“Mano dura, controles blandos”, el editorial de Lilí Berardi en La Opinión impresa de esta semana
Tras el allanamiento en un supermercado chino de Santa Lucía en el marco de la causa que investiga una banda de piratas del asfalto que actuaba en la zona y que tiene como integrante acusado al exchofer del intendente, Lilí Berardi analiza en este editorial los controles "blandos" sobre determinados delitos cuyos responsables tienen una "prosperidad que se nota" pero a la que nadie parece llamarle la atención.
El pedido de mano dura que, por supuesto, nunca es literal, en tanto sirva como expresión de una Justicia sin recovecos, apunta de manera más que liviana al hurto o robo menor.
Cuando se trata de megabandas y organizaciones, la población es más indulgente. Cree que es más difícil que esa situación la dañe, porque los delincuentes son más preparados, menos crueles, cuentan con un lugar privilegiado en la sociedad, comparten café y cerveza en los bares, sus chicos estudian en las mismas escuelas que las de los empresarios o comerciantes y hasta suelen liderar barras de amigos entrañables o admirables de acuerdo al vehículo que conduzcan. Tienen parejas que, de acuerdo a la jerarquía que ocupen en la estructura, se “tiran todo encima”. Eso sí: en cada sector social en el que se mueven, su prosperidad se nota. Se nota mucho.
El colmo de la semana tuvo sede en Santa Lucía. Son pocos los que saben que allí, por orden del fiscal Hernán Granda, el personal de la DDI a cargo del comisario Horacio Sergio Ábalos allanó un supermercado chino y secuestró una impresionante cantidad de productos de la firma Unilever.
Esa línea de investigación, que se desprendió de la banda de piratas del asfalto desbaratada hace pocos semanas por que la quedó preso el exchofer del intendente, mostró resultados sorprendentes y conexiones inapelables. Cualquier santalucense pudo acceder al bronceador, el desodorante, la tintura, el shampoo o el dentífrico Close Up que se vendía sin mucho papelerío en las góndolas del comercio de Guan Zibin.
Ni AFIP ni ARBA ni los controles de seguridad en ruta detectaron anomalía alguna en ese camión que es el mismo y del mismo dueño que fue el pasado 8 de junio a cargar al galpón de la metalúrgica recuperada en Baradero que había alquilado el sobrino de Leonardo Macelli para enfriar la carga que ya tenían colocada en distintas bocas de expendio. El mismo vehículo con el que se llevó la mercadería hasta otro supermercado en la localidad de Moreno, en el Gran Buenos Aires, que también es de propiedad de Guan Zibin.
Parece que Guan Zibin y sus secuaces están sumamente apegados a la logística y la distribución. Cuando se acceda al cruce de todas las comunicaciones de los celulares secuestrados, es probable que algunos de nosotros miremos con mayor atención el detergente o el CIF para preguntarnos sobre su procedencia y trazabilidad.
Sucede que Guan Zibin tiene muchos supermercados y una buena porción de ellos tienen tramitada su habilitación en un domicilio de la calle Sarmiento al 1900. A veces, los precios que se publicitan son sorprendentes y los que trabajan o compran mercadería legal lo sufren y lo padecen. Mucho más lo padece el país.
En estas bandas hay de todo y, si el hilo no se corta, la población exige y la Justicia siente esa presión, la red podría tener su primer agujero importante.
Sólo en esta primera etapa se sabe que hay al menos un empresario, un chofer de camión, un exagente del servicio penitenciario y exchofer oficial del municipio. Si hay todo eso, hay mucho más: el galpón de una fábrica recuperada, el vehículo que participó en el robo, los que recibieron la mercadería en los locales comerciales sin ver ni un remito, los que aportaron los datos y los que ahora están empeñados en que desaparezca la lógica en la investigación que termine dando con algún pez gordo vinculado a miembros de alguna fuerza de seguridad con mucha experiencia en el rubro.
Por supuesto también están los estudios jurídicos que no aceptan en parte de pago ni la crema de afeitar. No es fácil para un agente fiscal enfrentarse con esta mafia, pero sí es imprescindible y necesario que la población esté alerta y adopte conductas defensivas, sobre todo en las poblaciones más pequeñas, cuando ve que un comerciante se funde trabajando y el otro se enriquece de manera mágica y misteriosa porque lo suyo no está en la tarea detrás del mostrador sino en cumplir sus horarios en el lugar que le ha asignado la banda o tan solo para financiar sus movimientos hasta que el botín vuelve con olor a aromatizador.
Pasado el allanamiento y secuestrada la mercadería, todo volvió a la normalidad en Santa Lucía. La gente murmura pero no grita porque teme que no haya escarmiento. Ni siquiera inspección de cargas y descargas en un acceso al pueblo que sólo soporta aquel que pueda arreglar una y otra vez su rodado.
Mejor que hacer conjeturas es hacer preguntas: quiénes son, desde cuándo operan, de quién o quiénes son amigos, con quienes se conectan, quiénes los defienden, quiénes les llevan la contabilidad o liquidan sus declaraciones juradas de impuestos, dónde hacen circular ese dinero negro, qué compran y dónde invierten, desde cuándo… y sobre todo: por qué San Pedro y Baradero son dos de los lugares elegidos.