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miércoles, abril 14, 2021

Los procedimientos “por drogas” de la Policía Local terminan en archivo

Mientras la policía hace crecer la estadística de causas por la ley antidrogas, en Fiscalía aseguran que es “un dispendio de recursos” en vano. La mayoría de los aprehendidos con marihuana desde que comenzó a actuar la Policía Local tenían una cantidad ínfima de droga en su poder, por lo que el expediente fue archivado. En el Ministerio Público Fiscal aseguran que hay “diferencias de criterio”. La Defensoría también presentó quejas.

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Desde que la Policía Local recorre las calles de San Pedro, a la polémica instalada en relación a sus procedimientos de requisa se le sumó la de los resultados de “procedimientos por drogas” que no dan cuentas de bandas desbaratadas, redes de comercialización desmanteladas, “kiosquitos” descubiertos ni “narcos” apresados.

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La mayoría de los casos están vinculados a causas por “tenencia simple”, con cantidades secuestradas que encajan en lo que se denomina “consumo personal”, despenalizada desde el famoso fallo Arriola, que sentó jurisprudencia al respecto.

Los resultados de procedimientos de requisa  de la Policía Local ya provocaron quejas de la Defensoría por presuntos excesos en sus atribuciones.

En muchos operativos “de rutina”, los “Pitufos” cumplen con interceptar peatones o motociclistas para identificarlos por algún tipo de sospecha, lo que genera otra polémica relacionada con la estigmatización, porque los interceptados responden a ciertas características y no a otras.

Varias de esas intervenciones terminaron con personas, sobre todo jóvenes, aprehendidos y trasladados a la Comisaría para la notificación del inicio de una causa en su contra, imputados por el delito de “tenencia simple” de marihuana a través de lo que indica la ley 23.737, la denominada “ley de drogas”.

Cuando esas causas llegan a Fiscalía, tienen un solo destino: el archivo. Como la jurisprudencia en la Argentina sentó las bases para no penalizar el consumo, Fiscalía debe poner en marcha la maquinaria judicial apenas para llenar papeles.

Palabra de Fiscalía
Consultada para esta nota, la Fiscala Viviana Ramos informó que “el criterio adoptado” en Fiscalía “sigue la política de la Procuración” que es la de “considerar al adicto un enfermo, no un delincuente” para “apuntar a las cadenas de comercialización”.

“Se genera la causa, con número, notificación, se corroboran una serie de situaciones y, generalmente, se archiva la causa desde la propia Fiscalía”, explicó Ramos en relación al procedimiento que sigue el Ministerio Público Fiscal y agregó: “A una persona con uno, dos gramos, un cigarrillito, se lo notifica, se invoca el fallo Arriola y se archiva”.

Es decir que Fiscalía trabajó para el armado de un expediente que luego será guardado porque la causa queda sin efecto. “El dispendio jurisdiccional existe”, dijo la Fiscala, quien consideró que “cada uno en su función”, ella y el Poder Ejecutivo que “baja línea” a las policías, pero con “diferencias de criterio”.

“Responden a distintos intereses y urgencias. A la Policía Local, como estadística, le sirve. A nosotros nos genera un papeleo, son hechos que abundan en papel pero no son judicializables ni penalizables, son insignificantes desde el punto de vista penal”, sostuvo la titular de la UFI 11.

Otro de los problemas que surgen cuando alguien con una “tuca”, un porro, unos pocos gramos o un pequeño bagullo de marihuana es imputado es que esa condición lo invalida como testigo.

“Podría aportar datos, pero si se transforma en sospechoso no puede declarar contra sí mismo ni aportar datos. Imputarlo invalida su declaración testimonial”, advirtió Ramos.

Requisas, ¿sí o no?
“Si nos atenemos a lo que es el código de Procedimiento Penal, la requisa requeriría una orden del Juez de Garantías”, sostuvo la Fiscala Viviana Ramos en relación a los procedimientos de identificación que lleva adelante la Policía Local.

“El que se queja es porque tiene algo que ocultar”, supo decir el titular de esa fuerza, Subcomisario Adrián Fernández, declaración que generó polémicas pero tuvo abundante apoyo en las redes sociales.

“Hay un juego de poderes, de avances y retrocesos (de los derechos civiles) en función de necesidades coyunturales”, consideró la titular de la UFI 11.

La posición de Ramos se apoya en lo que se denomina “principio de oportunidad”, que les permite a los fiscales diferenciar lo que es importante de lo que no, sobre todo en tiempos de “penalización social” excesiva.

La semana pasada, La Opinión reveló que, otra vez, los jueces de Garantías y hasta la propia Cámara de Apelaciones decide excarcelaciones a raíz de la superpoblación de cárceles y comisarías, a contramano del discurso que considera que la solución a la problemática de inseguridad está en el endurecimiento de las penas.

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