Mamá me pega, ¿el Estado me protege?
La violencia y el maltrato infantil son moneda corriente en la ciudad. La semana pasada una vecina denunció en la UCEFF que sus vecinos golpean a diario a los hijos. En el organismo le informaron que sólo podían actuar ante una denuncia judicial. Luego de que la situación tomara estado público a través de los medios, resolvieron intervenir.
Los niños que sufren maltrato son innumerables e invisibles. Lo que pasa adentro de cada casa es un universo aparte que no siempre es posible escudriñar por parte de quienes tienen a su cargo velar por los derechos de quienes transitan la infancia.
Muchas veces son los anónimos vecinos quienes, hartos de escuchar el desgarrador grito de dolor de un niño maltratado, deciden denunciar a quienes puedan: los medios, la policía o los organismos correspondientes, la Unidad Central de Fortalecimiento Familiar (UCeFF) y el Servicio local de protección y promoción de los derechos del niño.
Las denuncias públicas y los casos históricos que tomaron conocimiento a través de los medios son graves y aberrantes. Desde padres que abusan de sus hijos e hijas hasta una madre que ataba a sus niños –de seis meses, dos y cinco años, uno discapacitado– en un galpón, pasando por el recordado caso de un hombre que mató a su hija de dos años a golpes porque la pequeña “se hacía pis”.
A su vez, existen casos menos graves pero no por ello menos importantes. El maltrato infantil es un flagelo que afecta silenciosamente a muchos niños de la ciudad. Muchas veces, son los propios vecinos quienes dan cuenta de estas situaciones al armarse de coraje y denunciar los hechos a la policía, los organismos municipales que el Estado mantiene para ello o a los medios de comunicación.
Cómo denunciar
Paulina Pehulpin, coordinadora de UCeFF, informó que tanto el organismo que ella coordina como el Servicio local pueden recibir denuncias al teléfono 422000, donde cualquier vecino puede llamar y dar a conocer situaciones de las que tenga conocimiento, sea de maltrato infantil o marital.
“Cuando alguien haga una denuncia no es necesario que nos de un nombre, pero sí algún dato certero que nos permita actuar, saber dónde dirigirnos”, explicó Pheulpin y agregó: “Actuamos cuando vienen a hacer una denuncia así, si hay menores en riesgo, actuamos sin denuncia y acompañamos. Sí se actúa de oficio e invitamos a que hagan denuncias”.
El caso de M.
Un mensaje recibido al contestador de La Radio denunciaba el viernes que una vecina de un barrio periférico maltrataba en demasía y cotidianamente a sus hijos. Quien envió el mensaje, aseguraba que había llamado a la Unidad Central de Fortalecimiento Familiar (UCeFF), organismo público que se ocupa de estos casos.
La Opinión reconstruyó el camino. M., una vecina de la zona de los barrios San Miguel y San Francisco, informó que su vecina, que vive pegada a su casa, golpea incesantemente a sus seis hijos de entre trece y un año. “Es imposible dormir, los matan a palos. Le pregunté al nene más grande y me dijo que les pegaba con un cinto; no saben las barbaridades que esa madre les dice a las chicas, ‘ojala que te mueras’, ‘te odio’ y otras cosas irrepetibles; la otra vez andaba uno con un parche en la cabeza, le había pegado con un fierro. Yo les golpeo en la pared para que paren, pero es terrible”, relató.
La vecina llamó a la UCeFF: “Me atendió una chica de nombre Florencia. Me dijo que no podían hacer nada, que tenía que hacer una denuncia judicial, que ellos sin oficio judicial no podían actuar. Me pedían datos de la familia, y yo no sé los nombres, pero les dí mi nombre y apellido, mi dirección y la de ellos. Como no sabía que más hacer, llamé a la radio”, informó.
Desde UCeFF y el Servicio Local del Menor no pudieron hablar el viernes con este medio, porque, según manifestó quien atiende los llamados en el 422000, estaban “reunidos” todos los miembros de esos organismos. Sí accedió, más tarde, el abogado del Servicio, Fernando Degiovanni, quien explicó lo mismo que “Florencia” le dijo por teléfono a M., y agregó que piden “más datos, porque una denuncia telefónica no es confiable”. El abogado se excusó de explicar el modo de intervención del organismo porque en el momento en que fue requerido se encontraba en el juzgado.
Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Humano Marta Perret se comunicó con La Opinión para estar al tanto de la situación y explicó que las modalidades de intervención en estos casos suele ser inmediata, teniendo los datos de la persona que denuncia. Así, la propia Perret realizó criteriosamente las gestiones para comunicarse con M., a quien informaron que la irían a visitar para que les narrara la situación y tomar cartas en el asunto. “Me llamaron y me dijeron que iban a venir. Menos mal, porque uno no sabe qué hacer, si vas a la policía qué te van a decir, que llames a la UCeFF; y llamo ahí y me dicen que vaya a la policía”, dijo.
Sobre sus vecinos, M., expresó que “son buenos vecinos, uno no tiene nada para decir sobre eso, pero el marido se va muy temprano a trabajar y a la señora le ataca, no sé, y se la agarra con esos pobres chicos. Por ahí necesitan un tratamiento, por eso llamé a la UCeFF”. La vecina habló una vez sobre el tema con el padre de la familia: “Le pregunté qué pasaba y me dijo que él le dice a la señora que no les pegue, pero que ella es muy nerviosa”, contó.
Hasta que Marta Perret en persona no actuó, la denuncia había caído en saco roto. El lunes, tres días después de que M. dejara preocupada su mensaje en el contestador, un automóvil bordó llegó hasta la casa de su vecina y permaneció allí algunas horas en la mañana. “Ojalá puedan ayudarlos”, suspiró M.
Servicio local
A partir de la promulgación de una Nueva Ley de la Infancia en la provincia de Buenos Aires se constituyó el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. En la Ordenanza Nº 5.745 del 11 de julio de 2008 consta que debe estar formado por profesionales como abogados, trabajadores sociales, psicólogos y médicos, entre otros, y que tiene como funciones principales ejecutar programas que puedan prevenir, asistir y proteger a los niños.
La ley establece que los cargos del Servicio Local tienen que ser necesariamente concursados. Sin embargo, Pheulpin afirmó que “se eligieron por curriculum”, es decir a criterio de quien leyó esos antecedentes y decidió que eran los más adecuados para la tarea, sin que se haya conocido públicamente la convocatoria para ocupar esos trabajos. Otros de los miembros pertenecen a la planta permanente de profesionales que trabajan en la Municipalidad.
En total son diez profesionales que cobran alrededor de 2.000 pesos cada uno, por seis horas diarias más las guardias de fin de semana: Gabriela Peña, psicóloga, coordinadora del servicio; Fernando Degiovanni, abogado; Andrés Chiarella, consultor psicológico; Florencia Álvarez, psicóloga; Darío Cejas, Trabajador Social; Sergio Ocampo, abogado; Mariel Leguizamón, trabajadora social; Cecilia Agulló, socióloga; Javier Aquino, médico pediatra que está afectado por Subsecretaría de Salud y no cobra aparte por el servicio; y Verónica Miranda, trabajadora social que está dos días, porque también trabaja en el hospital y sólo cobra por ello.
Hasta junio de este año, el Municipio recibió de la Provincia 48.144 pesos en concepto de Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, creado por la Ley 13.163, donde las autoridades, en el convenio con Provincia, se comprometen a asignar el 50 por ciento para proyectos que garanticen los derechos de la niñez. Esos proyectos son tan silenciosos como muchas de las problemáticas que deben atacar.
La Ley estableció la conformación de un Consejo Local de Organizaciones, que en nuestra ciudad tiene un mínimo grado de participación por parte de las entidades que podrían ser parte. Fernando De Giovanni, abogado miembro del Servicio Local, es Presidente de ese organismo, a pesar de que tiene como una de sus funciones ser el contralor del Servicio Local, lo que determina, al menos, una incompatibilidad ética. De Giovanni supo decir al respecto: “Entiendo que no, porque el Servicio no es más que una pata del Consejo. El presidente del Consejo es el Servicio, como institución, cuyo representante soy yo. El problema está en la ley, porque si el Servicio puede estar en el Consejo, bien puede ser autoridad”. Tal vez el doble servicio se asemeje a su reciente tarea de autoridad del Centro de Comercio ejerciendo su profesión de abogado dentro de la entidad. Confusiones que confunden.
“No sé quién atendió”
El caso se suma a decenas que desde los organismos correspondientes atienden a diario. Sobre el caso denunciado por M., Pehulpin manifestó: “No sé quién estaba atendiendo el teléfono, creo que fue alguien del servicio local. No teníamos información de esos nenitos”. Sin embargo, M., aseguró que dejó todos los datos que poseía, excepto nombre y apellido de sus vecinos, información que desconoce.
“Hay que evaluar la situación, ver qué está pasando, evaluar si esta persona está en su sano juicio, hay un papá… si hace falta tomar una medida de protección del derecho o una mediad de abrigo interviene el Servicio local y si no se trabaja sistemáticamente con la familia, terapia, seguimiento social”, explicó la coordinadora de UCeFF.
Quien atendió el teléfono cuando llamó M. dijo llamarse “Florencia”. Puede haber sido Florencia Alvarez, Licenciada en Psicología que trabaja en el Servicio Local del menor.