Mermelada en recuperación

La fábrica recuperada Alimentaria San Pedro, ubicada en Depietri 420, comienza a dar un paso más hacia la autonomía. Con 106.000 pesos que entregó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el proyecto de mermeladas que presentaran desde esta cooperativa, a partir del mes que viene se podrá ver en las góndolas los potes de la marca “Blasón”, la propia de los miembros del proyecto Alimentaria.
El subsidio fue entregado antes de las elecciones, en una visita oficial del Ministerio que trajo al Viceministro Carlos Castagneto —Alicia Kirchner no había podido venir por circunstancias familiares— a San Pedro, donde los trabajadores que tomaron el control de la fábrica quebrada recibieron el dinero, que invirtieron en una envasadora y una bomba lobular para la extracción de pulpa.
Alimentaria San Pedro es el nombre de la cooperativa que diez trabajadores crearon para continuar funcionando en la quebrada Alimentaria S. A., que inauguró el por entonces Gobernador Duhalde y cuyo dueño era Alfonso Fojo. En 2002 entró en quiebra y los trabajadores pidieron a la sindicatura que los dejara seguir trabajando, propuesta que fue rechazada. Así comenzó la historia de la recuperación.
Un 17 de Octubre, los trabajadores ingresaron a la fábrica y comenzaron la batalla legal por la expropiación. La noche del 13 de Noviembre, un día antes de la fecha de remate, la Ley 13.130 expropió la fábrica y puso la gestión en manos de sus trabajadores. Una nueva ley les extendió el permiso de 2005 hasta 2012.
Hoy son dieciséis los socios que conforman la cooperativa. “Por suerte, en un año hemos podido sumar a cinco jóvenes al proyecto”, explicaron los miembros más antiguos.
Cuando inauguraron en Mayo del año pasado —tras un acto que ninguna autoridad quiso perderse—, la producción ascendía a unas 17.000 barras de dulce para la empresa entrerriana Frutafiel y unas 500 propias. En la actualidad, producen 30.000 barras para Frutafiel, 5.000 para el sampedrino Scarfó y 8.000 propias. Además, produjeron 10.000 latas de dulce de arándanos para Marítima Heinlen, cosa que repetirán a partir de Octubre próximo.
Desde 2003 a la fecha, Alimentaria San Pedro recibió subsidios por casi 400.000 pesos, desde Nación y Provincia. “Ese dinero nos permitió arreglar techos, paredes, motores, pasar la caldera de fuel oil a gas, comprar elementos para el laboratorio, maquinarias”, explicó Raúl Canabal, Presidente de la Cooperativa. “Cuando quisimos acordar, nos habíamos quedado sin plata para producir, menos mal que apareció Frutafiel, que vino a ver la fábrica y nos dijo que sí”, relató.
“La gente por ahí dice ‘eh, a estos siempre le dan’, pero hay que ver que todo está invertido acá, que hay una fábrica recuperada por sus trabajadores en funcionamiento”, señala uno de los cooperativistas. Otro, con las manos en las batatas, agrega: “Ahora ya hemos rechazado cinco propuestas de trabajo à façon —modalidad de manufactura para terceros, en la que el cliente adelanta el capital para la adquisición de materia prima—, por la falta de capacidad de producción; además queremos ir viendo la posibilidad de dejar de depender de terceros para darle más importancia a la producción propia”.
El 30 por ciento de los ingresos por la producción se reinvierte en la planta y el 70 por ciento restante se reparte entre los socios. “Ahora podemos decir que vivimos de nuestro trabajo”, comentó un miembro. “Por suerte —agregó otro—, después de todo el sacrificio del principio, cuando agarrábamos por ahí una changa y nuestras mujeres se pusieron la casa al hombro mientras nosotros no le aflojábamos a esta posibilidad”.

Sin patrón
en el limbo jurídico
El Movimiento de Fábricas recuperadas creció luego de que las vicisitudes propias del neoliberalismo explotaran en Diciembre de 2001. Cientos de empresas, vaciadas por sus propios dueños a costa de magros sueldos pagados en cuentagotas, quebraron y dejaron en la calle a miles de trabajadores que engrosaron la estadística que señalaba el mayor número de desocupados de la historia del país.
Los trabajadores, empujados tal vez por la certeza de no encontrar otro trabajo, se miraron las manos y notaron que eran las mismas que habían hecho funcionar la empresa hasta la quiebra. Decidieron entonces ponerlas a trabajar para recuperar el funcionamiento de las fábricas, se quedaron en las unidades productivas, dispuestos a ponerlas en funcionamiento, bajo la consigna “ocupar y producir”, sabiéndose los acreedores más importantes de la quiebra.
“La diferencia está en que nosotros sabíamos hacer bien el trabajo y además nos capacitamos continuamente, especialmente en la parte de comercialización y marketing, que era algo que no habíamos hecho nunca”, dijeron en Alimentaria.
“El movimiento de fábricas recuperadas se disgregó un poco, nosotros pertenecemos a la Federación de Cooperativas de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. En el movimiento hay a veces disputas por quiénes son las caras visibles, y esas peleas mezquinas no favorecen”, explicó uno de los miembros que más experiencia tiene en foros y encuentros.
Las fábricas recuperadas funcionan bajo la gestión de una cooperativa de trabajo. Esto no es casualidad y se llegó luego de algunos errores que costaron muy caro el sueño de recuperar las fuentes de trabajo. Al principio, los trabajadores luchaban por el traspaso a su nombre de la firma quebrada, lo que les entregaba no sólo la propiedad de la empresa sino también sus deudas.
La primera gran mala experiencia fue la del frigorífico Yaguané, que vació el procesado por estafas al fisco Alberto Samid y que llegó a ser el que más facturaba por exportación de carnes, mientras los empleados apenas ganaban para comer. Cuando quebró, sus obreros lograron obtener la titularidad; junto con ella, heredaron millonarias deudas que estaban obligados a pagar.
Para evitar estas situaciones, los trabajadores se ampararon en la creación de cooperativas de trabajo, que se harían cargo de recuperar la producción de la fábrica en cuestión, pero no de las deudas que el antiguo dueño había dejado. Además, tienen la ventaja de no necesitar más que seis trabajadores y un aporte mínimo —el diez por ciento del salario mínimo, vital y móvil cada uno— y reconocen al trabajo como capital suficiente.
Los miembros de una fábrica recuperada son, entonces, monotributistas, cada uno de ellos. Además, la AFIP tiene serias complicaciones a la hora de encuadrar a este tipo de empresas.
“Toda fábrica recuperada sabe que su subsistencia depende de la legitimidad y los lazos sociales que logra construir”, dicen desde La Vaca, una cooperativa de periodistas dedicada a la investigación del fenómeno. Las cooperativas de trabajo sufren una historia signada de idas y vueltas, de empresas disfrazadas bajo su nombre y de burócratas que han hecho de la gestión igualitaria un recuerdo en páginas de estatutos que nadie respeta.
“Ser una cooperativa, en lugar de abrir puertas hace que la gente frunza la nariz; lamentablemente sobran ejemplos de cooperativas que son empresas disfrazadas. Acá somos un grupo que decide, en asamblea; cuando nos equivocamos lo asumimos todos y cuando nos sale bien nos felicitamos entre todos”, explicaron desde Alimentaria.
Las cooperativas de trabajadores que recuperaron las fábricas que sus antiguos dueños quebraron también sufren a la hora de gestionar los proyectos que se proponen: “Al que trabaja nunca le solucionan los problemas. Es muy difícil obtener un crédito, si va un empresario todo bien, pero las cooperativas de trabajo están mal vistas, no tienen una ley bien definida, no saben dónde encuadrarnos” relatan. “No tenemos acceso al crédito, nos piden un margen de ganancias que es imposible para una producción como la nuestra, que apenas alcanza para reinvertir un poco y repartir para mantener nuestras familias. Somos todos monotributistas, un despelote. Hay un plan en el Banco Provincia que se llama fuerza solidaria, estuvimos viendo, pero nos piden cosas que las cooperativas de trabajo y las pymes no podemos cumplir y se la llevan los grandes de siempre”, se quejaron los trabajadores.
Todas las empresas recuperadas por sus trabajadores y las organizaciones que las nuclean aguardan una ley nacional de expropiación que les otorgue la propiedad de la unidad en la que trabajan. En el caso de Alimentaria, la ley que les cedió la gestión vence en 2012, con posibilidad de compra. Esperan poder reunir antes de esa fecha los 300.000 pesos en que está valuado el terreno donde se emplaza la fábrica.