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viernes, julio 30, 2021

Niegan que las antenas de telefonía sean nocivas para la salud

La Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) dice que hay superposición legal entre el ámbito nacional y provincial para controlar la instalación de antenas en edificios u otros espacios urbanos. Pero que en los dos últimos años se controlaron 13 ciudades en el país sin registrarse inconvenientes. A San Pedro todavía no llegan las inspecciones.

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La nota aparecida en la anterior edición de este semanario que daba cuenta de la preocupación y la denuncia de una vecina por la instalación de antenas de telefónica celular, que nadie controla a pesar de que podrían significar riesgos para la salud de la población, tuvo una inmediata repercusión. La cámara que agrupa a las empresas de telefonía móvil en el país envió rápidamente un comunicado para dejar en claro que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que todos los estudios científicos establecen que no existe ninguna evidencia que relacione las emisiones radioeléctricas de telefonía móvil, con efectos adversos para la salud”.
CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina) explica que en la Argentina incluso se cumplen las reglamentaciones tan a rajatabla que “las antenas emiten habitualmente centenares de veces por debajo de los límites establecidos en las normativas internacionales”, y son aún más exigentes que en Europa.
Sin embargo, el pedido de una vecina sampedrina se suma a preocupaciones que en las grandes urbes como en la Capital Federal están a la orden del día. Y por eso las empresas de celulares se muestran sensibles a las críticas.
El pasado 5 de Noviembre, el diario La Nación publicó un artículo completo sobre el tema en el que se indica que “no existen riesgos comprobados para la salud”, o al menos así lo explican algunos profesionales consultados. Pero allí también se ponen de manifiesto las posiciones de otros organismos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo de esa ciudad. Su representante indica que “Hacemos hincapié en el principio precautorio de la ley general del ambiente, que establece que hasta que no hayan estudios que comprueben que algo no es dañino, debe actuarse como si lo fuera”.

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Un embrollo legal
Una de las dificultades que la CICOMRA reconoce es que en la Argentina hay demasiada superposición legal y eso complica el control de las antenas. “Nosotros queremos que el estado controle porque así debe ser, y eso nos exime de responsabilidades. Pero hay superposición de normativas en lo nacional y provincial, a lo que se suman otras municipales, que complican esa tarea”, dijo un vocero.
Hay posturas que remarcan que los municipios deberían ser los encargados de definir esta situación en cada ciudad. Pero en la mayoría de los casos, el problema es el desconocimiento absoluto del tema.
La CICOMRA reitera que en el caso de la Secretaría de Política Ambiental de la provincia está a punto de reformular la resolución 900/05 que es la que reglamenta la cuestión, porque “hay cosas que dice que no pueden cumplirse”. “La legislación nacional, de la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) es la que debería cumplirse. Si se cumple, no debería haber mayores inconvenientes”, ratifican desde la cámara.
A pesar de estos inconvenientes, las mediciones dan bien. “Nosotros medimos más de 13 ciudades en el término de los dos últimos años en diferentes puntos del país y se determinó que no hay riesgos”; dijo el mismo vocero.
La falta de una información clara parece ser el principal problema. Las empresas afectadas por las críticas dicen que sus antenas sólo emiten radiaciones que son no ionizantes y son las ionizantes las que pueden provocar problemas en la salud. Y recalcan que sin sus antenas “no hay servicio”, además de suponer que “la comunicación es un bien imprescindible para la vida y el desarrollo de los seres humanos”.
“Los celulares se han convertido en la forma de comunicación elegida por más de 2.000 millones de personas en el mundo. El uso de este servicio mejora la calidad de vida de las personas posibilitando oportunidades de desarrollo social y económico. Asimismo, contribuye a brindar seguridad personal y familiar”, agregan.

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