Más cerca de acceder a un terreno

San Pedro es una ciudad en emergencia habitacional. No sólo porque desde hace años el problema de la casa propia se extiende a cientos de familias, sino porque además el 28 de julio de 2008 el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que así lo institucionaliza. Sin embargo hasta la semana pasada nadie –excepto algún que otro concejal– había señalado la necesidad de su puesta en marcha, que debía ocurrir dentro de los 60 días.
El Estado local tomó ahora la decisión política de comenzar a trabajar sobre la cuestión habitacional tantas veces puesta en debate, pero sobre la que hasta el momento no aparecían acciones concretas que permitieran a la población albergar alguna esperanza de que podría haber caminos que faciliten el acceso a la tierra para satisfacer el derecho a techo. Las últimas tierras compradas por la comuna con destino a la construcción fueron adquiridas durante la gestión de Julio Pángaro a través del Plan Familia Propietaria diseñado por el Gobierno de Eduardo Duhalde.
A decir verdad, el sueño de la vivienda propia que acompaña a todas las generaciones precedentes comenzaba a desdibujarse en una ciudad que fue calificada como “la capital nacional del negocio inmobiliario” y cuyos inmuebles alcanzan valores similares a los principales countries del país y, como dio cuenta un informe de este semanario publicado en la edición 991 de abril de 2009, nada tiene “el verde más cercano” que envidiarle a Punta del Este o Miami, al menos en lo exorbitante de los precios de terrenos.

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Comisión en marcha
El 31 de mayo es la cita, a las 19.00, en el Salón Dorado de la Municipalidad. El Ejecutivo municipal convocó a instituciones con personería jurídica, que son las que la ordenanza indica que pueden participar de esa comisión multisectorial.
Según da cuentas el comunicado, “Iglesia Católica, Evangélica, Cáritas, Grávida, Centro de Comercio e Industria, Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos, CGT local, Consejo Escolar, Cruz Roja y Liga Deportiva Sampedrina, entre otras” fueron las convocadas, para participar junto a la Dirección de Viviendas y Escuelas de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Humano, y un representante de cada Bloque del Concejo Deliberante.
La existencia de terrenos en Río Tala, Santa Lucía y algunos puntos de la ciudad hace necesaria la conformación de esa comisión, cuya tarea es nada menos que ser la encargada de analizar el listado de posibles beneficiarios y, llegado el momento, adjudicar las tierras o viviendas correspondientes.
Adrián Macenet, presidente del bloque oficialista, señaló que “se prevén algunas cuestiones que se van a desprender del mismo Departamento Ejecutivo a la hora de comenzar a implementar políticas de planes de viviendas”.
“La intención del Ejecutivo es que esta comisión comience a trabajar para dictaminar quién es beneficiario, para evitar los manoseos políticos, como lo dice el espíritu de esta ordenanza”, señaló el edil.
La puesta en marcha de la comisión multisectorial fue un reclamo que en diversas oportunidades hizo el concejal de la Coalición Cívica Matías Velo. En diálogo con La Opinión, Velo dijo que le “sorprendió” la convocatoria. “No sé cuáles son las intenciones de Guacone con respecto a este tema, vengo reclamando para que se ponga en marcha hace años, de cierta forma me sorprendió, porque tampoco había muchas intenciones de entregar los pocos terrenos que tienen adquiridos”, aseguró.
En ese sentido, el concejal explicó que desde el Ejecutivo “estuvieron dilatando el tema del banco de tierras y el registro municipal de inmuebles, que es insumo para la multisectorial, que es básicamente para la adjudicación”. Velo se quejó además de que “si no se cuenta con información cierta de las tierras para adjudicar o proyectar, poco se puede hacer”.
Sin embargo, destacó la importancia de la convocatoria: “Viene a ayudar a solucionar la problemática, por lo menos abordarla”, aunque advirtió que “necesariamente tiene que estar acompañado por otras herramientas”.
Para el concejal de la Coalición Cívica, el problema en la ciudad es “el acceso a la tierra”, ya que “después se puede construir con el esfuerzo de cada uno, que en algunos casos lleva años”, y señaló que “se debe garantizar ese acceso”.
Sobre la necesidad de que los datos sobre los terrenos disponibles llegue al Concejo y ahora a la Multisectorial, Velo opinó que “hoy eso es información clasificada” y disparó: “Durante mucho tiempo esos datos se vendían de forma clandestina, para que muchos fueran, se metieran y ejercieran derechos posesorios, mucha gente se ha hecho de terrenos así, por suerte en los últimos años se limitó el acceso a esa información”.
Al respecto, Macenet destacó la importancia de la Multisectorial, ya que “uno de los miedos de los planes de vivienda y la venta de terrenos es que no se convierta después en un negocio inmobiliario, por eso la importancia de la comisión, para evitar la especulación”.
Que se hable de terrenos y no de planes de vivienda no es casual. En varias áreas del gabinete reconocen que en Provincia y Nación la situación irresuelta del barrio San Francisco, con una causa federal por malversación de fondos y todas las casas tomadas, dificulta las posibilidades de que bajen nuevos programas para la ciudad.

Fondos, emergencia
y listado
La ordenanza que estableció la Emergencia Habitacional y dispuso la creación de la comisión que ahora comenzará a funcionar fue dictada tras diez meses de intenso debate en la comunidad producido por la toma masiva de las 309 viviendas del Plan Federal que construyó el barrio San Francisco de Asís.
Esa ordenanza no sólo decretó la emergencia, sino que creó un fondo destinado a paliar la situación, cuyos montos se desconocen. Sobre la comisión, señala que sus funciones son “proponer soluciones y/o gestiones al Departamento Ejecutivo Municipal para facilitar el acceso a una vivienda digna de las personas que se encuentren comprendidas en la emergencia habitacional”.
La información disponible sobre el tema es el listado de solicitantes que creó la Dirección de Viviendas cuando estaba a cargo del cuestionado Flavio Peiró. Ese listado fue objeto de críticas por parte de los concejales, incluyendo al oficialista Adrián Macenet, quien señaló: “Cuando entrabas a ver ese listado (disponible en la web municipal) había muchos errores, repeticiones, adjudicatarios que no fueron dados de baja, muchas cuestiones que esta comisión deberá analizar más minuciosamente”. Nunca publicaron el listado de beneficiario de “las mil casitas de Barbieri” construidas durante la gestión del ex intendente, algo con lo que se habían comprometido.

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Posibles beneficiarios
“La idea es vender a través de la ordenanza 4105, vendérselo a la gente que pueda comprarlo, de clase media”, dijo Macenet. Esa norma es la que regula la venta de bienes inmuebles del Estado local, y especifica una serie de condiciones que, según lo expuesto por el concejal, serán las tenidas en cuenta para que la población que pueda pagar un terreno acceda a él merced a la acción municipal.
Esa ordenanza dispone la venta de bienes inmuebles municipales que estén ocupados por particulares con capacidad de demostrar derechos posesorios, por lo que no encuadra como herramienta para lo que propone Macenet, aunque su artículo 4° podría ser utilizado como parámetro.
Allí indica que para acceder a la compra, entre otras cosas ligadas a los derechos posesorios, el solicitante no debe tener propiedad en el grupo familiar ni bienes muebles “registrados de considerable valor”, que estarán “sujetos a estudio socio-económico previo”. Además, deben presentar declaración jurada de ingresos totales para su análisis.
La venta puede realizarse en cuotas que no superen el 20 por ciento de esos ingresos y el precio lo dispone una tasación que debe hacer el Colegio de Martilleros local. La ahora Concejal y ex titular de esa asociación de profesionales Noemí Bordoy informó a La Opinión en ocasión de la venta de tres terrenos en 2009 que “no puede ser a valor de mercado, porque son terrenos fiscales” y que “lo que se hace es tasar a la fecha de iniciado el trámite y a la fecha actual. De ahí, el Municipio toma un precio promedio, que nunca deja de ser simbólico, porque no se puede tasar a valor de mercado”.
De esa manera, las posibilidades de acceso a la tierra comienzan a aparecer en el horizonte, ya que hay caminos que permitirían generar, posibilitar y facilitar que los vecinos hagan efectivo su derecho a la vivienda.
También es cierto que deberán articularse mecanismos precisos que permitan una alta tasa de cobrabilidad para los beneficiarios, de manera tal que el pago de los terrenos adquiridos por ellos permitan crear un círculo virtuoso de generación de nuevos lotes que pueda adquirir el Estado y a su vez venderlos a precios razonables para el bolsillo común.
La ordenanza 4.105 indica que los fondos que se recauden por su aplicación “serán depositados en una Cuenta Especial” y que deben destinarse “a la adquisición de fracciones de tierra destinadas a obras de vivienda o servicios de equipamiento comunitario o para espacios libres verdes y públicos”.
“Nos parece demasiado injusto que el Municipio cuente con tierras fiscales y no proyecte para que llegue a familias que las necesitan, y crear un fondo que permita renovar esas tierras, hay terrenos que están ociosos y que la municipalidad no los entrega”, sostuvo el concejal Velo, quien señaló que “acá hay un conjunto de herramientas que deben ponerse en marcha para solucionar una problemática que tenemos todos, hoy comprar un terreno es prohibitivo”.
Además, pidió que el Ejecutivo se involucre en la modificación de la San Pedro 2000, porque “el Estado tiene que ser activo y meterse en el mercado para inyectar una mayor oferta”. En ese sentido, el Concejal Macenet coincidió con su par de la oposición y aseguró que estudian propuestas desarrolladas en otros municipios, como Trenque Lauquen, donde lograron regular los precios a partir de la intervención estatal en la compra y venta de tierras.

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