Maxiconsumo necesita una excepción para operar en la ex Tupper

En septiembre pasado la
empresa Maxiconsumo S. A. ad-quirió a Depot el parque logístico que esa sociedad de capitales chi- nos poseía sobre la Ruta 1001, don- de funcionaba la fábrica Tupperware.
En ese momento había trascendido que la intención de la firma era disponer allí un centro de distribución y logística, aunque ahora elevaron una nota al Concejo Deliberante en la que hablan de un hipermercado para “ventas mayoristas y minoristas de comestibles y no comestibles, perfumería, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, y vinos”.
Así lo expresan en el texto que ingresó al cuerpo deliberativo con un pedido de “resolución favorable al cambio de zona” para habilitar el rubro, ya que tanto la ordenanza San Pedro 2000 como la de superficies comerciales impiden el desarrollo del proyecto.
La carta dirigida al Presidente del Concejo Deliberante Sergio Rosa señala que el lugar “es factible para habilitar depósitos” pero no para lo que tienen planeado desde Maxiconsumo. Por ello la empresa hizo una serie de consideraciones para poner al tanto a los concejales, a la espera de que haya algún tipo de movimiento legislativo que pueda favorecer su requisitoria.
Hablan allí de “una inversión considerable” –que según confiaron a La Opinión fuentes cercanas a la operación inmobiliaria rondaría los 3 millones de dólares– que creará “una fuente de trabajo para habitantes del partido,
ya sea comoempleados nuestros, o
también los que originan a pequeños fleteros y otras actividades que se acoplan al mercado”, según afirmaron desde el grupo mayorista.
La empresa enumera una serie de consideraciones que enarbola como “ventajas” para la ciudad que surgirán de la habilitación de su proyecto. Entre ellas dan cuenta de que los pequeños comerciantes minoristas tendrán aquí productos “de primera necesidad y o artículos de limpieza y perfumería”, sin tener que viajar o recurrir a comisionistas, lo que les comportaría “un ahorro de transporte”.
Maxiconsumo sostiene que con su emprendimiento “no se origina ninguna clase de molestias a vecinos del partido” y que “la carga y descarga de la mercadería se realiza en el interior” del predio.
“No se producen ninguna clase de residuos, ni líquidos ni sólidos, salvo los que se originan a raíz de la limpieza diaria y son retirados por el camión recolector o la compañía que se contrata para que retiren el mismo”, describen en el expediente.
Para que el proyecto pueda avanzar en ese sentido, Maxiconsumo tiene como escollo la legislación vigente respecto de la zonificación y la correspondiente a la habilitación de superficies comerciales.
Respecto a lo primero, se trata de la San Pedro 2000. En efecto, la ordenanza de uso y ocupación del suelo indica que la zona donde se encuentra la ex Tupperware es “industrial”. Por lo tanto, lo que necesita la empresa es ni más ni menos que una excepción, como tantas que se han realizado.
El problema es que el Concejo Deliberante tomó la decisión de no avanzar con excepción alguna a esa norma hasta tanto no se realice la modificación correspondiente, cuyo proceso comenzó con la creación del Consejo
Consultivo que estudia la conformación de un plan estratégico de desarrollo local.
En ese marco, algunos ediles decidieron avanzar y confiaban en que antes de diciembre haya un proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto, con el dictamen correspondiente.
La otra norma es la que homologó para San Pedro la ley provincial que establece límites a los hipermercados, conocida como “ley López”, ya que su impulsor fue el exdiputado sampedrino Germán López.
El texto de la ordenanza indica que aquellos locales comerciales cuya superficie cubierta total sea mayor a los 999 M2 “sólo podrán radicarse, instalarse y/o habilitarse en predios cuyos frentes den a la Ruta Nacional Nº 9, en toda su extensión dentro del Partido de San Pedro, y de igual modo sobre la ruta Provincial Nº 191, desde su intersección con la Ruta Nacional Nº 9 hasta el límite con el Partido de Arrecifes”.
Maxiconsumo pide a los ediles que “sepan comprender y dictaminen una resolución favorable al cambio de zona” y que “se resuelva en la brevedad posible”. El Concejal de la Coalición Cívica Matías Velo, uno de los impulsores de la reforma de la San Pedro 2000 desde que llegó al HCD en 2007, dijo a La Opinión que “mal podría estudiarse una excepción por una nota presentada por un particular” y recordó que para que tenga tratamiento legislativo, la iniciativa debe ingresar a través del Ejecutivo o de los ediles.
Por otra parte, recordó que la ordenanza de uso y ocupación de suelo está en vías de ser modificada, aunque señaló que “no sería descabellado que se puedan instalar en la Ruta 1001”. De todas maneras, dijo que “por una cuestión práctica, lo que deberían hacer es pasar por el Ejecutivo, para que los orienten sobre la viabilidad técnica de lo que quieren hacer”.

Ads

Un poco de memoria
Existen serios antecedentes para la comuna en cuanto a la entrega de certificados de “prefactibilidad” atados a operaciones inmobiliarias que han terminado en demanda. Uno de ellos y muy recordado es el que se otorgó a La Anónima –una cadena supermercadista de gran proyección en el sur del país– para instalarse en el terreno de los silos emplazados sobre la avenida 3 de Febrero, que fueron comprados luego a bajo precio en un remate y hoy aguardan un prometido barrio con financiación para personas que alquilan a raíz de una excepción en las dimensiones que aprobó el Concejo Deliberante.
En aquella oportunidad la prefactibilidad le permitía a una empresa sampedrina evitar una quiebra vendiendo sus tierras a los supermercadistas pero ante la oposición contundente del Centro de Comercio y varios ediles, la autorización para el comercio no llegó y así se cayó el boleto de compraventa. La empresa que fue a la quiebra entabló una demanda contra la administración de Mario Barbieri (sucedió durante un interinato que cubrió Alberto Pando) cuyos resultados hoy se desconocen.

Ads

Ads