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San Pedro
domingo, abril 11, 2021

Muchas obras y poco permiso

En la ciudad, sobre todo en la zona costera, hay obras públicas y emprendimientos privados que se construyeron sin haber obtenido el certificado de declaración de impacto ambiental obligatorio. Un repaso por el listado del Opds da cuentas de que son pocos los que van a ese organismo a pedir la autorización que corresponde.

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En los últimos dos años, San Pedro asistió a una multiplicidad de obras que mejoraron en muchos aspectos espacios públicos para el disfrute de todos y todas. Además, acciones privadas también modificaron sectores con emprendimientos que tienen un aspecto positivo y que redundan en puestos de trabajo.

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Sin embargo, no todo se hizo como marca la legislación vigente. Especialmente en materia ambiental, muchos proyectos soslayaron el mandato legal de solicitar la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental que otorga la Provincia a través del Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds), autoridad en la materia en el territorio bonaerense.

En gestiones anteriores, muchos de los que hoy forman parte del gobierno de Cecilio Salazar ponían el grito en el cielo por la falta de Estudio de Impacto Ambiental.

En los últimos dos años, su silencio contribuyó a que muchas obras se desarrollaran sin cumplir con ese requisito de ley que no es solamente un capricho formal sino una manera de evitar consecuencias futuras respecto de la casa de todos.

Los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental por parte de la autoridad competente son aquellos que corresponden, entre otros, generación, transporte y transformación de energía; sistemas de saneamiento y agua potable; localización de parques y complejos logísticos; exploración y explotación de hidrocarburos y minerales; construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos, etc.; construcción de embalses, presas y diques; dragados y obras costeras; construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos; aprovechamientos forestales de bosques naturales e implantados; producción intensiva de animales; plantas de tratamiento y disposición final de residuos; obras o actividades en áreas de interés ambiental.

La ley general de ambiente que rige a nivel nacional también es clarísima: “Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”.

Un repaso por lo que está

Como se puede apreciar en el listado no exhaustivo consignado en el párrafo anterior, muchas de las obras que en los últimos dos años se vieron en San Pedro necesitaron de la declaración de impacto ambiental por parte del Opds que prevé la ley vigente.

Sin embargo, como se verá, son pocas las que aparecen consignadas en el listado oficial de ese organismo e incluso hay muchas que tienen pendiente la aprobación, por lo que se entiende que deberían esperar ese visto bueno para que se pongan en marcha.

Aunque suene extraño, en esa nómina aparecen apenas nueve proyectos. Seis están aprobados y tres en proceso de evaluación.

Los que cuentan con la declaración de la autoridad ambiental provincial son la pavimentación de la calle de acceso al puerto por calle 3 de Febrero hasta Costanera, con fecha 2011; el monumento del artista Rogelio Polesello instalado en la Reserva de Vuelta de Obligado (2010); la renovación de las vías desde Río Tala a Gobernador castro y la de la misma obra en el tramo que va desde esa última localidad hasta Ramallo (ambas de 2014); la readecuación estructural y renovación pavimento de Espigón Nº1 – Puerto San Pedro, proyecto para las mejoras estructurales necesarias para permitir la operación de una grúa móvil (2013); la construcción de un ramal para la alimentación con gas natural de Pueblo Doyle y Santa Lucía y sus respectivas redes de distribución (2011).

En “proceso de evaluación” se encuentran los estudios de impacto ambiental presentados por Coopser para una nueva estación transformadora; la instalación de un gasoducto de 5560m de ocho pulgadas de diámetro para alimentar a la futura Central Térmica, que incluye la instalación de una Estación de Separación, Odorización y Medición en alta presión, presentado por Araucaria Energy S. A.; y la construcción de la propia central termoeléctrica equipada con generadores para operar con fuel oil o diesel. Las últimas dos están en marcha, aun sin el visto bueno del Opds.
 

“Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Ley General de Ambiente.

Lo que se olvidaron

El repaso por el listado del tipo de obras que necesitan estudio de impacto ambiental obliga a mirar con atención mucho de lo que está hecho o en marcha en los últimos años, sobre todo lo que tiene que ver con la costa, un lugar privilegiado donde cada intervención modifica el paisaje original y debe hacerse no sólo con sumo cuidado sino, sobre todo, con celo respecto de las leyes, que fueron sancionadas con el objetivo de proteger el bien común.

Comenzando el recorrido en Vuelta de Obligado, uno de los temas más relevantes fue la famosa antena que sí y que no. El Ministerio de Seguridad de la Nación, nada menos, contrató a una empresa para instalarla. No pidió permiso a las autoridades locales ni cumplió con el paso de presentación de estudio de impacto ambiental (en adelante EIA) obligatorio, sobre todo teniendo en cuenta que pretendía montar una torre de 96 metros en la Reserva natural e histórica y en el preciso lugar donde se desarrolló la batalla por la Soberanía Nacional, donde están en marcha excavaciones científicas desde hace casi dos décadas. Como si fuera poco, luego de que el gobierno obligara a desmantelar las bases de hormigón que habían dispuesto, fueron con máquinas excavadoras a, otra vez, violentar el paisaje natural.

En Vuelta de Obligado también estuvo en marcha una obra importante para reemplazar el aliviador que cedió cuando creció el arroyo por las lluvias y en cuyo proceso fallecieron dos jóvenes que se accidentaron en moto una noche en la que la señalización no era la mejor.

Hacia San Pedro, hay zonas del camino Juan Ismael Giménez donde pueden apreciarse portones que impiden el acceso a la costa, alambrados, endicamientos y terraplenes.

El Gobierno local logró aprobar un importante proyecto de mejoras para la costanera, que incluye la repavimentación de toda la avenida, la contención de la barranca, la peatonalización de 11 de Septiembre y su prolongación hacia el interior del exbalneario.

El año pasado rellenaron la zona del humedal, donde termina el Paseo Público y comienza el riacho, a metros de canal clandestino que abrió el club Náutico y que la Dirección de Hidráulica ordenó cerrar, sin que le hicieran caso. Ese relleno, al igual que el que hicieron hace poco con restos de poda en el Pasillo Público II –hoy convertido en privilegiado patio de un carribar privado mientras el proyecto de Reserva Natural presentado en 2012 duerme en las comisiones, que cada tanto lo desempolvan apenas si por las dudas–, no puede hacerse sin EIA.

Tampoco puede hacerse la obra que comenzaron la semana pasada en el piletón del exbalneario, que será tapado para siempre con arena para que por allí pase la continuación de la avenida 11 de Septiembre.

Por cierto, sin EIA tampoco podían sacar los árboles del Paseo que quedaron muy afectados tras la última creciente.

Como puede apreciarse hasta ahora, muchas de las obras son necesarias y hasta merecen ser aplaudidas. Pero no cumplieron con la ley.

La escalera de cemento con que reemplazaron la de durmientes en la continuidad simbólica de calle Mitre tampoco aparece con EIA aprobado ni presentado. Menos aún el escandaloso carribar montado al final, que menos que un carro que oficia de expendio de comidas es un bar hecho y derecho en un sitio privilegiado, montado sobre cemento, con un deck que impide su traslado y hasta con una explanada de piedras y cemento que dispusieron para colocar las mesas.

Más allá, el Náutico no sólo abrió un canal sino que cerró otro y sigue tomando posesión de una isla que le pertenece a todos los sampedrinos. En la calle se ven pequeñas murallas de cemento que el Howard Johnson construyó para contener al agua y que impiden que escurra desde la repavimentada avenida.

Quien siga por la costa hacia el puerto verá cabañas, guarderías naúticas y areneras fundadas hace poco que tampoco aparecen con EIA aprobado o presentado.

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