Últimas medidas en la causa de los residuos patogénicos

La semana pasada la Justica cumplió una de las últimas medidas en torno a la causa penal contra el Municipio por el tratamiento de los residuos patogénicos del Hospital. Fue un operativo en el cementerio, con retroexcavadora incluida, en busca de indicios, aunque sin resultados positivos.
La propia Fiscala Gabriela Ates encabezó el operativo junto a personal de la Policía Científica. La titular de la UFI 7 está a cargo de investigar la denuncia que los concejales Mario Sánchez Negrete y Ariel Ramanzini formularon tras una serie de informes de La Opinión sobre el tema.
Con una retroexcavadora y el apoyo de Bomberos, revisaron la zona señalada por los testimonios como el sitio donde se produjo el entierro de material patogénico no corto punzante aunque sí biológico.
Desde Fiscalía informaron que “fue la última medida para descartar todo tipo de dudas”, ya que la primera constatación in situ fue ordenada por Ates dos días después de la denuncia penal que presentaron los ediles.
En el marco de las actuaciones judiciales por el caso, la Fiscala tomó una gran cantidad de testimonio y requirió a la empresa Econorba, a cargo del retiro de esos residuos del nosocomio local, la entrega de facturas del servicio y un informe sobre las prestaciones efectuadas.
En esos informes, la empresa habría afirmado haber cumplido con los servicios, aunque en el momento de la investigación de La Opinión, en diciembre del año pasado, lo habían cortado por falta de pago durante varias semanas, de acuerdo a lo informado en esa fecha por el entonces administrador del Hospital Roberto Borgo, quien además confirmó que el Estado debía cinco meses a Econorba.
El propio funcionario, actual Secretario de Economía del Gobierno de Pablo Guacone, había confirmado a este semanario el entierro de “material biológico” y la semana pasada ratificó lo que La Opinión publicó en su edición del 24 de diciembre: que habían enterrado en el cementerio residuos patogénicos de procedencia biológica, aunque no así los corto punzantes como las jeringas, porque “había que sacarlos”.
“Se utilizó una ambulancia que está asignada para mantenimiento, no se lleva nada ahí. Se hace un pozo, se deposita y se entierra”, informó en esa oportunidad Roberto Borgo y detalló: “Lo que está pendiente de retirar está en un área aparte; lo que no se puede dejar de retirar es material biológico en riesgo de descomposición”.
El Administrador explicó además el procedimiento: “Esto se hace con autorización del Subsecretario y con participación de Obras Públicas, no a escondidas; se hace una fosa con una retroexcavadora y se tapa en el momento”.
El Secretario de Salud Javier Sualdea había negado todo ante concejales de la oposición en una reunión en la que lo convocaron para dar explicaciones sobre el caso. Allí señaló que “nunca” enterraron nada en el cementerio, que es “habitual” que haya residuos en esa zona y que “no pertenecen” al Hospital.
El concejal Sánchez Negrete se sorprendió con la medida judicial de la semana pasada, ya que consideró que como denunciante debería haber estado al tanto de la decisión. “Nunca me notificaron de nada”, aseguró.
La ley establece que “el transporte de los residuos patogénicos” debe “realizarse en vehículos especiales”, con “una dotación compuesta por dos unidades como mínimo, aptos, que aseguren la no interrupción del servicio”, que deben ser de uso exclusivo para esta tarea, con caja de carga completamente cerrada, blancas, identificadas y con una baliza luminosa, giratoria y de color amarillo.

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