No hay opción de compra para los terrenos usurpados
La Justicia dictó las órdenes de desalojo y el gobierno recorrió los predios para mediar, en procura de que los ocupantes se vayan por sus propios medios. Insistieron con que quieren un plan de pago, pero el mensaje que les dieron fue claro: no hay opción de compra y se tienen que ir.
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La semana pasada la Justicia ordenó desalojar los terrenos usurpados ubicados en Güemes y 35 bis y en Bozzano y Ansaloni, dos de los tres que todavía permanecen ocupados tras las seis tomas masivas registradas en San Pedro entre el 19 y el 24 de enero.
Con las órdenes de desalojo dictadas, funcionarios del gobierno se presentaron por primera vez en los terrenos para entablar un diálogo que permita que no sea necesario el uso de la fuerza pública.
El secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y el director de Coordinación de Policías, Juan Carlos Agüero, encabezaron la reunión, acompañados por empleados de Desarrollo Humano, entre ellos el responsable del área de Discapacidad, Juan Carlos Mariño.
Fueron a decirles que se tienen que retirar, que no tiene sentido resistir un desalojo y que es mejor evitar un alzamiento ejecutado por la policía.
Para el gobierno, la reunión fue “positiva”, ya que consideran que la idea de “hacerles entender que tienen que salir pacíficamente” fue cumplida con creces. “La mayoría entendió y dijo que se iban a ir”, aseguraron. Durante el encuentro, los ocupantes expresaron cuáles son sus necesidades y pidieron ayuda al gobierno en ese sentido.
Luego fue el turno de la policía, que entregó a los ocupantes sendas notificaciones en las que se les informa que están imputados en una causa penal por el delito de usurpación. Nada dice del desalojo. Una mujer que fue a la Comisaría a preguntar de qué se trataba volvió con un papel firmado por el Comisario, en el que se informa que a “se le brindó detalles de lo resuelto en la Justicia” en relación a la causa.
“Queremos nos den un plan de pago”, insistieron en los terrenos y afirmaron: “No queremos nada regalado”. Consultados acerca de la posibilidad de que los dueños no accedan a vender el terreno usurpado, sostuvieron: “Si no es acá que sea en otro lugar”.
“Se les aclaró que los propietarios no tienen intenciones de vender y que además el Municipio tiene un proyecto para ese lugar, así que esto que piden de pagar en cuotas no es viable y tampoco es una decisión de ellos. Tienen que salir”, precisaron fuentes del gobierno municipal.
Al cierre de esta nota, en los predios todo era incertidumbre. Algunos aseguraban tener una “estrategia” para “resistir” y, si fuera necesario, hasta enfrentarse con la policía.
Entre las autoridades judiciales, policiales y municipales creen que no se dará ese extremo y que cuando lleguen al predio para hacer efectivo el desalojo –algo que podía ocurrir incluso cuando este semanario estaba imprimiéndose– no habría que lamentar un enfrentamiento.
Lo que se esperaba, una vez que la fiscala Ramos recibió los informes policiales acerca de las notificaciones, era que se garantizara la presencia de refuerzos policiales, requeridos para cumplir con la orden.
