5.1 C
San Pedro
martes, junio 15, 2021
spot_img

Más de 200 reclamos en la Omic por el aumento en las facturas de gas

La quita de subsidios se hizo sentir en el bimestre de mayor consumo. Hay casos en los que la factura pasó de 300 a 2.600 pesos. Defensa del Consumidor local recibe los reclamos para elevar un expediente colectivo a la Defensoría del Pueblo. Además, revisan caso por caso para ver si están dentro de los usuarios que pueden mantener el beneficio. Apuntan a la empresa por no informar con precisión cómo iba a impactar el aumento.

Publicidad

 

Semanas atrás comenzaron a llegar las facturas del servicio de gas a los hogares ubicados en calles paralelas al río y la ruta 9. En algunas semanas más, harán lo propio el resto. En todos, lo que se observa es un incremento en la facturación que sorprendió a quienes deben pagar boletas cuyos montos son impensables en relación a facturas anteriores.
El fuerte aumento llegó en el bimestre de mayor consumo en los hogares, producto de la temporada invernal. El metro cúbico de gas pasó de 0,23 pesos a 0,49 en abril, y llegó a entre 0,93 y 1,05 en la última factura.
Esto afectó prácticamente a todos los usuarios, ya que la quita de subsidios corresponde a todos los que no hayan ahorrado consumo de gas respecto del mismo período del año anterior.
Ante el generalizado descontento, la Oficina de Defensa del Consumidor que funciona en el Concejo Deliberante comenzó a recibir reclamos para elevar una queja formal ante la Defensoría del Pueblo, que envió representantes el viernes para explicar los alcances de la posibilidad de protesta.
El mismo día estuvo en esa dependencia el apoderado legal de Litoral Gas, empresa distribuidora que tiene a su cargo el servicio en la ciudad.

Publicidad

Todos afectados
La Omic recibió a más de 200 usuarios que presentaron fotocopia de DNI del titular del servicio, fotocopia de la factura del mismo bimestre del año pasado y la que corresponde a 2014, la que vino con el excesivo incremento.
“La convocatoria es masiva porque esto afecta mucho a los usuarios”, señalaron desde la Oficina de Defensa del Consumidor, donde hay casos que asombran, como el de una jubilada que pasó de pagar alrededor de 280 pesos a 2.669 para este bimestre.
El coordinador de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Juan Carlos Tuzzolino, analizó la situación ante unos pocos concejales que lo recibieron el viernes. Los presentes eran Norberto Atrip y Cecilia Vázquez, del Frente Renovador Oficial; y los miembros del Frente de Todos, Liliana Adrover, Mario Sánchez Negrete, Sergio Rosa y Juan Almada.
“Llama la atención que todos hayan gastado de más”, dijo Tuzzolino, en referencia a que el subsidio que se mantendría en aquellos usuarios que ahorraran gas prácticamente no existió en toda la provincia. “Acá hay picardía de las empresas”, disparó.
Aseguró que la población asiste a “una facturación disparatada” y señaló que analizarán la modalidad de medición por parte de las empresas. La trampa podría estar ahí, tras la quita del subsidio. Para el funcionario de la Defensoría, “más que judicializar”, hay que ir por el sistema.
La Omic recibe los reclamos para canalizarlos por dos vías: harán una presentación colectiva ante la Defensoría, y además revisarán caso por caso para saber si el usuario en cuestión no está dentro del régimen de excepción, que prevé doce tipos de casos (ver aparte).
Por otra parte, asesoran respecto al ítem de costo del gas importado, cuyo cobro está judicializado y hay un amparo al que los vecinos pueden adherirse, como sucede con el precio del servicio de Cablevisión. Ese ítem suele superar los 100 pesos en las facturas.
Los mecanismos de ahorro, de descuentos y programas para personas en situación de vulnerabilidad tienen una serie de requisitos que la Omic presenta ante la empresa y ésta ante el Enargas, que es quien define.

Un problema de comunicación
“Las grandes responsables son las empresas, en la falta de comunicación e información, y en qué parámetro toman las mediciones; este invierno es menos crudo que el anterior y en muchos lugares están consumiendo más, hay casos en los que los medidores siguen funcionando con todo el gas cerrado”, le dijo Tuzzolino a La Opinión tras la reunión con los ediles.
Reconoció que “hace prácticamente once años que no hubo aumentos, si miramos la evolución del aumento del gas, está por debajo de cualquier índice de aumento salarial o de precios”.
En ese sentido, la gran discusión en el caso de la facturación de este bimestre es el hecho de que los usuarios se encontraron con un incremento de relevancia sin que haya habido una correcta difusión al respecto.
“La gente no varió el consumo, pero hay mala información. La empresa tiene la obligación por ley de defensa del consumidor de decirle al usuario que se vienen los aumentos, tanto en abril como en mayo, tenía que estar claro que el incremento iba a ser importante”, explicaron a este semanario desde la Omic.
En marzo, el Gobierno anunció el aumento. Pese a ese aviso, en la factura del bimestre anterior no sólo no hubo reclamos sino que tampoco hubo reducción del consumo. El usuario priorizó el consumo por encima del incremento, que no era tan marcado.
En el Gobierno decían que “el 100 por ciento de muy poco sigue siendo muy poco” ya que “los aumentos se aplican sobre tarifas que eran muy bajas”. Ahora, con este segundo incremento, llegaron las protestas, ya que el consumidor lo notó en el bolsillo.

Hay que pagar
En todos los casos, la factura debe ser abonada. “Si el usuario no está dentro de los de excepción, deberán pagar la factura como está”, informaron desde Defensa del Consumidor. El incremento puede ser calificado de abusivo, desmedido y hasta de “ilegítimo”, porque, como en los reclamos que serán presentados, puede entenderse que hubo confusión y falta de comunicación al usuario, pero el aumento “es legal, producto de una Resolución del Estado”.
Quien esté dentro del régimen de excepción, es decir que cumpla con los requisitos previstos, recuperará el subsidio. Quienes no cuadren en esa tabla, deberán esperar alguna resolución administrativa o judicial que surja del reclamo colectivo.
A fines de esta semana, la Omic enviará un primer paquete de reclamos como presentación colectiva, aunque seguirá recibiendo documentación en sus oficinas. “El área de Servicios Públicos de Defensoría del Pueblo está relevando otros municipios. Hay que ver si va a haber una etapa administrativa con la empresa y el Estado nacional, y luego se verá una instancia judicial”, explicaron.

Quién puede mantener el subsidio
El Gobierno nacional le llamó “programa de reasignación de subsidios para la consolidación del uso racional y eficiente de energía”. En ese marco, la quita de subsidio al consumo de gas natural es para “reasignar” esos fondos a otros programas sociales.
Los usuarios exceptuados de la quita son aquellos que habiten viviendas sociales o construcciones desfavorables; quienes posean enfermedad crónica o capacidades especiales; “ingresos insuficientes” en relación al salario mínimo vital y móvil.
También los trabajadores que perciben alguna asignación familiar porque su sueldo es menor a $ 5.200, asignación por desempleo o asignaciones universales por hijo.
Quienes cobren jubilaciones mínimas tampoco pagan, al igual que aquellos casos en los que pueda probarse “multiplicidad de familias en una misma vivienda”; quienes estén “exentos de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL)”, además de hogares sustitutos, geriátricos públicos, centros contra adicciones, orfanatos y comedores. Ahora todos están buscando cómo entrar en alguna de estas categorías porque también desde el Estado los alentaron a comprar y consumir para que la economía funcione.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo Último

Lo Más Leído

Publicidad
Publicidad

Otras noticias