MALDITO COMBU$TIBLE
Jorge Caso fue acusado por el INTI de instalar en los surtidores de La Serena, dispositivos especiales para adulterar las cantidades de combustible que expende. Hubo denuncia policial por agresiones y una acción decidida por parte de los abogados del empresario para demostrar que los inspectores perseguían otros fines.
¿Que otro brebaje como este, motivará tantas batallas? La historia es testigo de innumerables conflictos engendrados por él: Guerras, muertes, inestabilidad política, calentamiento global; todo esto y tanto más por esta pócima cuasi mágica a base de petróleo que parece sacar al exterior lo peor de los seres humanos.
Y entre los protagonistas del incidente ocurrido en la estación de servicio La Serena, surgió también lo peor del ser humano: denuncias por estafa, violencia y corrupción. Todo en un mismo episodio.
La reyerta comenzó el lunes 19 de junio a partir del arribo a la estación de servicio de 2 jóvenes inspectores que se desempeñan como Verificadores de Surtidores de Combustibles Líquidos dentro del Programa de Metrología Legal, del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) con intenciones de revisar y controlar en la misma, la presencia de dispositivos que pudieran modificar los volúmenes de combustible expendidos, en perjuicio del consumidor.
La inspección, hasta allí de rutina, arrojó resultados sorpresivos: Los funcionarios dicen haber verificado efectivamente en varios de los surtidores la presencia de artefactos electrónicos, destinados a adulterar las cantidades realmente expendidas y cobradas a los usuarios de naftas y gasoil.
A partir de este hallazgo, la gente del INTI dice que el dueño se presentó en el lugar. Jorge Alberto Caso habría llegado junto con personal de seguridad, y –siempre según los denununciantes- habría intentado primero “arreglar” el problema con los técnicos y luego quitar por la fuerza las pruebas fotográficas del fraude. Ante la negativa de los verificadores habrían surgido amenazas de muerte y agresiones físicas con puñetazos y patadas incluidos, constatadas posteriormente por un medico forense en la comisaría local. Así, fue publicado en un informe de www.168horas.com.ar que dio lugar a la trascendencia nacional de esta noticia.
Versiones Cruzadas
El abogado del propietario de la estación de servicio Dr. José Benito Aldazabal no solo negó rotundamente la existencia de ningún tipo de dispositivo destinado a adulterar el volumen de carga de combustible, sino que dio una versión muy distinta de los hechos de esa jornada.
Según Aldázabal, los técnicos del INTI fueron recibidos sin ningún tipo de inconveniente, y hasta se los habría invitado a realizar todos los controles volumétricos, pero éstos a pesar de haber detenido la libre circulación de vehículos en la playa, se habrían negado a medir cuánto combustible expendían los surtidores.
Aldazábal dejó entrever que la verdadera motivación de estos funcionarios habría sido la de “presionar al empresario” para obtener algún “beneficio”, y que todas las denuncias realizadas por estos, serían solamente un pretexto para justificar estos malos manejos.
El abogado se quejó también por la falta de claridad con la que se realizó el operativo, ya que según explicó, debió haber sido acompañado por presencia policial, para garantizar mayor transparencia. El letrado criticó además que estos empleados del INTI, no realizaron ningún acta ni dejaron constancia alguna de lo actuado, más allá de la denuncia policial por agresiones. Por otro lado nunca habrían regresado de la dependencia policial para realizar las mediciones correspondientes.
Con respecto, tanto a las fotografías tomadas, como a la denuncia realizada por los inspectores, Aldázabal explicó que “no significan nada”, y que “no pasan de ser una manifestación unilateral” por parte de estos a la que no otorga ningún tipo de importancia.
Contra quien sí cargó, fue contra el Sub Gerente de Laboratorios de Referencia y Director del Programa de Metrología Legal Dr. Héctor Laiz, a quién responsabilizó por la difusión nacional de estos episodios dado que sea cual fuere el curso que tomen estas denuncias, existiría una “justicia mediática que es instantánea” (sic) que afectaría comercialmente a la empresa. Por lo tanto intimarían en los próximos días a Laiz a que ratifique o rectifique sus dichos. Por último el abogado de Caso aclaró que el lunes, técnicos de la petrolera Esso realizaron una inspección de todos los surtidores, habiendo resultado satisfactorias todas las mediciones.
“Aparatitos Mágicos”
La trampa consistiría en unos funcionales dispositivos que permitirían calibrar los surtidores, de modo de hacer figurar en la venta una cantidad de litros determinada, mientras que en realidad se expendería un porcentaje menor.
El Control de Esso
El lunes por la noche, el Gerente de Territorio de la empresa Esso, arribó a San Pedro para presenciar el operativo de control a cargo de la firma Menendez y Cía S.R.L. sobre los surtidores. La Escribana Cecilia Dubbini, labró un acta en la que dice textualmente: “realizará un control volumétrico pico por pico de todos los surtidores existentes y además un control general de todos los surtidores, ACTO SEGUIDO, comienza con su trabajo. Siendo las 23.30 horas, el Sr. Catalano nos manifiesta que ha finalizado, no encontrando ningún desperfecto ni irregularidad en los mismos”. Del mismo modo, la empresa de Jorge Caso exhibió a este medio los certificados que el INTI, realizó en la inspección anterior que data del 28 de Junio de 2006 a las 15.30 hs. donde quedó corroborada la inexistencia de irregularidades. Al cierre de esta edición, el empresario Jorge Caso, regresaba de Chile donde estuvo durante los últimos días para solucionar los problemas con los camiones que se encontraban detenidos en el paso cordillerano a raíz de las nevadas que impedían el tránsito normal.
Opinión: Los consumidores
Gas que no calienta, productos DIET que engordan y combustibles que no rinden por lo que se cobra, son todas caras de una misma moneda, en las que en todos los casos los consumidores aparecen como rehenes de un sistema que no los protege. En cada acto cotidiano de compraventa los consumidores hacen una entrega de confianza: Deben creer que la balanza pesa lo que indica; que el producto no es peligroso para la salud por algún defecto oculto de fabricación; que el ascensor es perfectamente seguro para su uso; que todo atributo de valor declarado por el fabricante es real.
En ese marco, efectivamente los consumidores necesitan que alguien independiente confirme que todo esto es cierto. Lamentablemente una denuncia por coima es algo hoy tan corriente, que se nos han corroído casi todos los pilares de nuestra confianza.
A quien creerle en este caso, se torna entonces una cuestión tan personal como azarosa.