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miércoles, junio 16, 2021
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No hay control sobre el cobro del Estacionamiento Medido

Ayudis, que es la concesionaria, no tiene Comisión Directiva y los miembros/empleados buscan conformarse en cooperativa. Deben 133 mil pesos al municipio, pero de lo que recaudan no rinden un solo peso. El vacío legal que existe desde el año pasado es cada vez peor y hoy los usuarios pagan por un servicio que no tiene respaldo administrativo. Los 17 trabajadores que hacen la tarea piden pasar a planta permanente. A casi cuatro meses de asumir, Giovanettoni sólo impulsó reuniones con la Universidad de La Plata para instalar un nuevo sistema, pero el punto más complejo de la Comisión Investigadora contra Guacone sigue firme y se profundiza. Enviarán una nueva ordenanza para regularizar el trámite.

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El lunes al mediodía, los trabajadores del Estacionamiento Medido entregaron una nota al Ejecutivo y al Concejo Deliberante para manifestar su descontento y preocupación con la intención del Gobierno de Fabio Giovanettoni, que anticipó La Opinión a principios de marzo pasado, de firmar un convenio con la Universidad de La Plata para modificar el actual sistema, que tiene a su cargo –tenía, al menos en la documentación existente– la ONG Ayudis, que preside –presidía, resultó ahora– Carlos Vitellozi, un hombre cercano a Guacone y algunos de sus funcionarios, que cambiaron de jefe pero no de mañas.

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Cuando entregaron la nota, en la que piden audiencia al Intendente y al Presidente del Concejo Deliberante, respectivamente, dialogaron con este semanario y dijeron que lo que quieren es “pasar a planta permanente” como empleados municipales, ya que el sistema platense les implicaría una reducción de ingresos importante.

Además, contaron cómo funciona en la actualidad el estacionamiento medido y revelaron que las irregularidades que denunció el Concejo Deliberante el año pasado en la Comisión Investigadora no sólo son ciertas –como publicó La Opinión el 11 de marzo cuando dio a conocer la intimación a Ayudis por la deuda existente– sino que además dieron cuenta de que hay una profundización de las irregularidades en el cobro que ameritarán al menos un diálogo entre los dos cuerpos del Estado que se deben a la comunidad de usuarios que a diario pagan el servicio.

Deuda, palo y a la bolsa
Como advirtió el HCD en la Comisión Investigadora, el convenio con Ayudis firmado por el Ejecutivo de acuerdo a lo que lo faculta la ordenanza que estableció el Estacionamiento Medido en las calles del centro, está vencido. La ONG no paga desde el año pasado, como denunciaron los concejales y reconoció el Ejecutivo al intimarla a que pague a mediados de febrero.

El presidente de Ayudis, Carlos Vitellozi, renunció y con él toda la comisión directiva. Por lo que esa organización está acéfala, tiene el convenio vencido, nadie que responda por ella pero sin embargo hay quienes amparados en ese acuerdo siguen cobrando el servicio.

Ayudis debe 133 mil pesos del año pasado. Los 17 miembros/empleados de esa organización que en la actualidad llevan adelante la tarea ya no hablan como parte de la ONG sino como futuros integrantes de una cooperativa de trabajo de nombre EMP.

Como hacía la entidad que presidía Vitellozi, imprimen sin consentimiento del Municipio los talonarios con los que cobran el servicio, lo que significa ni más ni menos que no tienen validez alguna. Lo hacen en una imprenta de calle 25 de Mayo que les cobra 850 pesos por 5.000 boletas.

Como dice la ordenanza impositiva vigente, cobran 3 pesos por hora, de los que cada trabajador se queda con dos. El restante lo entregan en “la oficina” y según Claudio Guilmen, quien oficia de “presidente” de la cooperativa en formación, se utiliza para pagar electricidad, alquiler, dispenser y otros gastos propios del local donde funcionan.

Revelaron que el promedio de venta de tickets es de 10.000 mensuales. Es decir, una recaudación promedio de 30.000 pesos, de los cuales 10.000 son para “la oficina” y 20.000 para los trabajadores.

“El promedio de venta es de 70 boletas por día, cada uno. Puede haber picos de 90 y a veces baja a 50 ó 60. Cuando llueve, nos tenemos que ir”, contaron los trabajadores. Aseveraron que pagan “un seguro” y señalaron que “gracias a Dios no pasó nada, por ahora” pero si ocurre algo, el responsable es el Estado local.

Esas 70 boletas por día por cada trabajador implica otro número al revelado por los miembros de EMP. Si son 17 y cada uno vende un promedio de 70 tickets diarios, eso implica unos 1190 en total. Multiplicado por 20, el promedio que se toma para calcular días laborales, serían unas 23.800 boletas, que en dinero significan 71.400 pesos. Si se toman 24 días, el promedio mensual de días que dicen trabajar, da un total de 28.560 boletas, que multiplicadas por 3 pesos da como resultado una recaudación mensual promedio de 85.680 pesos.

El problema es del Estado
Desde el año pasado, el Gobierno municipal tiene al sistema de estacionamiento medido en una nebulosa administrativo legal. Es decir desde que venció el convenio con Ayudis y la ONG dejó de pagarle el 15 por ciento de la recaudación que indica la ordenanza vigente.

El asunto se puso peor con el fin de esa asociación civil sin fines de lucro y la orfandad en la que quedaron los 17 miembros que en realidad siempre se sintieron empleados, que ahora quieren conformar una cooperativa de trabajo y hasta planifican oficiar de cuidacoches en eventos  nocturnos, algo que hacen otras personas de manera irregular y sin control del Estado.

Los que tampoco tienen ningún tipo de control son los que cobran estacionamiento medido. En diálogo con La Opinión aseguraron que “no hay supervisión municipal” de su tarea. Nadie les pregunta nada.

“Vitellozi renunció y se fue. La Comisión quedó vacía y le quedaron debiendo plata a la municipalidad. El Secretario de Gobierno dijo que la tenemos que pagar nosotros”, explicó Guilmen y reconoció que “ahora no se está rindiendo nada. Como quedamos debiendo, lo que se recauda es para pagar todo. Por eso queremos una reunión para que nos den espacio físico, así dejamos de pagar alquiler, así podríamos pagarle a la Municipalidad”.

Durante la última reunión que mantuvieron con el Secretario de Gobierno Martín Baraybar, el funcionario les advirtió que estaban en una situación irregular y que debían evaluar cómo iban a hacer para pagar la deuda de 133.000 pesos. El Ejecutivo intimó, pero aún así la situación es demasiado precaria como para que no haya una intervención directa. La plata, mientras tanto, sigue circulando y el Estado nada percibe por ello.

A “planta permanente”
“Hablamos con Manchone y nos dijo lo de las tarjetas del convenio con la Universidad de La Plata. Pero le van a dar a los kioscos, y a nosotros eso no nos conviene”, dijo Guilmen a La Opinión sobre el convenio con la Universidad de La Plata, en el que avanza el Ejecutivo y sobre el que se elevará un proyecto al Concejo Deliberante.

“Nos negamos rotundamente al proyecto”, dice la nota entregada a las autoridades, que advierte: “La mayoría somos personas con capacidades diferentes, que nos es imposible conseguir trabajo en otros lugares”. En la redacción de este semanario dijeron que los discapacitados son “tres o cuatro”.

“Queremos seguir como está ahora, con el mismo sistema, aumentando la tarifa de acuerdo al costo de vida”, dice el texto, que también establece la opción de “obtener un básico de salario mínimo”, algo que explicaron con precisión a un periodista de este medio cuando entregaban las cartas: “Pedimos el pase a planta permanente para todos”.

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