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jueves, septiembre 23, 2021
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NCA decidió no avanzar en la cesión al Municipio de terrenos del Ferrocarril que están usurpados

La empresa informó al Gobierno local que hay posibilidades de que el ramal Zárate-Rosario quede en manos del Estado próximamente y se suspendieron las cesiones. "El municipio va a optar por tratar de ordenar y que la gente tenga algún acceso a los servicios y a las comodidades", dijo Javier Silva.

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Nuevo Central Argentino (NCA) informó a la Municipalidad que no avanzará en la cesión de los terrenos del Ferrocarril que están ocupados por asentamientos precarios irregulares porque está en tratativas con el Ministerio de Transporte de la Nación para desafectar el ramal Zárate-Rosario y devolverlos al Estado para que los usufructúe a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

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La empresa explicó que mientras se extiendan esas tratativas con el Gobierno nacional, no avanzará en cesiones de predios que están bajo su poder. En caso de que no se concrete la devolución de los inmuebles al Estado, se reanudará el trámite con el Municipio.

La respuesta de la empresa surgió ante la consulta del Gobierno municipal a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Planeamiento, que procura intervenir en la situación derivada de las usurpaciones en la zona, que implican además una constante compraventa de lotes de manera irregular.

La semana pasada en Radio Cuarentena el secretario del área, Javier Silva, se refirió a las usurpaciones de esos terrenos y de los de los ciudadanos de origen chino que construyen la nueva terminal de ómnibus en avenida 11 de Septiembre , que son administrados por una inmobiliaria local y sufren la misma situación de toma irregular.

“Tenemos dos problemáticas. Lo que hice fue tomar contacto con NCA y enviarles fotografías para que tome cartas en el asunto y, por el otro lado, lo mismo con la inmobiliaria. Tomamos contacto con los vecinos también para advertirles de la situación”, señaló

“Tenemos el mismo problema con un barrio aledaño que es La Providencia, porque están tirando basura y la prenden fuego. Tenemos una serie de problemas bastante serios aparte de los de seguridad”, agregó.

Respecto de una solución, el funcionario precisó: “En el ámbito privado tendría que correr un acuerdo entre los vecinos y el dueño del predio o una medida judicial si lo dispusiera. De eso ya están al tanto los dueños del campo. Por el otro lado, NCA está pronto a hacer un relevamiento”.

“El municipio no tiene poder de intervención sobre un terreno que no es de él. En un caso es privado y del otro caso pertenece al Estado y está siendo concesionado por NCA”, indicó Silva.

“Ante la problemática que existe, y que en algún momento va a haber que darle algún punto final más allá de la decisión que pueda tomar el Gobierno nacional o el privado, el Municipio va a optar por tratar de ordenar y de que alguna manera la gente tenga algún acceso a los servicios y a las comodidades”, agregó.

Silva dejó en claro que un “ordenamiento” es posible si las personas que están ocupando los terrenos, las cuáles algunas los compraron a precios muy bajos, ceden.

En ese sentido, explicó: “Desde lo legal, alternativas vamos a tener. Estamos trabajado con un proyecto que se llama Barrios Populares de Nación que lo que tiene primeramente es una serie de obras en la infraestructura y después hay intervenciones intra lotes para luz, agua y cloaca. De eso se ocupa el plan. También estamos con unos proyectos de intervención de La Tosquera y en Las Canaletas y en varios barrios que ellos nos fueron marcando, hasta se puede llegar a aplicar un plan de esos en la zona”.

El secretario admitió que “cualquier solución” que se le de a la cuestión “es un parche” porque “nació mal” debido a la “necesidad de la gente por la carencia de oportunidades de obtener un techo”. “A nadie le gusta vivir usurpando en un lugar, mas allá de algún negocio que como vos decís que algunos vivos siempre lo terminan haciendo”, aseguró.

“Yo le llamo la teoría del hecho consumado. Una vez que se toma un terreno o lo compran a 30-35 mil pesos, tenemos un problema. Ese problema se pretende que el Municipio lo termine solucionando y hay muchas veces que no tiene las herramientas para hacerlo de una manera correcta y termina siendo un parche. Por supuesto que el Estado está para eso, pero es muy difícil llegar con una respuesta y una solución verdadera”, cerró.

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