Lotes para todos y lotes para nadie
Sin terrenos que permitan acceder a la vivienda propia, los sampedrinos que pueden comprar buscan alternativas para alcanzar el sueño. En ese marco, muchos adquirieron parcelas en loteos que no estaban habilitados y no pueden escriturar. El debate cobró relevancia en el Concejo Deliberante, donde hay propuestas de rezonificación de espacios que a pesar de estar integrados a la trama urbana todavía son considerados “rurales”. La especulación inmobiliaria crece en territorios que luego deberán ser abastecidos de servicios públicos.
Las discusiones dentro del Concejo Deliberante en torno a la excepción solicitada por un privado para el loteo de un terreno ubicado en una de las zonas estratégicas para el desarrollo urbano de una ciudad cuyo crecimiento parece imparable devolvió el debate sobre la imposibilidad que tienen los sampedrinos para acceder a un pedazo de tierra que les permita proyectar el sueño de la casa propia.
Con un mercado inmobiliario en dólares que maneja precios similares a los lugares más paradisíacos del mundo, creció durante los últimos años la modalidad de la compra colectiva a través de fideicomisos que permiten la adquisición de una porción grande de campo para avanzar en la subdivisión.
Además de esas compras cooperativas, muchos hombres de negocios advirtieron que ahí había un nicho lucrativo para explotar y no perdieron el tiempo. Desde los primeros loteos autorizados en la década del 90 en adelante y la extensión de la zona urbana cuando Mario Barbieri era concejal y fijo pautas para la primera de las quintas aún cuando el camino a Obligado no estaba pavimentado, no cesaron las publicidades que dan cuenta de la venta de terrenos en barrios que a veces se promocionan como “cerrados” pero no lo son y que plantean una diferenciación respecto de la trama urbana en la que usurpaciones, divisiones irregulares de predios para construir mini departamentos y otros inventos especulativos obligan a los pocos que pueden a invertir en lotes lejos de la ciudad pero cerca de un mundo prometido. De hecho, uno de los pioneros en este tipo de propuestas fue el por entonces empresario de transporte y hoy funcionario de gobierno Fabián Bianchi con
“Manantiales de Obligado” que luego se transformó en un complejo de cabañas. Luego vinieron las autorizaciones que se debían tramitar en La Plata cuando Julio Pángaro dejó la intendencia para ocupar un cargo en la estratégica sub secretaría que regulaba estos emprendimientos en la Provincia de Buenos Aires, todo parece “historia vieja”.
La necesidad de rezonificar
Está claro que la ciudad está atrasada en materia de legislación y que el interminable “estamos en eso” del debate sobre la modificación de la ordenanza de uso y ocupación del suelo, la denominada San Pedro 2000, duerme el sueño de los justos, con exclamaciones de ocasión electoral.
El subsecretario de Obras Públicas Carlos Codern aseguró en la primera reunión que mantuvo con la Comisión de Planeamiento que quiere debatir aunque más no sea modificaciones específicas para saldar la deuda y dejar en el transcurso de estos ocho meses de gestión algunos temas resueltos con respecto al tema, pero resulta difícil de creer si se toma en cuenta que lo único que ocasiona esta demora es la “elusión” de la norma, el loteo indiscriminado y en cierto modo las usurpaciones que terminan instaladas para siempre en lugares donde precisamente reciben servicios aunque no paguen por ellos sus tasas e impuestos.
En esa comisión, que preside el concejal Ariel Ramanzini, hay varios pedidos de excepción y la decisión es que no sean tratados como tales. Entre ellos, un loteo en una zona que pasó en pocos años de quintas de fin de semana a viviendas familiares de ocupación permanente, con comisión de fomento, luminaria pública reclamada en tiempos de elecciones, cuya inclusión en la zona urbana aparece como urgente, sobre todo si se tiene en cuenta que ni siquiera la policía los tiene presentes, porque dependen de la inefable Patrulla Rural con asiento en Doyle, a más de 25 kilómetros de distancia.
El problema es doble: los desarrolladores de estos proyectos los ponen a la venta con una subdivisión de hecho que luego buscan ratificar y la gente compra porque no tienen otra posibilidad. Luego los trámites demoran, empiezan la construcción, la escritura no llega y los impuestos tampoco.
Como bien señaló Patricia Rocca en la extensa, vociferada, chicanera y algo constructiva reunión de comisión del lunes pasado, “es una estafa a la gente, que compra para Procrear, por ejemplo, pero después no puede escriturar”. En la comisión, el Frente de Todos, a través de Juan Almada, propuso rezonificar, “con la prerrogativas que indique provincia”, todo el espacio donde está enclavado el loteo en debate aunque no dijo qué sucederá con otros sectores en las mismas condiciones. Almada, además quiere que se discuta la inclusión en zona urbana de todo lo ubicado entre Caseros y Ruta 1001, por Crucero General Belgrano y alrededores, con el ejemplo de las viviendas del club Los Andes, que pagan una irrisoria tasa de red vial porque “la calle interna es del club”.
El concejal pidió que el Ejecutivo “se haga cargo”, porque “un proyecto no se puede llevar adelante sin prefactibilidad, sin que el Ejecutivo diga que no pueden vender así”. Advirtió que “el Ejecutivo no quiere la zonificación” y que “el grupo que está ahora” –por los arquitectos Codern, Barceló y Penino– prefiere el crecimiento “hacia arriba” en clara alusión a los edificios que ya impactan en la traza urbana. Ramanzini reforzó: “Barceló lo planteó acá, como representante del Colegio de Arquitectos”.
La propuesta de Iván Paz quedó en el acta: “Con ese expediente yo no estoy de acuerdo. Propongo pedir asesoramiento a Ordenamiento Territorial provincial y convocar al Ejecutivo para debatir sobre ese triángulo”.
“Viejo Vivero” y algo más
En junio del año pasado La Opinión expuso el caso de 100 familias del fideicomiso Viejo Vivero, en inmediaciones de Ruta 1001 y Crucero General Belgrano, quienes no pudieron escriturar y ahora esperan por mecanismos burocráticos que en el Gobierno provincial tengan en cuenta, con la ley de hábitat en la mano, la condición de proyecto social y no de especulación inmobiliaria –al menos en principio– de ese loteo.
Pero hay más, quizás con la diferencia de que ese emprendimiento nació de la conjunción de necesidades varias de parejas de clase media con escasa capacidad de ahorro y con trabajo en relación de dependencia o en PyMes. Todos los casos tienen en común que las familias que tuvieron la posibilidad de adquirir un terreno ahora no pueden escriturar. Muchos otros eligieron vender y pensar en otra cosa. Algunos que habían comprado promociones que decían “aptos para Procrear” se apuraron a malvender la inversión original para buscar un predio que les permita construir su vivienda con el programa nacional.
“Venden loteos que no pueden vender”, dijo con buen tino Cecilia Vázquez mientras en medio de los cruces la voz de bajo volumen de Dalmy Butti pedía “escuchar los fundamentos técnicos del Ejecutivo”.
“Al final somos unos cachivaches”, sinceró Sandra Mari y le llovieron las críticas. Las demoras para el tratamiento fueron materia de análisis y Ramanzini, con un posicionamiento que en principio puede ser analizado como de defensa de los inversores –él es uno de ellos- pero que en última instancia también hace referencia a quienes compraron su lote y quieren construir allí, señaló: “Se demora todo, pedimos informe tras informe, pero nunca le damos respuestas a la gente”.
Las usurpaciones también influyen
Las tomas masivas de terrenos condenaron a diversos barrios a parias del mercado. Nadie quiere comprar en esas zonas y quienes lo hicieron se apuran a vender.
De hecho, a muchos de los que les usurparon predios que tenían en condiciones no demasiado buenas les vino bien la intervención del área de Hábitat del Gobierno nacional para la tramitación de la venta del terreno y posterior compra por parte de quienes lo ocuparon de manera irregular.
Así las cosas, quienes quieren adquirir un lote para construir el sueño de la casa propia eligen sectores de la ciudad donde los precios de duplican, triplican y hasta decuplican, porque en los barrios “conflictivos” los que había fueron usurpados y los que persisten con el cuidado cotidiano de sus dueños no están en la preferencia.
Por ello también creció esta modalidad de loteo en zonas alejadas pero resguardadas, cuyo costo es ostensiblemente mayor a aquella donde “el riesgo” del Otro, del vecino no tan “agraciado” es permanente.