Manso inició actuaciones de oficio por el presunto pedido de un lechón por parte de una policía de la Patrulla Rural
Tras la acusación pública de un vecino identificado como Juan de Dios Lezcano, que aseguró que una mujer miembro del Comando de Prevención Rural le pidió un lechón para no secuestrarle la camioneta por carecer de la documentación correspondiente para circular, el fiscal decidió iniciar acciones de oficio para investigar el caso.
El lunes llegó a la redacción de La Opinión un peón rural identificado como Juan de Dios Lezcano, quien aseguró que el sábado a la noche fue abordado por personal del Comando de Prevención Rural en un camino ubicado detrás del aeroclub y que una mujer policía le pidió dádivas a cambio de no secuestrarle la camioneta.
A raíz de la publicación del testimonio por parte de La Opinión, el fiscal Marcelo Manso inició actuaciones de oficio para investigar el caso, que califica como exacciones ilegales, un delito tipificado en el Código Penal.
Lezcano contó que esa noche la camioneta en la que circulaba sufrió un desperfecto mecánico y que mientras intentaba repararlo llegó un móvil de la Patrulla Rural y le exigió la documentación correspondiente para circular.
El peón rural dijo que sólo tenía la tarjeta verde porque el vehículo se lo habían prestado para trabajar, por lo que los agentes le informaron que ello implicaba una infracción pasible de que el rodado sea secuestrado y trasladado al depósito municipal.
Lezcano aseguró que en el patrullero había dos personas, un hombre que conducía y una mujer que iba como acompañante, ambos efectivos del Comando de Prevención Rural, y acusó a la femenina de exigirle dádivas.
"'¿Esto cómo lo vamos a arreglar, Lezcano"', me dijo la chica. Yo le contesté 'no sé' y me dijo: ¿Tendrás un lechón?'. Si querés lechón, ponete las pilchas que yo tengo y vas a tener lechón, le dije", contó el denunciante y agregó: "'Ah, ¿lo arreglás así? Ahora te llamo a Inspección', me dijo. Entonces vino Burgos y me secuestró la camioneta".
El fiscal Manso dispuso iniciar actuaciones de oficio para conforma una instrucción penal preparatoria en procura de establecer si el relato de Lezcano tiene asidero. Para la investigación, deberá requerir información al Comando de Prevención Rural respecto de qué efectivos estaban en patrulla durante la medianoche del sábado.
El Codigo Penal define a las exacciones ilegales como el delito cometido por un funcionario público que en abuso de su posición y su cargo solicita o exige pagar o entregar una contribución o dádiva que no corresponde. La pena va de uno a cuatro años de prisión o de dos a seis si es agravada y prevé inhabilitaciones para el eventual condenado así como multas que van de dos a cinco veces el monto de la exacción.
