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martes, agosto 3, 2021
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No habrá desalojos en la causa por la usurpación masiva de viviendas

Para la Justicia no se cometió ninguna usurpación. Varios fueron los pasos legales y los tiempos judiciales en los cuales intervinieron diferentes actores, sin embargo la pelea, en esta instancia, la ganó el Dr. Ganon. Si este fuese un juego, se retrocedieron cien casilleros.

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La causa de las usurpaciones masivas acontecidas en el Barrio San Francisco de Asís a una semana de las elecciones de Octubre de 2007, parece no terminar jamás. Mejor dicho, ahora, según la Justicia, hay que hablar de “una situación no violenta en la cual alguien ingresó a una vivienda de una persona a la que no conocía y se quedó allí”. Por lo tanto, según la Cámara de Apelaciones en lo Penal no hubo usurpaciones. Ahora, los pasos vuelven prácticamente a cero y tendrán que realizarse nuevas investigaciones, que según adelantaron, llevarán meses en terminarse.

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La previa
En los primeros días del mes de Marzo se dio a conocer la resolución de la Jueza de Garantías número 1 de San Nicolás, Dra. Laura Vázquez, que después de haber recibido el expediente por parte de la Fiscalía de San Pedro, a cargo en ese entonces de la Dra. Gabriela Ates, dispuso el pedido de desalojo de 24 viviendas, mientras que las ciento seis unidades restantes quedaban en espera con los mismos ocupantes hasta que se adjudiquen, por lo que en la oportunidad eran consideradas como propiedad del estado. Allí, comenzó el amparo para los okupas, por parte de la Defensoría General del Dr. Gabriel Ganon, con representación en el Defensor Dr. Javier Aníbal Parigini, quien pidió a través de un sumario de veinte páginas la nulidad de la expulsión.
La puja se basó en un solo punto: ¿Se concretaron o no las usurpaciones? Las posturas, eran por una parte la de Vázquez y equipo, a través de una realidad cotidiana y que era de público conociendo, manifestando que “el delito existe, pero el objetivo principal es resolver el conflicto y no detener a las personas”, basándose además en el Artículo 181, inciso 1 del Código Penal de la Nación: “el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”.
Por esos mismos motivos expresados en las normas vigentes la gente de Ganon, planteó que la toma se produjo porque la adjudicación no fue transparente, adjudicando algo de responsabilidad al Municipio, pero sin hablar de usurpaciones. Según fundamentan, la ocupación ilegal no existió, debido a que no se prueba el objeto de la comisión de un delito tipificado en el citado Código.

La resolución
Todo quedaba en manos de la Cámara de Apelaciones, donde las autoridades analizaron cada uno de los argumentos y detalles entregados por las partes para definir los posibles desalojos. Básicamente ese es el tema en cuestión, ya que aquí no se ponía en tela de juicio quién es el autor de las “supuestas usurpaciones”. Finalmente luego de más de siete meses de las primeras tomas de las viviendas, se define dejar sin efecto el desalojo. El fallo, fue a favor de la apelación presentada por Ganon, por ende de los que habitan esas casas, que en principio para la Justicia no sin definidos como usurpadores obligan a que el tema retorne a San Pedro.

Ahora con Giannorio
La causa usurpaciones fue tratada en sus inicios por la Dra. Gabriela Ates, que una vez que finalizó su investigación (que no incluyó una visita asidua al lugar) fue elevada al Juzgado de Garantías. Ahora, que se ha revisado prolijamente, es el Dr. Darío Giannorio, quien recibió el expediente y el que el pasado día lunes tenía sobre su escritorio el frondoso expediente.
La Cámara, dice que no se puede apoyar el desalojo porque faltan pruebas, que consoliden la evidencia del hecho. El trabajo que ahora deberán hacer es el de una reinvestigación, que pueda demostrar, que se ha perpetrado una usurpación, algo difícil si se toma en cuenta que la propiedad en el momento del episodio tenía varios titulares: el Municipio dueño del terreno, la empresa constructora sin terminar las casas y el estado nacional que aportaba el dinero para la construcción. Paradójicamente y pese a que el sentido común y la observación directa del ciudadano que aún espera por su vivienda, no hay elementos suficientes como para calificar el proceder de quienes ya están instalados en las viviendas sea considerado delito.

¿No está claro?
Esa es la pregunta que todos se realizan, ya que incluso los Okupas, han admitido en público estar usurpando. Igualmente, la refutación se basa en que no está probada la violencia en el ingreso u otros de los “requisitos” que se indican como necesarios para configurar una acción que merezca ser penada.
Ahora, los pasos a seguir, según dejó saber el Dr. Giannorio, son los de “tratar caso por caso, o sea, realizar una investigación casa por casa y ver a quien estaba asignada”. Un trabajo, que no estaba hecho y que parece ser fundamental para conocer la realidad actual, ya que algunas de las viviendas cambiaron varias veces de manos. “Va a ser largo” comentó el Fiscal, en cuanto al proceso, pero aclaró: “vamos a llegar a resultados justos”. Parece que han olvidado el relevamiento preliminar realizado por agentes municipales donde se detallaron una a una las viviendas e incluso se detectaron varios casos de menores a cargo de una unidad habitacional.

Otra alternativa
En cuanto a los desalojos, que devuelven sus casas a los legítimos propietarios, se puede realizar otro camino, para comprobar el ilícito desde lo civil, aunque tengan que seguir esperando. Esta es la resolución en materia penal, pero se podría llegar a realizar una denuncia desde cada uno de los propietarios, ya anunciados a través del famoso listado, o por la denuncia en nombre de todos ellos, por parte del Municipio, el cual podría evaluar esta posibilidad, debido a que ya ha sido notificado de la resolución de la Cámara.

Qué opinan los propietarios
La gran pregunta es si el listado, que mencionaba a los veinticuatro dueños de las casas asignadas y luego usurpadas, sirve o, ante esta resolución, no los reconoce. La situación es muy compleja, ya que una persona, que es adjudicada en una vivienda encuentra en su casa a una persona desconocida que le toma el hogar, aunque no configure una usurpación.
Blanca Trapani, es una de las veinticuatro personas en cuestión, pero no puede vivir en el lugar, porque ya lo hace otra persona.
“No puedo seguir pagando el alquiler” dijo preocupada, ya que desde hace un tiempo se le esta haciendo dificultoso el pago en la casa donde actualmente habita. Según comenta, lo estaba haciendo con algunos ahorros, pero ya no sabe cómo abonará el mes de Junio. Blanca menciona que ha pedido audiencias con el Secretario Vellón, pero que nunca la recibió. “Nunca me llamaron y pedí audiencia con las asistentes sociales, pero no me puedo perder un día ahí viendo si van o no a trabajar.” Por ahora, tiene que esperar, como otras veintitrés familias más.

Alguien se olvida del pueblo
Desde el “espíritu de las leyes en adelante”, la habilidad de los profesionales ha logrado sentar posiciones insólitas. El caso del Barrio San Francisco será por siempre emblemático. Ni la autoridad política, ni la Justicia ha tenido en cuenta el interés común y el derecho de los ciudadanos que con sus impuestos sostienen la estructura que permite la construcción de barrios con viviendas destinadas a solucionar problemas habitacionales graves. No sólo se especuló con la defensa del interés general cuando el Municipio obró distraídamente a pocos días de las elecciones, ante el escándalo público sino que como remate artero, la Justicia, encontró los mecanismos para defraudar una vez más a los verdaderos dueños de esas viviendas: los ciudadanos argentinos.
Que la gente continúe en las casas usurpadas, es un dato menor frente al atropello de las autoridades políticas y judiciales, que dejando hacer y dejando pasar, olvidan que el espíritu de una ley siempre obedece al sentido común y no al capricho jurisprudencial o negligente de turno.
Tal vez, el fantástico texto haya perdido vigencia en las facultades de abogacía, pero quienes habitan el suelo argentino y conocen de sus derechos, saben que las leyes son un complejo elaborado para la convivencia y la paz social y no para la consolidación de todo tipo de aberración jurídica con mayor asidero en lo IDEOLÓGICO que en lo LÓGICO.

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