“Ni” al cobro de antigüedades en el HCD
El debate sobre la antigüedad de los Concejales brindó esta semana un nuevo capítulo. Asesoría de Gobierno Provincial envió una carta donde opina que no es procedente que cobren y recuerda que los ediles pueden renunciar a su dieta y que aun así cobrarían un ingreso nada despreciable. Para Trelles, hay “persecución política” y “Barbieri no está enterado”.
La Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires respondió las inquietudes elevadas por el Ejecutivo local ante la situación planteada por el pago de la bonificación por antigüedad a los Concejales.
Una reforma en el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades dispuso hacer efectivo el pago por antigüedad. Publicada en el Boletín Oficial de Enero, su pago será retroactivo a ese mes, cuando comience a realizarse.
En la Municipalidad habían informado que sólo dos Concejales enviaron la información sobre su antigüedad y esperaban un pedido formal por parte de quienes quisieran acogerse a ese beneficio.
Desde el Ejecutivo solicitaron información a la Asesoría General de Gobierno sobre tres puntos: la posibilidad de que los Concejales renuncien al beneficio; cómo se compatibiliza la mayor erogación que debe afrontar el Municipio con el equilibrio presupuestario; y si existe algún tipo de restricción para el pago cuando el Concejal esté cumpliendo simultáneamente otra actividad pública.
El texto —con fecha 13 de Mayo de 2009 y que se dio a conocer en el Orden del Día de la última sesión del Honorable Concejo Deliberante— destaca que “de la lectura de lo dispuesto por el artículo 92 (de la Ley Orgánica de las Municipalidades), se desprende la posibilidad del Concejal de renunciar a la dieta”. La renuncia abarcaría toda la dieta, pero el edil tendrá la posibilidad de requerir por gastos inherentes a la función —que será no remunerativo— el equivalente a dos terceras partes de lo que le hubiere correspondido. En números, esto es: de 4.300 pesos de bolsillo que en promedio perciben, podrían cobrar un compensatorio no remunerativo de casi 3.000 pesos.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia se expidió en Marzo de este año, comunicándole a Presidencia del Concejo que debía abonar lo correspondiente a antigüedad. El Ejecutivo solicitó a ese Tribunal un nuevo dictamen que, dicen, aún no llegó. Si el presupuesto del Concejo no contempla esa erogación, es el Ejecutivo el que debe afrontarlo.
Respecto a la situación de aquellos que cobran antigüedad por otros empleos en dependencias públicas, el escrito indica que “no resultaría procedente que por los mismos años de labor prestados en la administración pública puedan percibirse bonificaciones similares en tal concepto”, argumentado desde el “principio general de incompatibilidad dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Provincial” que admite como única excepción a médicos y docentes, que perciben antigüedad por cada cargo que trabajen.
La misiva enviada por Asesoría General responde a lo solicitado por el Gobierno local, pero se cuida de aclarar que se lo hace “en el marco de colaboración habitualmente ofrecido a las Municipalidades”, y que la suya es “una opinión más, no vinculante”.
La situación pone en debate una vez más el planteo por los ingresos que percibe un Concejal por su labor de representante del pueblo. Sí está claro que la existencia de una remuneración es una necesidad porque de otra manera sólo podrían ejercer ese cargo quienes tengan resuelta su situación económica. Pero es necesario recordar que los propios Concejales son quienes deciden a cuánto asciende esa suma, pudiendo decidir si cobrar como un empleado municipal cualquiera o tres veces y media esa suma. En San Pedro, la última opción es la que prima y a ninguno se le ocurrió plantear la posibilidad de reducir la dieta o adscribirse al derecho de cobrar compensatorios no remunerativos. Hay que recordar que el costo mensual de cada edil asciende a alrededor de 7.000 pesos si se toman en cuenta aportes, contribuciones y otras erogaciones inherentes a la función.
“Hay persecución política”
Rodolfo Trelles, uno de los Concejales con mayor antigüedad (once años) en el Concejo y en la docencia (29 años) considera que el texto que el Secretario Vellón remitió al Concejo en la última sesión es parte de “una cuestión política” del oficialismo. “Vellón dice que eso es un dictamen y es apenas una opinión no vinculante”, expresó Trelles y
agregó: “Lo que sí es un dictamen es lo que mandó en Marzo el Tribunal de Cuentas”. “Hay persecución política”, arriesgó el Concejal del bloque Justicialista y recordó que “Presidencia del Concejo ordenó pagar” tras el dictamen del Tribunal y que “Quien debe hacerlo, el Ejecutivo, incumplió y no lo hizo”. “Para mí, Barbieri no está enterado de cómo se está manejando esto”, opinó el edil y agregó: “Es un capricho de Vellón, que arrastra al resto”. En el texto, el “Primer Ministro” escribe que esperan la recepción del dictamen. Para Trelles, todos los Concejales deberían estar cobrando ya la antigüedad que les corresponde, pues el Tribunal de Cuentas sólo podrá decirle al Ejecutivo lo mismo que a Presidencia del Concejo en su momento. Hasta ahora, la antigüedad cobrada corresponde sólo a un mes y no al retroactivo que indica la legislación vigente.
Otro cachetazo para los contribuyentes que siguen la “novela de las dietas” con la indignación propia de aquél que cada vez tiene más dificultades para solventar los gastos de sus “representantes”. De cara al 28 de Junio los candidatos siguen sin definir qué harán cuando asuman.