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La semana pasada, una comunicación vía e-mail que habría salido desde la Dirección General de Cultura y Educación informó a referentes locales del área de políticas socioeducativas de los distritos de la zona que habían nombrado a un nueva coordinadora regional y que su nombre era Marta Perret. Sin embargo, 48 horas después, hubo marcha atrás en la designación.
La exsecretaria de Desarrollo Humano, asistente social con trayectoria en el ámbito educativo y activa integrante del grupo barbierista que bajo la presidencia del concejal Martín Pando coordina la Unión Cívica Radical local dentro de la alianza oficialista Cambiemos, había sido seleccionada por la Dirección de Políticas Socieducativas del Ministerio de Educación provincial para asumir la coordinación regional del área.
La directora Carolina Ruggiero —socióloga, de extracción radical y miembro del Iadepp que Pando representaba a nivel local— había dado el visto bueno a Perret, que luego de presentar sus antecedentes hasta cumplió con una serie de entrevistas relacionadas con la posibilidad de acceder al cargo, cuya designación suele tener un carácter más técnico que político.
Sin embargo, en la cartera que conduce Gabriel Sánchez Zinny —donde oficia como subsecretario administrativo con influencia política el sampedrino Diego Taurizano, amigo personal de Silvio Corti y excompañero de trabajo del edil del Pro Juan Pablo Ruozi— “algo pasó” y decidieron dar marcha atrás con el nombramiento.
Llamó la atención la manera en que se desarrolló la situación. La pertenencia activa a la UCR de la exfuncionaria barbierista le permitió saber que el cargo estaba vacante y postular su currículum. Tras las entrevistas, la designaron; sin embargo, luego le bajaron el pulgar y nadie sabe con exactitud qué pasó o quién tomó una decisión que, evidentemente, tiene un tufillo político que hizo ruido dentro de Cambiemos en San Pedro.
El e-mail con la novedad de que Marta Perret sería la nueva coordinadora regional de políticas socioeducativas llegó a los referentes locales del área de cada distrito y los responsables de los Centro de Actividades Juveniles (CAJ) y Centro de Actividades Infantiles (CAI), quienes luego fueron informados que había marcha atrás con la decisión.
