“A mí me echaron, a pesar de que la Justicia desestimó la causa”

Alicia Moro tiene 43 años. De ellos, fueron “25 y cinco meses”, como le gusta repetir, los que trabajó en el Poder Judicial de la Provincia. Tenía 18 cuando entró al Juzgado de Paz como empleada y alcanzó el cargo de auxiliar de Justicia. El año pasado la despidieron tras un sumario producto de una causa penal en la que le dictaron falta de mérito. Tras el caso Cocuzza, quiso contar su historia a La Opinión.
Si bien su nombre no trascendió, en su momento Alicia Moro fue noticia porque se vio envuelta en un escándalo con un chofer de Chevallier que en 2006 la denunció penalmente por “lesiones leves y usurpación de título”. El trabajador sostuvo que la judicial lo abofeteó arriba del micro, en el marco de una discusión.
El tema ganó los medios, porque la policía esperó la llegada del colectivo al que Moro había subido en Campana, luego de intentar hacerlo en Escobar, donde vivía su novio de entonces. Hubo una discusión y la ahora exempleada del Juzgado habría hecho gala de su cargo para amedrentar.
Ello le valió la causa penal y el inicio de un sumario administrativo en el organismo público. La primera fue desestimada por la Justicia y archivada por falta de mérito. El segundo siguió su curso y terminó en julio del año pasado, cuando Moro fue dejada cesante.
Antes había sido protagonista de otro sumario, producto de denuncias internas que aseguraban que trataba mal a la gente, iba con un perro a la oficina o se descalzaba en el trabajo. “Todo mentiras”, aseguró. Por ese sumario, la suspendieron cinco días.
“Ese sumario tuvo que ver con que a los que estaban interesados en mi puesto les convenía”, dijo y denunció: “Me discriminaban”. Contó que estuvo en el Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi), aunque no asentó la denuncia.

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El caso Cocuzza
José Carlos Cocuzza también es empleado del Poder Judicial y se desempeñaba en el Juzgado de Paz. Sumariado por omitir una notificación en el marco de un juicio que fue ejecutado y cuyo protagonista sostiene que nunca le llegó el oficio. Además, enfrenta una causa penal por acopio de armas y municiones.
Su domicilio fue allanado en el marco de una investigación por venta de drogas, sobre lo que no hallaron indicios, a pesar de que existirían fotografías, testimonios y escuchas telefónicas que lo involucran; también está sospechado de alquilar armas para la comisión de delitos.
Su abogado Hugo Lima (h) consiguió el beneficio de la excarcelación, ya que la cantidad de armas y balas sin registrar no constituían “acopio” sino “tenencia ilegal”. En su defensa, Cocuzza dijo que las armas las tenía “para cazar” y aseguró: “Siempre me gustaron los fierros”.
Enterada del caso, Moro analizó que, en comparación, se cometió una injusticia con ella. “A mí me siguieron el sumario por una causa que fue archivada y a otros los agarran con armas ilegales y no pasa nada, están muy tranquilos en su casa cobrando”, se quejó, en clara alusión a su excompañero de trabajo.

Fui una perseguida”
Moro entró casi de casualidad al Juzgado de Paz. Proveniente de una familia muy pobre, sus capacidades intelectuales le valieron una beca para cursar la secundaria en el Instituto Nuestra Señora del Socorro, donde egresó. Trabajaba en una heladería cuando un amigo le comentó que ya no iba a participar del concurso público para ingresar a la Justicia y le recomendó que lo hiciera ella. Quedó de inmediato.
Desde entonces vivió y sintió dos cosas: la realización personal que puede significar la movilidad social ascendente, por un lado; lo que ella llamó “discriminación”, por el otro.
En condiciones de ascender, pasó 25 años viendo cómo el resto lo hacía. “El cargo no me lo querían dar”, dijo y relató: “La Jueza me decía ‘no estás capacitada, ni siquiera espiritualmente, Alicia’, ‘no quiero que estudies en la oficina’. Me pidieron que me fuera de la oficina”.
“Hoy el Juzgado está corporizado, son todos abogados, ya una persona de una familia común y corriente no va a poder aspirar a trabajar ahí”, dijo Moro.
Producto del sumario que la despidió, la mujer delegó en el gremio (la Asociación de Judiciales Bonaerenses) la apelación. Sin embargo, hasta ahora no obtuvo respuestas.
“Yo estoy acá limpiando pisos por 25 pesos. Se supone que el gremio lo apeló, pero no sé, nunca tuve novedades. En el gremio me dijeron ‘por qué no te hacés la loca’, y “tu asunto psicológico está muy comprometido”, y claro, si te pinchan todos los días en un órgano de tu cuerpo, a lo largo de los años lo perdés”, analizó.
El caso cobra nueva trascendencia y pone en sobre el tapete la condena a las conductas de dos empleados que tienen los mismos derechos.

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