5.6 C
San Pedro
viernes, junio 18, 2021
spot_img

Macchia y Mastrángello pidieron el procesamiento de Barbieri y la constructora del San Francisco

El expediente iniciado en 2008 tuvo movimientos importantes en los últimos meses. La Corte Suprema provincial estableció que el dinero enviado por Nación para la construcción salió en su totalidad del Municipio hacia la empresa. Barbieri pidió la falta de mérito, bajo el patrocinio del Estudio Aldazábal, que sostiene que la causa persigue objetivos políticos y mediáticos. La Comisión de Fomento del barrio, con Valentín Mastrangello de apoderado y Nicolás Macchia como patrocinante, pidió el procesamiento del exintendente, la dueña de la empresa, el exdirector de Vivienda y de los exfuncionarios Vellón y Zeme. Un video da cuenta de que las columnas de las viviendas están huecas.

Publicidad

 

La denuncia penal que los concejales del Partido Justicialista presentaron el 08 de julio de 2008 por la construcción del usurpado barrio San Francisco, primero bajo jurisdicción Federal y desde 2011 en la Ordinaria de San Nicolás, tuvo movimiento importante desde octubre hasta la fecha, con dos presentaciones fundamentales sobre las que debe definir la Justicia: los imputados pidieron falta de mérito; y los querellantes procesamiento, indagatoria, elevación a juicio y otras medidas de prueba.
La causa investiga el proceso de construcción de las 309 viviendas levantadas en el marco del Plan Federal del Gobierno nacional durante la gestión de Mario Barbieri como intendente, convenio firmado en 2005 para que las obras comenzaran en julio de 2006. Casi un año después, el 03 de octubre de 2007 y a poco de las elecciones de ese año, el barrio aún sin terminar fue tomado masivamente.
La Opinión tomó vista del extenso expediente, que cuenta con varios cuerpos de un metro de altura cada uno, y se encontró con que ahora, con el argumento de que el tiempo de la investigación pasó, los imputados –que son Mario Barbieri, su exdirector de Vivienda Flavio Peiró y la titular de la empresa constructora María Alejandra Giribaldi– pidieron la falta de mérito, luego de una pericia contable de la Corte Suprema Bonaerense que tiene fecha de octubre 2014, que consideran favorece sus argumentos.
Por otro lado, un extenso escrito judicial de 34 páginas fue presentado por la Comisión de Fomento del barrio San Francisco, como parte damnificada, con la particularidad de que la presentación fue hecha por el abogado Valentín Mastrángello como apoderado de la comisión y bajo el patrocinio legal del también abogado y concejal Nicolás Macchia, ambos hombres del kirchnerismo puro en la ciudad. Allí piden procesamiento, inhibición de bienes, indagatoria, elevación a juicio y una indemnización de 5 millones de pesos para las familias.

Publicidad

La defensa de los imputados
En el marco de la causa, los tres imputados han trabajado con líneas argumentales comunes. En cada presentación negaron la existencia de delito y de irregularidades, deficiencias y desvío de fondos en la construcción de las casas.
Para el planteo de excepción y falta de mérito presentado, se apoyan en un expediente de 2008, que lleva el número 4107-4328/08, resultado de un decreto mediante el que el entonces intendente pide a sus secretarios de Coordinación Facundo Vellón y de Obras Públicas Pablo Zeme un informe sobre las irregularidades denunciadas en la causa penal.
Zeme le había pedido a Peiró “un relevamiento integral documentado, vivienda por vivienda, de las patologías detectadas” con el fin de elaborar ese “informe-resumen”.
Allí, Vellón y Zeme establecen que las únicas modificaciones constructivas en relación al convenio original son el cambio de ladrillo cerámico por bloque de hormigón y las hojas de las ventanas y ventiluces de aluminio, “autorizadas por todos los organismos intervinientes arrojando balance económico neutro”.
“Todas las acciones de las partes se encuadran en el marco contractual y de acuerdo a lo convenido, no han existido incumplimientos jurídicamente relevantes que den lugar al ejercicio de acciones legales civiles o penales entre las partes involucradas”, señala el informe, cuya conclusión es que las viviendas fueron construidas de acuerdo al pliego y que la empresa cumplió con lo estipulado.
Por ello el Gobierno local autorizó a la empresa a solicitar la devolución de la garantía correspondiente y le pagó lo que restaba, con el 29 de abril como ultima fecha de abono.
Entre los argumentos, la defensa –cuyo patrocinio legal ejerce el Dr. Benito Aldázabal– señala la condición “política” de la denuncia y el grado de “ventilación mediática” que tuvo.
Sostiene que las casas del San Francisco fueron “exitosamente construidas y normalmente habitadas, por un gobierno que tuvo la decisión de gestionar y abordar tan importante logro social”. Considera que la última pericia contable es fundamental: todo el dinero que envió Nación fue entregado a la empresa.

Los argumentos en contra
Para Mastrángelo y Macchia, el caso San Francisco se trata de “la construcción de las viviendas más defectuosas de que se tenga memoria” producto de “el concurso, complicidad y dolo de un grupo de funcionarios públicos que debían controlar”.
Sostienen que del análisis del expediente y las certificaciones existentes “pareciera que las obras se desarrollaron sin inconvenientes, las certificaciones se entregaron en tiempo y forma y fundamentalmente la empresa constructora cumplió con el 100 por ciento de sus obligaciones contractuales”. En ese sentido, plantean que Vellón y Zeme cometen “falsedad ideológica”, por lo que piden su inclusión en la causa.
Llamaron la atención respecto de las certificaciones finales de obra dos días después de la usurpación denunciada, cuando todos los que estuvieron allí durante esos días saben que las viviendas estaban en plena construcción.
“Las usurpaciones se produjeron para crear una situación de caos que permitiera encubrir el delito que inevitablemente habría de conocerse y que hoy se investiga”, sostienen Mastrángello y Macchia.
Recuerdan que la pericia contable de la Corte Suprema de la Nación en 2009 estableció que todos los depósitos se efectuaron en una cuenta de la empresa y que las órdenes de pago fueron firmadas por Hugo Carlos Salviolo, Secretario de Economía Hacienda y Coordinación de la Municipalidad de San Pedro, Oscar Ramón Corleto, Contador Municipal y Mario Leandro Barbieri, Intendente Municipal.
También recuerdan la pericia del arquitecto Carlos Fuchs, que estableció que “todas las deficiencias, falencias y faltantes que fueran precedentemente expuestas, le permiten concluir que la calidad de las viviendas objeto del presente estudio pericial, en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas”
La pericia contable de la Corte Suprema Bonaerense presentada el 21 de octubre pasado con la firma de los contadores Rodolfo Merbilha y Eduardo Hernández establece el registro municipal del ingreso de $ 16.091.829,88 a la arcas locales y el pago a Giribaldi hermanos S. A. de la suma de $ 15.475.787,55.
“Es decir que la empresa cobró la totalidad de los montos correspondientes como si hubiera cumplido fielmente con lo estipulado en los pliegos de licitación, lo que está claramente demostrado como falso por las constancias del Expediente y especialmente por la Pericia del Arq. Fuchs. de la C.S.J.N”. señalan los querellantes.
“Es evidente que ese concierto doloso no se realizó de modo gratuito. La Empresa Constructora Giribaldi Hnos. recibió pagos por trabajos no realizados y por otros realizados defectuosamente y es evidente que debió haber una retribución hacia los funcionarios públicos que certificaron las obras y las pagaron”, es la sospecha de Mastrángello y Macchia.

Video revelador
Las imágenes que ilustran esta página forman parte de un video filmado por Valentín Mastrángello en el barrio San Francisco. Allí, un albañil que trabajó en la obra –citado como testigo en la causa– cuenta que les ordenaban “no rellenar las columnas”. Con una amoladora, hace un corte en una de las viviendas y muestra que, en efecto, están huecas.

“Cada vez que hay campaña política meten un escrito”
Consultado por La Opinión, Mario Barbieri se refirió a los movimientos que tuvo la causa en los últimos meses. “Pedí la falta de mérito para que se me exima en virtud de que hace siete años que está esta causa sin que reúnan elementos probatorios para seguir”, señaló.
Sobre el pedido de procesamiento de Macchia y Mastrángello, el presidente del HCD aseguró: “Ellos ni siquiera son denunciantes. Yo sigo pensando de la misma manera: esto forma parte de la intencionalidad política que se evidencia desde el primer día de la causa. Cada vez que hay campaña política meten un escrito, más evidente que eso no hay”.
“Lo que planteó mi abogado es eso: pedir que me desvinculen, no puede estar una persona denunciada siete años, con la caracterización política que tiene la causa”, indicó Barbieri.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo Último

Lo Más Leído

Publicidad
Publicidad

Otras noticias