Negocios inmobiliarios en la trama de una causa por secuestro
El reconocido empresario baraderense Carlos Suriani está vinculado a una causa federal en la que fue denunciado como instigador de la demolición de una vivienda y el secuestro de una mujer y su nieto en octubre pasado. Quienes habitan el barrio con mejor vista al río saben que la codicia fue la llave de todos los males.
Desde el pasado 19 de octubre el reconocido empresario baraderense con negocios en San Pedro Carlos Suriani se vio involucrado en una causa federal que le ha traído varios dolores de cabeza. Ese día se produjo un confuso episodio en el que una mujer de 42 años y su pequeño nieto, de 9, fueron víctimas de un ataque desmedido por un grupo de personas y una supuesta privación ilegítima de la libertad, según relató la mujer identificada como María Pérez.
El hecho se produjo en una vivienda de Boulevard Paraná 725 y, al parecer, el trasfondo de esta historia tiene que ver con la posesión de las tierras y los turbios negocios inmobiliarios que se han tejido durante los últimos años en nuestra ciudad, y cuya trama tiene lugar también en esa zona, que debido a la transformación producida por la creación del Nuevo Boulevard se revalorizó escandalosamente abriendo una sucesión de especulaciones cuyos detalles apabullan.
María Pérez indicó que la casa en que habita fue canjeada por otra que tenía en el barrio Futuro y asegura contar con documentos que le permitirían certificar sus derechos posesorios.
Lo que involucra directamente al empresario propietario de los tomógrafos de San Pedro y Baradero es la denuncia de Pérez, quien lo sindica como el instigador, el ideólogo del ataque que terminó con el derrumbe de buena parte de su precaria vivienda y la privación de su libertad.
La mujer aseveró en sus denuncias –efectuadas ante la comisaria local, la Fiscalía de nuestra ciudad y el Ministerio Público Fiscal en San Nicolás– que fue obligada a subir a una camioneta para ser trasladada hasta llegar a inmediaciones de la Ruta 9 junto a su nieto. Luego de unos minutos regresaron y al arribar a la casa se encontró con la demolición, provocada por las personas que se habían quedado allí, quienes tiraron las paredes en cuestión de segundos. Pérez realizó la denuncia inmediatamente, cerca de las 4 de la mañana del 19 de octubre.
Al día siguiente, la policía detuvo a cuatro personas vinculadas al hecho. Todas son oriundas de Baradero, coincidentemente del mismo lugar donde habita Carlos Suriani, quien proviene de otra provincia argentina y está casado con una baraderense cuya familia es reconocida en esa ciudad.
En esa oportunidad se inició una causa por daños investigada por el Fiscal Darío Giagnorio y a las pocas horas los detenidos recuperaron la libertad por una medida adoptada por el Tribunal de Garantías actuante.
Mientras tanto, en su momento, el Fiscal Federal Juan Patricio Murray ordenó distintas diligencias a la Prefectura San Pedro, por otra causa vinculada al hecho y que tiene que ver con la privación ilegítima de la libertad de Pérez y su nieto.
De todos modos, aun hoy existen algunos cuestionamientos con respecto a los tiempos de la Justicia. En aquel momento, si las cuatro personas que fueron detenidas al día siguiente del hecho hubieran quedado a disposición de la Justicia, quizás los pasos se habrían acelerado. Pero en su oportunidad fueron liberados por tratarse sólo de una causa tramitada ante los tribunales ordinarios por “daños”. Semejante error en la calificación no parece casualidad.
“No tiene pedido de captura”
La causa se ha movilizado notablemente en la última semana. En realidad, desde que se produjo el hecho en la vivienda de Boulevard Paraná se inició una silenciosa investigación que incluye testimonios y escuchas telefónicas. Lo particular del caso es que durante los últimos días se han registrado distintos allanamientos y operativos y existieron diversas versiones sobre cuál es la verdadera situación del empresario.
El propio Fiscal Federal Juan Patricio Murray aseguró a La Opinión que el pasado viernes se impuso el secreto de sumario por diez días, aunque adelantó que pesan órdenes de captura por una causa caratulada como “Privación Ilegítima de la Libertad Coactiva”, pero no dio detalles acerca de los nombres a quienes se dirigen. De todas maneras, el Fiscal Federal está de licencia desde el mismo viernes y es la Dra. María Marta Boggio quien se hizo cargo de la causa mientras dure el receso de Murray.
Fuentes allegadas a los pasos judiciales confirmaron a La Opinión que si bien es cierto que se han librado distintos pedidos de captura, no involucrarían a Suriani sino a quienes habrían participado de la “privación de la libertad”. Con respecto al baraderense, se trata de establecer si en realidad ha sido el instigador, tal como lo denunció Pérez, y si es real que él mismo fue quien mandó a las personas a demoler su casa. Varios vecinos indican que Suriani es el propietario de varios predios en esa zona y que se ha valido de distintos métodos para la compra de posesiones.
La semana pasada se efectuaron distintos allanamientos en la ciudad de Baradero, entre ellos, uno en la casa de Suriani, ubicada en San Martín al 600 de la vecina localidad, sobre la bajada principal hacia la zona de la costa, uno de los lugares residenciales privilegiados de la Ciudad del Encuentro. Suriani no se encontraba en la casa –algunos vecinos aseguran que lo vieron salir con bolsos unos días antes del allanamiento– y fue su esposa, Jefa del Registro Automotor de Baradero, quien abrió las puertas a la fuerza pública que le inquirió la tarea cuando se encontraba cenando con su familia en otro lugar.
La Prefectura estuvo a cargo del operativo y se secuestraron elementos que podrían ser determinantes para la causa. Los allanamientos se efectuaron entre las 21.00 y las 00.00 del pasado jueves. Uno en la vivienda de Bajada San Martín, otro en calle Joaquín V. González y el restante en una casa de la calle Medrano. Tras las tareas, una persona quedó detenida en el marco de las investigaciones.
Eximición de prisión
Sobre las primeras horas de ayer se conoció la noticia acerca de un pedido formal que efectuó el propio empresario Carlos Suriani, solicitando a la Justicia la eximición de prisión para presentarse espontáneamente ante el Poder Judicial y así prestar declaración con la certeza de que no quedará detenido en el marco de la causa en la que se ve involucrado.
Lo cierto es que durante estos días han surgido distintas hipótesis y versiones sobre cuál es el verdadero motivo de lo que está sucediendo con respecto a la propiedad en cuestión. Si bien se lo señala al empresario, se dice que “otra vez” –siempre el mismo– habría algún que otro funcionario municipal avalando lo sucedido. Aseguran por allí que habría vinculaciones con algunas personas de muy buenas conexiones que habrían estado también interesadas en el tema y en la averiguación acerca de “cómo estaban de papeles” esos terrenos.
Hasta ahora, los caminos de la Justicia corren por las decisiones del Fiscal Murray, que tomó rápidamente la causa y realizó un trabajo silencioso en busca de elementos que permitan llegar hasta la detención de quienes participaron del secuestro que denunció María Pérez.
Suriani estaría en la zona de Chacabuco, donde también tiene negocios y, como se dijo, estaría dispuesto a “colaborar” con la Justicia en la medida en que le garanticen que permanecerá en libertad, lo que da cuentas de que la posibilidad de que sea detenido podrían existir.
María Pérez había denunciado en otra oportunidad que se sentía amenazada por personas que estaban detrás de la propiedad en la que vive en la zona de barrancas, con vista al río, en un espacio privilegiado y con un valor inmobiliario incalculable.