Los sueldos y las bonificaciones abrieron la polémica

La edición de la semana pasada de La Opinión causó estupor en la población que accedió por primera vez en mucho tiempo a los números de los recibos de sueldo de los funcionarios en su totalidad. El detalle de las bonificaciones que triplican lo que cada uno lleva a su bolsillo fue materia de discusión y desde el oficialismo reconocieron que hay casos para revisar.
Además del salario básico, cada funcionario recibe bonificaciones por función y por título. Estas últimas están reguladas por un decreto del año 2008, algo que desde el Gobierno recordaron a través del Secretario de Desarrollo Humano Dalmy Butti, quien luego de una conferencia de prensa de la oposición convocada para hablar del tema, sostuvo: “Parece que todo hubiera empezado con Guacone”.
En efecto, el famoso decreto fue redactado por la gestión del exintendente Barbieri, con el ahora concejal Juan Almada como Secretario de Gobierno, quien aseguró que el problema no estaría en los huecos que deja la redacción de ese instrumento sino en los “abusos” que se cometen a partir de él.

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Modificar el reglamento
El Subsecretario de Recursos Humanos Daniel Porta reconoció la necesidad de modificar el decreto y que “la técnica legislativa” aplicada allí deja librados a la voluntad de quien hace un curso de cualquier cosa de presentarlo o no para cobrar el plus, ya que basta con que sea expedido por un organismo oficial o institución educativa reconocida para que haya que incluirlo, independientemente de su pertinencia.
Porta aseguró que “necesita un complemento que señale que los cursos y seminarios tengan una carga horaria determinada, a que estén relacionado con las funciones que cumple el agente” y adelantó que “ya hay algún borrador para mejorarlo”.
“Estamos analizando la totalidad de las bonificaciones para mejorar y que sea justo, porque para el decreto es lo mismo un curso que un título universitario y estamos trabajando para que en el futuro no sea así”, dijo el funcionario y coincidió en el análisis de que una “diplomatura” –como la de Juan Kasta– no es lo mismo que una carrera de grado. “Esa rareza aparece en el decreto 48, que deja abierta un área de interpretación y debemos buscar que sea objetivo y tengamos la herramienta para decir corresponde o no corresponde”, aseguró.
En ese marco, sostuvo que la modificación del famoso decreto está enmarcada en un “análisis global de la liquidación del personal” que tiene que ver con las horas extras, las bonificaciones, etc. “No me gusta hablar de ajuste sino de mejor distribución de los recursos, de las tareas y que nos permita generar un ahorro en esfuerzos y en dinero”, indicó.

Uso y abuso
Los concejales del Frente de Todos, en medio del análisis de la rendición de cuentas del ejercicio 2011, detectaron una serie de cuestiones que consideran irregulares, en el marco del pago de bonificaciones por título. Aseguraron notar una “intención” del Intendente “de recompensar” sólo a funcionarios, exceptuando al resto de los empleados.
Sánchez Negrete señaló que el Ejecutivo “ha pagado bonificaciones en expresa violación al texto del Decreto 48/2008 y sus modificatorios”; que “ha omitido pagar la bonificación del 9,09 por ciento (título secundario)” en todos los casos en que el agente tiene un título universitario y que “tampoco se ha abonado la bonificación del 10 por ciento sobre títulos universitarios en algunos casos”.
Por su parte, Juan Almada explicó que el decreto fue creado porque no había criterios unificados respecto de cómo “premiar” en el salario a quienes tenían formación académica y continuaban profundizándola. “Una cosa es hacer uso y otra abuso de este decreto”, aseguró.
Lo extraño es que durante los dos años que siguieron a ese decreto, hasta que Guacone expulsó a la plana barbierista el funcionario a cargo de Recursos Humanos era el mismo: Juan Jorge Kasta, “el beneficiado”.
La concejal Sandra Mari recordó que “Almada cobraba el 80 por ciento por bonificación por funciones”. Oficialista al fin, se quejó de los cuestionamientos de la oposición. “Hacer una conferencia para decir que los otros son sucios y haber hecho lo mismo es una muy fea actitud”, lanzó.
Arbitrariedad de quien tiene que aprobar el diploma a presentar y buena voluntad del funcionario para poner en consideración el “papelito” para la inclusión en la bonificación es lo que rige hoy. Por eso, la necesidad de modificar y transparentar.

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Debate de lectores
Durante toda la semana, la tapa y el informe de La Opinión sobre los sueldos de los funcionarios y sus bonificaciones fueron materia de debate. La polémica se trasladó a la web, donde hubo opiniones diversas sobre muchos temas vinculados.
Por supuesto, la caracterización de los monitos generó voces a favor y voces en contra. Algunos consideraron que la publicación de los montos era adecuada pero que el uso del reconocido refrán sobre estos animalitos y el baile era excesivo. Otros, con algo más de sentido del humor, defendieron a los simios como “pobres animalitos inocentes” que no tienen nada que ver.
De la misma manera, algunos lectores advirtieron con buen tino que aunque gobernaran otros “nadie va a querer cobrar menos” y que los sueldos que están “son para los que vengan, sean de cualquier partido.”
Otros cuestionaron que la publicación fuera sólo de funcionarios del Ejecutivo y que no apareciera aquí lo que cobran en el Concejo Deliberante. En ese sentido, hubo quienes recordaron que este semanario “se encarga de publicar siempre cuánto cobran los concejales”.
“Está bárbaro nombrarlos porque son nuestros empleados y los dueños debemos saber cuánto ganan. Hoy están ahí administrando lo que es de todos”, resumió un lector en su comentario.
Entre el funcionariado hubo de todo. La mayoría, y públicamente, aceptó que esa información debería ser accesible a todos y que su publicación no afectaba en nada. Otros y en privado se quejaron y hasta cuestionaron la aparición de los descuentos porque podría haber alguna que otra cosita que tuvieran que ocultar.

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