Los ultrajes no sólo son sexuales

Desde que Brisa fue herida y considerada muerta, siendo una bebé, por las lesiones de las que aún se recupera en su vagina, en la que se escondía la droga para ingresar al penal de San Nicolás, al caso que mantiene en vilo a la población tras un cumpleaños de 15, las reglas no han cambiado.
Ha mutado el grado de exposición y la reiterada violación a la privacidad que también fue tema de debate cuando se desenmascaró al pedófilo Varela y manos o mentes inescrupulosas hicieron circular fotos que ningún periodista está habilitado ni puede publicar. Las redes sociales hacen estragos y la reacción popular es imparable no sólo por la morbosidad creciente sino por la falta de conciencia en las consecuencias que tienen los daños colaterales.
En muchos casos cuando la contención está ausente, la propia familia termina actuando como verdugo de la privacidad.
Hace pocos años, un violador serial que se ocultaba en su tarea de chofer “buen mozo” violó y golpeó a dos menores. La difusión del caso y los beneficios de los que gozó por su buen aspecto físico y sus aparentes conductas, hicieron de los periodistas un blanco perfecto. Aquellos que se animaron a difundir para provocar la aparición de otros testimonios que lo llevaran a la condena por sus vejámenes reiterados encontraron el alivio cuando la Justicia pudo trabajar sin presiones y hasta encontrar –gracias a los medios de comunicación– al resto de las víctimas.
Hasta aquí una mínima muestra de casos, muchos otros fueron encaminados en privado por los periodistas que priorizan los derechos de un menor a una noticia que en un pueblo chico provoca más daños que prevención. La idea es confesar al lector que es tan delgado el camino sobre el borde de este precipicio que resulta difícil no caer.
Dicho esto, queda en manos de las familias decidir qué grado de difusión permiten o alientan en medio de un dolor que no pueden manejar sin ayuda de especialistas para evitar que sus seres más queridos sufran un doble daño: el del ultraje sexual y luego el de la exposición pública.
En el año 2012 la Mesa local de Violencia y Abuso en San Pedro, logró la aprobación de la Ordenanza 5986 que establece un “Protocolo de Actuación Integral en caso de Violencia de Género, Maltrato y Abuso Infantil”. Pese a su existencia, en algunas oportunidades no sólo se ha ignorado su texto sino que se lo ha violado en grado extremo tanto por negligencia como por ignorancia o elusión de responsabilidades.
Aun sin esta norma, hay patrones de conducta que deben respetar los medios de comunicación, por ejemplo cuando deciden no publicar noticias sobre suicidios, harto reclamadas por lectores, oyentes, televidentes o actores de redes sociales, incluso con cierto grado de extorsión que se expresan en un solapado “¿Por qué no dicen nada que se mató XXX?”. Salvo que se trate de una persona de gran exposición pública la que decide quitarse la vida, los periodistas toman decisiones que están sujetas a su conciencia y a las prácticas que indican que la mera publicación suele producir un efecto cascada imparable y para ello basta recorrer nuestra memoria y hallar un período en el que al menos cuatro adolescentes de manera consecutiva decidieron terminar con su existencia en menos de dos meses.
Valgan estas reflexiones para quienes en las últimas semanas se regocijan mirando fotos, videos o repiten nombres y apellidos que golpean a menores cuya estigmatización puede ser generada incluso por sus propios progenitores. El viernes de la semana que pasó fue un claro ejemplo. La madre de una menor víctima de abuso irrumpió en una reunión pública para reclamar justicia y allí, amén del público presente y los funcionarios, había medios de comunicación. ¿Qué hacer? Frente a la decisión de un adulto desesperado que reclama justicia en un lugar donde nada es privado, la pesada decisión queda en quien decide o no darle difusión. ¿Está bien o está mal que sea el criterio de una persona que ejerce una profesión tener esta potestad? Ni bien, ni mal. Depende de convicciones éticas que sólo se ajustan a cada trabajador de prensa pero por sobre todas las cosas a los que en ese mismo momento deberían haber procedido a contener al denunciante o conducirlo a un ámbito estrictamente privado para su tratamiento. Ni ellos pudieron o tal vez por la sorpresa no alcanzaron a reaccionar.
Cuando la prensa puede aportar o influir en garantizar la consecución de una causa, la protección de testigos, la derivación a organismos especializados, estas dudas no se generan. Cuando se superan los límites de sus posibilidades es la conciencia quien dicta el procedimiento.
Hasta aquí las reflexiones que compartimos con la sola y sana intención de indagar en lo más profundo de nuestro ser, qué es lo que nos lleva con una cuota exagerada de morbosidad a querer conocer u ostentar hasta el más mínimo detalle para satisfacer la curiosidad de una sociedad que no alcanza a entender que del mismo modo en que un psicólogo o un maestro etiqueta a su paciente o a un alumno frente a terceros, viola derechos con consecuencias nefastas para su desarrollo.
Otro tema a poner en el tapete es la creciente exposición pública de niños y adolescentes que no miden consecuencias a la hora de exhibir en una red social su vida privada y la de sus amigos o familiares.
Hoy se discuten públicamente las fotos del Fiscal Nisman y se contrastan con las de la cruda escena de la muerte en el baño de su departamento. Todo imposible de parar porque el sistema digital de comunicación siempre es más veloz.

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El Protocolo
Además de la Justicia y las fuerzas de seguridad, contamos con leyes que específicamente regulan el procedimiento que se debe seguir ante cualquier delito de acción privada o de índole sexual.
Si bien el primer paso es la prevención y la difusión intensiva de pasos a seguir para evitar que ocurran hechos aberrantes hay acciones concretas que pueden emprenderse cuando los responsables de esa tarea no cumplen con su deber. No estaría mal que el Estado local, amén de su patética ausencia en todos los ámbitos, dotara a cada familia junto al envío de recibos de tasas de una mínima fotocopia con los pasos a seguir ante cualquier tipo de crisis. Desde una evacuación de emergencia a una violación, hay una enorme distancia, pero ninguna impide que demos por conocidos los pasos a seguir ante algo que desespera a quienes observan a un niño golpeado, un anciano asaltado o un hecho como el que ha motivado este largo intento por lograr la reflexión colectiva.
Imagine el lector que lo que escribiremos a continuación bien podría ser parte de un precario manual de instrucciones tales como “en caso de urgencia llame al 101”. Cuando Ester Noat estuvo a cargo de la Secretaría de Acción Social, estos servicios funcionaban. Incluso sus sucesores en el cargo los mantuvieron por un tiempo. Todos o casi todos sabíamos que si un niño era víctima de maltrato se podía llamar al 422000. Ese anuncio se emitía por todos los medios locales de manera gratuita porque el teléfono derivaba a un celular con una guardia de 24 horas los 365 días del año. Poco a poco tanto la UCEFF, como el Centro de Prevención de las Adicciones o el Servicio Local del Menor fueron recortando actividades por falta de control y recursos.
Ahora, tomando en cuenta estas experiencias, con esos servicios en estado de abandono y sin conducción clara en el área más sensible de la comuna, podemos reclamar que en la próxima campaña electoral todo dinero destinado a volantes y papeles utilice al menos una cara para que cada vecino tenga en sus manos estas mínimas instrucciones.
Como dice el protocolo aprobado por Ordenanza, en los momentos de crisis hay herramientas tanto para las víctimas, los testigos, los profesionales de la salud, los agentes judiciales, las fuerzas de seguridad. Es claro que son pocos los que confían en su eficacia pero tomando en cuenta algunos de los postulados, siempre hay algo que el ciudadano común puede hacer y hasta exigir. En un caso de violación por ejemplo, será importante que la víctima sea derivada de inmediato no sólo para constatar lesiones, sino para que se proceda al hisopado que permite luego determinar si ha sido contagiada de alguna enfermedad venérea o por HIV, sino porque es la única prueba fehaciente y concluyente para condenar a un violador. Preservar su identidad también puede ser una exigencia tanto para los médicos que intervienen como para la policía que pueda haber ayudado tras el episodio.
Esto también vale para las víctimas de violencia familiar. La constatación de lesiones debe ser urgente y la Justicia debe ser puesta sobre aviso de manera inmediata para que la denuncia no duerma en la Comisaría hasta que ya sea tarde para quien sufre de reiterados maltratos.
En síntesis, por más crisis económica y política que exista, hay mecanismos que pueden ponerse en marcha para exigir que funcionen los organismos que la ciudadanía sostiene para que simplemente trabajen.
Puede ser anecdótico pero no deja de cobrar importancia la actitud de aquel funcionario que sale a increpar a la prensa por “sentirse perseguido” ante su ineficiencia en el último caso resonante en vez de ir por la madre de la víctima a proporcionarle la contención que necesita para no alentar una y otra vez que se vulneren los derechos de una menor. Les llevaría el mismo tiempo y no andarían llorando por los rincones con un “por qué se las agarran siempre con nosotros, si nosotros recién asumimos”.
Modestamente, reconocer la propia torpeza de no tener en marcha servicios esenciales no exime de responsabilidad a funcionario alguno, sea de la gestión que sea y del partido político que represente.

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