Los relatos del horror de la Dictadura
Las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad de la semana pasada dejaron importantes testimonios que dieron cuenta de la gravedad de los hechos en debate. Otra vez, la presencia de los jóvenes fue importante. El Fiscal Murray destacó que las víctimas breguen por un proceso justo para sus victimarios y que la comunidad pueda asistir a esta circunstancia histórica. Esta semana, quinta y sexta jornadas.
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La segunda semana de audiencias por los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona durante la última Dictadura cívico militar dejó importantes testimonios del horror que vivieron los detenidos desaparecidos en los centros clandestinos dispuestos para la práctica del terrorismo de Estado, que tienen en el coronel Manuel Fernando Saint Amant al principal responsable pero no al único.
Las causas ventiladas la semana pasada fueron las de la pareja que en 1976 conformaban Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel (un conocido militante por los Derechos Humanos que formó parte de la Conadep y la redacción del Nunca Más) y la primera parte de los secuestros de los sampedrinos Florencio Gamarra, Juan “Gina” Díaz, Alfredo Velazco, Ricardo “Perruno” Montalvo y Orlando “Naico” Brambilla, en 1977.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello, escucharon los testimonios vertidos por testigos y víctimas.
Esta semana, las audiencias tenían lugar ayer y hoy, las que serán reflejadas en profundidad en la próxima edición.
Un comisario y un abogado
Graciela Zelayeta y Eduardo Schiel fueron detenidos en la plaza Constitución, alojados en la sede de Prefectura, puestos en libertad y secuestrados minutos después a pocas cuadras. De allí a una casa quinta donde los “desnudaron y torturaron”.
Estaban en San Pedro porque la madre de ella vivía acá. De Capital Federal, novios de veintipocos años, solían venir de visita. Caminaban por la calle cerca de la plaza cuando escucharon una voz de alto. Asustados, empezaron a correr. “En ese momento nos empezaron a tirar con ametralladoras, creo que eran 2 ó 3 personas”, contó Graciela y dijo que fue “una balacera impresionante”, que incluso dejó marcas en una casa.
Por su parte, Eduardo Schiel recordó que “un abogado cuyo apellido empezaba con A” –que no reconoció en el listado de matriculados que le ofrecieron durante el juicio– llamó a su padre, un conocido dirigente radical porteño, para asegurarle que si le daba “5.000 pesos” podría lograr su libertad.
Su padre vino a la Comisaría, donde le dijeron que nada sabían ni dieron cuenta de detenido alguno con el nombre de Schiel. En el Regimiento lo mismo. “Mario Sbert, de la Prefectura, y Víctor Spagnuolo” fueron los nombres que pudo exponer como sus captores.
Schiel relató con detalle cómo fue torturado mientras lo mantuvieron en cautiverio. Encapuchado y esposado, hasta llegaron a tirarlo en una zanja para simular un fusilamiento, disparos incluidos. Le pedían “que cante” y lo acusaban de cosas de las que no tenía idea.
“Eran una patota grande”, dijo sobre sus torturadores. Golpes, picana, submarino seco, baldazos de “agua inmunda” fueron parte de los vejámenes que el joven quiso denunciar ante el entonces Juez Federal Milani, quien sin prestarle atención quería que firmara una falsa declaración en la que “confesaba”.
Schiel fue liberado en 1981 gracias a las gestiones que hicieron por él expresidente Arturo Illia y el luego presidente Raúl Alfonsin, ambos allegados a su padre por su vínculo con la UCR.
Eduardo Schiel es abogado y patrocina a la querella en la causa por la extraña muerte del Obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León. Finalizada la Dictadura, Schiel fue miembro de la Conadep y participó de la redacción del Nunca Más, en el que aportó el capítulo dedicado a Ponce de León y los religiosos perseguidos por el terrorismo de Estado en la región.
Di Pasqua, Díaz y Velasco
Miércoles y jueves pasaron por el recinto del Salón Dorado los testimonios de Jorge y Nilda Gamarra, Ada Brambilla, Juana Abatangelo, Néstor Drago y uno de los detenidos en la denominada causa Montalvo, Alfredo Velasco. También testimonió Horacio “Cacho” Di Pasqua, hemano del desaparecido baraderense Angel Di Pasqua, secuestrado a los 23 años.
Di Pasquea Relató que alrededor de tres años después de la detención llegó “un señor” a su casa, “tocó timbre, de apellido González” y recordó: “Me traía en un paquete de cigarrillos una carta de mi hermano. Era como despidiéndose porque al otro día lo fusilaban. Era para mi mamá pero me la dieron a mí. El cuerpo no apareció”.
“No recuerdo la fecha de la carta, lo conocí por la letra. Nos nombraba a todos, uno por uno. Se despidió de mi hermana y de su futuro hijo. Eran muchos detalles para que la haya escrito alguien que no nos conocía”, aseguró.
Un párrafo de la carta, que llegó en el dorso de una marquilla de cigarrillo, decía: “21.00, martes 11 de mayo. Mami: te imagino preocupada, mejor dicho deses-perada. Esta carta te la escribo tratando de aliviarte y sabiendo de que voy a morir antes del viernes”.
Los relatos locales tuvieron que ver con los secuestros de Juan Manuel “Gina” Díaz y de Alfredo Velasco. Declararon su esposa Ada Brambilla, hermana de Naico, también secuestrado por esos días; Néstor Raúl Drago, de cuya casa se llevaron a Díaz; el propio Velasco y su esposa.
Ada Brambilla contó que durante tres días seguidos, junto a su familia, fueron a la Comisaría en busca de respuestas. “Nunca nos dijeron nada, al contrario. Nos pedían que nos fuéramos. Era un trato frío. Como que querían rápido que saliéramos de ese lugar”.
Cuando el Fiscal Murray le preguntó por el imputado sampedrino Daniel Fernando Quintana, expolicía, la mujer no dudó: “Lo conozco, sí. Era soplón de los militares y de la policía. Sí, trabajaba en la Policía; creo que acá en San Pedro”. Recordó que Díaz y el expolicía habían tenido una discusión en la cancha de Independencia y que el ahora imputado le había dicho “algún día me las vas a pagar”.
Juana Petrona Abatangello, esposa de Alfredo Velasco, contó que cuando se llevaron a su marido él “era afiliado al Partido Comunista” y “Secretario Adjunto” del sindicato de papeleros. Empleado de Celulosa Jujuy, estaba de huelga por reclamo salarial.
Luego de que se llevaran a su marido, la mujer salió de la casa y se encontró con la esposa de Ricardo Montalvo, otro de los secuestrados. “Nos fuimos a la casa del Intendente (Eduardo Donatti) a esa hora, y no nos atendió. Salió un señor y nos dijo que no nos podía atender”, contó.
“Lo único que hizo mi marido fue estar afiliado y tener ideas, hacer algo por sus compañeros de trabajo, y me siento orgullosa de eso”, sostuvo Juana.
La importancia de los juicios
El Fiscal Juan Patricio Murray calificó de “muy importante” el hecho de que los debates tengan lugar “en los lugares donde ocurrieron los hechos, donde viven los testigos” y aseguró que las audiencias son “un hecho movilizador de la comunidad” porque permite que los vecinos “tomen conciencia de lo que ocurrió en ese período negro de nuestra historia, durante la última dictadura cívico militar”, porque, explicó, “no fueron cosas que acontecieron solo en Buenos Aires sino que en todos los rincones del país hubo hechos represivos, víctimas, desapariciones, asesinatos y torturas”.
El Fiscal destacó que las víctimas han señalado su satisfacción porque sus victimarios sean juzgados a derecho, en situaciones muy distintas a las que les tocó a ellos y remarcó la presencia de jóvenes dentro y fuera del recinto.
