Aunque está clausurado, Pesca y Casting sigue cobrando a sus socios y aumentó las cuotas
El club no puede funcionar porque carece de habilitación comercial, aunque la comisión directiva sigue activa y en el lugar suele haber movimiento. Mientras avanza la causa judicial mediante la que el Consorcio de Gestión del Puerto reclama la restitución del predio, los socios recibieron un informe que anuncia un aumento en las cuotas. Esta semana, un miembro desarmó su casilla y se fue.
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El cub Pesca y Casting está clausurado desde diciembre de 2017, cuando el gobierno de Cecilio Salazar anunció sus planes de crear en ese predio, propiedad del Puerto San Pedro, una playa pública de acceso libre para sampedrinos y turistas.
El sitio fue clausurado por inspectores del área de Rentas y el Juez de Faltas dictaminó su clausura definitiva, mientras el Consorcio de Gestión espera una resolución en la causa judicial en la que tramita el desalojo y restitución del predio.
A casi un año, el club sigue funcionando a pesar de la clausura; el predio sigue en manos de la comisión directiva porque la Justicia no ordenó desalojo alguno; la playa pública no existe; y quienes manejan la institución continúan percibiendo ingresos.
Esta semana hubo movimientos dentro del clausurado club. Un socio desarmó su casilla para retirarse, no sin quejarse porque la comisión directiva resolvió aumentar todos sus precios: desde la cuta social hasta la de los servicios que presta..
"Recuerden abonar sus cuotas, ya que el 1 de septiembre, como anteriormente les hemos informado, habrá un incremento en las tarifas", les recordó a los socios la comisión directiva, que preside Lorena Milessi, durante la última semana de agosto, para que no olviden que deberán pagar con aumento.
El mensaje detalla cómo quedarán las tarifas desde septiembre: parcela, $ 1.200; socio activo adulto, $ 300; socio cadete, $ 200. Además detalla que por el servicio de electricidad se les cobrará 30 pesos por día.
Hace tres meses, Pesca y Casting cumplió 46 años. De ellos, seis son los años que lleva vencida la concesión que en su momento les hizo el Consorcio de Gestión del Puerto para la explotación del predio, para cuya restitución el organismo público provincial tuvo que recurrir a la Justicia, que aún no ordenó desalojar.
El Juez de Faltas dispuso la clausura definitiva luego de que Rentas denegara la habilitación porque la comisión directiva no podía demostrar posesión legal sobre el terreno, ante la concesión vencida y el juicio en trámite.
Luego, Obras y Servicios Públicos ordenó retirar el medidor de agua obligatorio para las actividades comerciales, por lo que no tiene ese servicio, al menos oficialmente.
Los empleados, por su parte, nunca cobraron. Algunos, con asistencia legal, enviaron cartas documento que fueron respondidas desconociendo y negando la relación laboral.
