró a Alan Ocampo, refiere que hubo un "enorme latrocinio, fundado en la bonanza y la necesidad de captar voluntades".

Entre las denominadas "falsedades ideológicas" advierten algo que La Opinión publicó en reiteradas oportunidades desde agosto de 2016: la firma de decretos para transferir fondos afectados a recursos ordinarios, y cumplir así con el pago de salarios, amparados en la ordenanza de emergencia tarifaria, que estuvo vigente hasta julio de 2017, fecha en la que venció, sin que el gobierno pidiera prórroga.

"Ya que la vigencia de esta norma figura como antecedente o causa del acto de la administración", dice la denuncia, "la falsedad de ese extremo genera su nulidad y la responsabilidad administrativa, civil y penal de sus otorgantes".

Vázquez señaló que, en esos decretos, Salazar "afirma falsamente que la norma de emergencia está vigente, para con fundamento en ella, desviar  fondos sin que el tribunal de cuentas los sancione y nadie sospeche que existe malversación".

"El monto de la malversación instrumentada, por los decretos citados fuera de la vigencia de la ordenanza que la justifica, asciende a la suma de $103.630.880,95", señaló la exconcejala, que advirtió que "casualmente coincide con el del déficit de las cuentas públicas municipales del ejercicio correspondiente al año del señor y electoral de 2017".

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La presentación judicial está dividida en "episodios". Tras el "desvío de fondos afectados", aparece el denominado "episodio internet educativo". Allí, Vázquez indica que hay decretos que dan cuentas de que se destinó un millón de pesos "a proveer internet a todos los establecimientos educativos de San Pedro durante el año 2017" y que hay documentación acerca de la misma inversión durante el año anterior.

"Una pesquisa personal, consistente en información recabada de personas que trabajan en algunos establecimientos, me indicaron que en realidad nunca tuvieron internet o las que tienen fueron provistas por las asociaciones cooperadoras o asociaciones de padres (N. de la R.: los errores de concordancia son del original)", señaló la excandidata a diputada del Frente Renovador y sostuvo que ello implica el delito de "peculado".

El segundo episodio es el denominado "doble decreto de gastos de pavimentación", en el que señalan que la "documentación muestra dos decretos vigentes (uno no fue anulado) mediante los cuales se asfaltan 12 cuadras dos veces, con 40 días de diferencia".

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El tercero se llama "episodio de las pelotas extraviadas" y versa sobre la adquisición de una cantidad de pelotas de fútbol que debía comprar el club El Porvenir, con dinero del Fondo de Promoción del Deporte, para distribuir entre los clubes de las ligas Infantil y Mayor de fútbol.

"Las pelotas fueron repartidas durante la campaña electoral por el candidato Ivan Paz", quien integra la comisión de seguimiento del fondo deportivo, indica Vázquez, quien da cuentas de que existe una nota de la LDS en la que su presidente reclama por los balones, algo que, aseguró la exconcejala, Hugo Cejas le refirió luego personalmente.

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(foto: Fútbol Infantil San Pedro)

Otro "episodio" repasa la doble condición de Alfredo Camilletti y Ariel Álvarez de funcionarios y proveedores, lo que sería una incompatibilidad. Otro apunta al presidente del Consejo Escolar y excompañero de militancia monfasanista y massista, Gustavo Liloff, para quien no ahorran calificativos: "Jamás reclamó, jamás denunció a esta administración, a la que adhiere, como sí lo hizo para con la administración anterior del intendente Guacone. Esto lo indica como encubridor de las  malversaciones".

La falta de entrega de informes al Concejo Deliberante sobre las emergencias en seguridad y administrativa también tienen su "episodio". Parece menor, pero una situación similar le costó al exintendente Pángaro interpelaciones y hasta una comisión investigadora que casi lo destituye.

Las publicaciones de La Opinión sobre "el Príncipe de los Reintegros", Jonathan Galván, y su suegro, "el Rey del Palito", Pablo Quiroga, también aparecen en la denuncia, en la que hay un extenso capítulo dedicado a Iván Paz, a quien califican como "el encubridor".

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Allí, Vázquez recuerda que cuando ambos integraban el Concejo Deliberante, Paz "estaba muy interesado y comprometido en resguardar el erario municipal, a tal punto que presidió la comisión investigadora" contra el entonces intendente Pablo Guacone.

"Los cargos formulados en aquel momento, resultan nimios, irrisorios, toda una bagatela comparados con las irregularidades y el monto del déficit de la rendición de cuentas del actual intendente Cecilio Salazar, del cual resulta su más allegado acólito", sostiene la exconcejala en la denuncia.

"El cambio de su temperamento entre este y aquel caso muestra la clara finalidad de su conducta, tendiente a solapar las tremendas abyecciones cometidas por su 'dominus'", escribieron Vázquez y su abogado, Pablo Visca.
"Este joven que parecía muy “naif” y prometedor ante los ojos del electorado, queda expuesto como el frívolo neófito que es, un elegido solo por manipulable, a quienes algunos erróneamente apreciábamos por su supuesto criterio ético, el que ahora se evidencia extraviado, quizás la vergüenza lo acompañe hasta que también se le pierda", dicen, finalmente.

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Hay un "episodio" intitulado "Los dadivosos", en la que acusan a Salazar de incurrir en delito al aceptar la invitación de la ONG RIL a viajar a Estados Unidos con todos los gastos pagos. Allí también refieren las erogaciones en las que incurrió el Estado local ante visitas de funcionarios, siempre oficialistas y muchas veces para actos partidarios de Cambiemos.

Junto con el relato de esos y otros hechos que considera dolosos, Vázquez elevó a la Fiscal Ramos un extenso anexo con documentación en la que hay decretos, ordenanzas y variada documentación. También aparecen recortes periodísticos de este y otros medios en los que se abordan cuestiones relacionadas con la Rendición de Cuentas.

Si Fiscalía estima verosímil el relato de Vázquez, deberá cumplir con el proceso inicial, que es el de establecer si esas conductas tipifican delito. Luego, imputar a quienes aparezcan como sospechosos e investigar en profundidad, lo que implicaría, sin dudas, al menos un allanamiento de importancia en la Municipalidad para secuestrar documentación.

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