Manso define si imputa a Veiga y Arrieta por el “arenagate”
El Fiscal allanó la semana pasada las instalaciones del Consorcio y de las areneras que trabajan en el puerto, en el marco de la denuncia presentada por los representantes de los trabajadores en el Directorio. Secuestraron una gran cantidad de documentación para la investigación, cuya carátula es “administración fraudulenta”. Mariano Veiga no estuvo durante el procedimiento.
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El caso del “arenagate” avanza en la Justicia luego de que el jueves pasado el Fiscal Marcelo Manso encabezara un complejo procedimiento que comenzó pasadas las 12.00 y terminó alrededor de las 17.00. El allanamiento fue en las oficinas del Consorcio de Gestión del Puerto y en las areneras que trabajan en la órbita territorial del puerto público.
Con la asistencia de personal de Prefectura y todo el plantel de la Fiscalía, Manso se instaló en el Consorcio, cuyo presidente Mariano Veiga, denunciado junto al subgerente operativo Carlos Arrieta como los responsables de la presunta “administración fraudulenta”, no estaba presente. Apenas dio algunas instrucciones por teléfono para que la abogada Victoria Vitale y el resto de los empleados administrativos del organismo facilitaran la documentación contable requerida.
Al terminar el procedimiento, Manso le dijo a La Opinión que el paso siguiente es analizar lo incautado y evaluar la posibilidad de solicitar peritajes contables para la gran cantidad de papeles que se llevó del Consorcio.
En ese sentido, sostuvo que de ese análisis surgirá si la denuncia que presentaron los sindicalistas Matías Franco, de Fempinra, y Eliseo Almada, de Supa, tiene asidero, si se configura el delito sospechado y si los denunciados están en condiciones de ser imputados.
“En todos los delitos de índole económico existe una contabilidad paralela, en negro, nadie documenta los retornos y la subfacturación”, señaló luego en Sin Galera el Fiscal, que tiene experiencia en delitos complejos relacionados con corrupción en la administración pública.
Durante el allanamiento, el recorrido incluyó las oficinas de las areneras, donde en principio la colaboración no fue la que esperaban. En al menos una de ellas, hubo que insistir para que quien estaba a cargo pusiera a disposición lo necesario. De allí se llevaron planillas y actas que dan cuentas del movimiento de extracción y venta de arena.
El denominado “arenagate” explotó en septiembre pasado, cuando Franco y Almada anunciaron que habían detectado diferencias entre lo que figura en las planillas confeccionadas a mano, la información registrada en el sistema informático del Consorcio y la cantidad de camiones que puede observarse que salen a diario con arena de la zona portuaria.
En la documentación oficial –que es la informática, porque las planillas confeccionadas a mano las destruían “para cuidar el medioambiente”– señala que de las areneras que operan en el puerto el Consorcio recaudan alrededor de 30 mil pesos mensuales que surgen de un promedio de 20.500 toneladas removidas, contadas en 680 camiones que cargan 30 mil kilos cada uno.
Esos 680 camiones divididos por 26 días laborales al mes dan un promedio diario de 26 camiones. Cuando los trabajadores empezaron a contar la cantidad de transportistas que salían, el número fue muy distinto y el promedio pasó a triplicarse y hasta cuadruplicarse: 70, 73, 77, 100.
La sospecha que provocó la denuncia y que guía la investigación de Manso es que no se volcó al sistema la cantidad real de camiones que salen cargados con arena del puerto, que debe cobrar a las empresas un canon de 1,46 pesos por tonelada removida.
Es decir que si, como se procura establecer en la investigación, el Consorcio registraba apenas un tercio del total de arena removida, la recaudación perdida sería muy importante. Tanto, que la sospecha de corrupción y connivencia para evadir sobrevuela el caso.
