Más tiros para el Tiro “sin techo”
El histórico castillo comienza a derruirse mientras la Dirección Provincial de Personería Jurídica analiza nuevamente una denuncia de un supuesto socio del Tiro Federal que pide la baja de la matrícula por “irregularidades” en la Comisión Directiva. En el club no lo conocen y su domicilio es en el Jardín 901. Igual que Peón Cifuni, pero sampedrino.
La pesadilla del Tiro Federal sigue su curso ante la impávida mirada de quienes dicen amarlo, defenderlo y respetarlo para toda la vida. Pase lo que pase, el concesionario y la Comisión parecen aguardar que sea el tiempo el que termine con la decena de entuertos que celebraron al calor de autoridades negligentes, inoperantes y sospechosamente silenciosas frente al atropello del patrimonio público.
A más de un mes del reclamo en las puertas del club ante el temor de los socios y deportistas por el desmantelamiento del castillo, que apareció de la noche a la mañana sin su techo, la situación sigue igual o peor: Calvet no se quiere ir, dice que tiene derechos adquiridos que no demuestra, no permite el acceso de quien no abone entrada, niega el uso de baños y la sede social, y además dejó la obra que no tiene permiso municipal sin concluir, con las maderas al aire libre, sufriendo los embates de las copiosas lluvias del último mes. El viejo castillo se está destruyendo al ritmo de la oprobiosa distracción, la negligencia y el mendaz oportunismo.
Como si el capítulo anterior fuese poco para el desenlace, con el tristemente célebre “Peón Cifuni”, quien casi provoca la baja de la personería jurídica del club haciéndose pasar por socio, ahora apareció otro interesado que –con el mismo propósito– parece reclamar la desaparición del club porque considera que hubo irregularidades en la conformación de la nueva Comisión.
Socio despechado
Se llama Miguel Bautista Rojas, su DNI es 4.696.897 y según el padrón electoral está domiciliado en Uruguay 920, es decir en el Jardín 901. Presentó una denuncia en la Dirección Provincial de Personería Jurídica (DPPJ) en la que considera que la citación a la asamblea que renovó la Comisión Directiva el pasado 29 de julio no fue comunicada como se debía. Ese día, con la presencia de socios, directivos y un periodista de La Opinión se labró el acta que designa a Héctor Raillón como Presidente de la institución, Marcelo Rolfo Vicepresidente y Javier Garavaglia Secretario, bajo la certificación de la Escribana María Gabriela Botta, luego de que la Resolución 1314 de la DPPJ otorgara matrícula registral al Tiro Federal en fecha 20 de mayo de este año, extendiendo certificado de vigencia de su personería jurídica, producto de la inspección que la DPPJ hiciera en marzo, tras la denuncia de Peón Cifuni, quien invocó su condición de socio para impugnar el acto asambleario del 31 de octubre de 2008.
Un año después, aparece este nuevo socio de apellido Rojas que, claro está, no vive en Uruguay 920. La Opinión dio con una sobrina de alguien llamado Miguel Bautista Rojas, quien informó que su tío vive “más o menos” en la zona del club América pero que “trabaja y suele pasar la mayor parte del tiempo fuera de la ciudad” y con quien dijo no tener mayor contacto.
En esa zona no conocen a este señor que, por su número de documento, debe tener más de sesenta y cinco años. Los Rojas que habitan por ese barrio están cerca de la bajada de Chávez pero tampoco conocen al “socio” del Tiro.
Tanto el abogado del club como los integrantes de la Comisión Directiva informaron no conocer al supuesto socio que presentó esta denuncia y además aseveran que se cumplimentaron todos los pasos legales para el desarrollo del acto asambleario que formó la nueva Comisión.
Sin techo y sin contrato
El castillo histórico del Tiro Federal sigue en las mismas condiciones que aquella mañana de octubre: sin techo. Por esos días, quien explota turísticamente el predio, el ex funcionario municipal Roberto Calvet, presentó apenas una comunicación “avisando” que iba a modificar el techo “ante el peligro de derrumbe” del mismo.
La obra fue frenada por la Municipalidad y hasta el momento no hay signos de que se reanude. La falta de permisos para construir ha sido una constante en la empresa MYRC S. A., de Roberto y Marcelo Calvet, quienes construyeron la pileta y los bungalows sin la debida documentación, con la permisividad municipal y de las sucesivas Comisiones del club, que hicieron la vista gorda mientras le cumplieran con la única contraprestación del contrato que parecía importarles: la conservación de la cancha de rugby.
El polígono de tiro es uno de los puntos conflictivos en esta historia, ya que ese fue el objetivo por el que nació esta institución cuando el Intendente De Las Heras cedió ese terreno por 99 años al Tiro Federal.
El contrato de concesión que firmaron en 1994 la empresa MYRC y la Comisión de ese entonces –cuyo vencimiento se cumplió en marzo pasado– marcaba en su artículo 4 que una de las principales cuestiones a las que debía abocarse el concesionario como contraprestación era el reacondicionamiento del polígono. De la misma manera, las sucesivas modificaciones incluidas en el contrato mantuvieron esa cláusula, que Calvet nunca cumplió.
Incluso construyó una cantidad de bungalows mayor a lo previsto en el acuerdo, tapando la vista del castillo histórico con adefesios cuya estética lastima el paisaje de uno de los sectores más bellos de la barranca.
Calvet aduce derechos adquiridos por la inversión realizada, aunque el contrato estipula que “vencido el plazo contractual y las ampliaciones correspondientes todas las obras inmuebles realizadas por el concesionario pasan a poder de la concedente, sin tener el concesionario derecho a reclamo alguno por las inversiones realizadas”.
La “renovación automática” que prevé el contrato una vez cumplidos los quince años, y que sería por quince más, aclara que será sólo “en caso de cumplirse las contraprestaciones indicadas”. La Comisión Directiva considera que el concesionario no cumplió, en la medida en que el polígono de tiro no fue reacondicionado para su uso, lo que imposibilita a al menos dos de los tiradores del club que compiten en la disciplina entrenar allí, por lo que deben hacerlo a través de otras instituciones de la provincia.
Con la mira en otro lado
Las Comisiones que han pasado por la vida institucional del club hicieron la vista gorda ante las irregularidades que el concesionario produjo año tras año en el predio.
Nada de lo que el concesionario realizó pudo estar al margen de las comisiones. Las construcciones sin planos y las irregularidades en la tercerización de servicios a través de testaferros fueron constantes. Nadie dijo nada cuando se supo que el predio era explotado por un señor de apellido Ledesma quien trabajaba de jardinero en el lugar y lo mismo pasó con Durand, a pesar de que el acuerdo firmado es claro al respecto: “El concesionario sólo podrá ceder, transferir, vender o permutar los derechos que emanan del presente contrato con la autorización escrita por parte de la comisión directiva del club”, cosa que jamás sucedió.
Tampoco el Municipio o la Dirección Provincial de Personería Jurídica se preocuparon demasiado por las actividades que se desarrollaban en el Tiro Federal en términos deportivos o de explotación turística.
El proyecto que presentó el Concejal Abel González para revisar las concesiones de la zona de barrancas fue desestimado y el tema no se volvió a debatir. Lo cierto es que en 2012 vence la concesión al Tiro Federal. La Comisión actual opina que, en el caso de que la práctica de tiro se considere peligrosa para la zona, no tendrían problemas en trasladar la sede del club a otro predio. Les preocupa, dicen, “que nos saquen a nosotros, que somos una entidad deportiva, y acá se quede un señor que lo que hace es una actividad comercial”.
Por su parte, el Tiro Federal presentó una denuncia penal por daños y usurpación contra Calvet. Ahora se aprestan a iniciar una causa civil para la restitución del sector, con arreglo al incumplimiento del contrato y el vencimiento del mismo. “La Justicia determinará si los argumentos nuestros son válidos para no prorrogar el contrato”, explicó Nicolás Macchia, abogado de la institución. Calvet dijo alegrarse de que todo esté en la Justicia y continúa firme en su posición de “damnificado” y asegurando poseer derechos adquiridos.
Mientras tanto, el equipo de rugby alquila baños químicos para recibir visitantes en los encuentros en que debe jugar en su cancha. Los socios y deportistas no tienen acceso al predio, sus cosas siguen en la sede social a la que Calvet niega el paso.
En la Municipalidad, el expediente ingresado el 13 de octubre firmado por Raillón en su carácter de Presidente de la entidad recorre oficinas. Obras, Asesoría Letrada, Gobierno, Obras otra vez, Planificación y Obras nuevamente vieron ese texto hasta el 6 de noviembre.
Con respecto a Miguel Bautista Rojas se sabe que “su denuncia es para dar de baja la personería, diciendo que no se había citado bien a asamblea, pero es mentira”, dijo el abogado Macchia. Los edictos publicados por El Diario de San Pedro reproducidos en esta página le dan la razón. Habrá que esperar qué determina la DPPJ, qué dice la Justicia penal y cómo resuelve el tema la Justicia Civil.
Por lo pronto, la tensión en la batalla por el Tiro no cesa. Las disputas, denuncias, cartas documentos, gritos y reclamos están a la orden del día. La población asiste a una guerra desatada en la que se pone en juego el patrimonio de la comunidad y que refuerza el rumor de que con amigos en el poder todo es posible. Más que posible; probable. Más que probable; seguro. Porque ningún funcionario bien intencionado dejaría a la intemperie su propia historia como sucede con las instalaciones de este lugar. La omisión, a veces, es el más grave delito.