Los planes citados por la Justicia Federal no reconocen sus firmas
Al menos dos de las 63 personas que fueron citadas para declarar en el marco de la causa en la que se investiga la cobranza de Planes Jefes y Jefas de Hogar por parte de empleados municipales, aseguraron que no son suyas las firmas de los comprobantes de pago. La fiscalía federal, por estos días en receso, citará ahora a “altos funcionarios” del municipio.
“Me mostraron los papeles firmados, y la letra no era mía, parecía como si hubiera firmado un chico de cinco años”, dijo una de las personas que fueron citadas recientemente por la Justicia Federal de San Nicolás, como parte de la investigación sobre las irregularidades detectadas en el cobro de planes Jefes y Jefas de Hogar por parte de empleados municipales.
Durante Diciembre, varios fueron los ex empleados que viajaron a San Nicolás citados, pero ninguno de ellos aceptó declarar, por recomendación de los defensores oficiales.
Antes de iniciarse el receso de verano, la Dra. María Poggio confirmó desde la fiscalía federal que la mayor parte de las 63 personas citadas se habían presentado, aunque no pudo especificar la cantidad exacta. Poggio estuvo reemplazando al fiscal subrrogante, el Dr. Patricio Murray, quien estaba ausente con licencia, y dijo que esta fiscalía seguirá adelante con la instrucción a partir de Febrero. Es importante recordar que se investiga no sólo en San Pedro por este tipo de irregularidades sino a varios municipios de la Provincia.
Lo más relevante de estos primeros contactos con los ex empleados municipales, que podrían ser acusados de estafa al Estado, es que ellos reconfirmaron que no cobraron los $ 150 en el período en que estaban trabajando para el municipio. Es más, informalmente, varios de ellos pudieron ver los comprobantes de pago del Banco Provincia, y no reconocieron las firmas que allí están asentadas.
Este detalle agrava la situación. En un primer momento, incluso la fiscalía reconoció que quizá las irregularidades denunciadas podrían corresponder a “errores administrativos”. Pero el hecho de que existan estos comprobantes, complica esta hipótesis. Con estos documentos, no sólo se certifica que los $ 150 fueron cobrados durante largos meses –algunos por casi dos años- sino que podría quedar demostrado que lo hicieron otras personas en nombre de los beneficiarios, falsificando sus firmas.
De todo un poco
Las situaciones de los citados no son iguales en todos los casos. Una de las personas que ya declaró, comentó a La Opinión que actualmente trabaja para el municipio y confirmó que su caso estaría aclarado. “Me leyeron la causa. Ellos interpretan que nosotros éramos empleados municipales y que después recibimos el plan social. Pero fue al revés, empezamos a trabajar cuando ya éramos beneficiarios y posteriormente nos tomaron en relación de dependencia”, explicó. Estos casos mantienen grandes diferencias con los anteriores porque la superposición de trabajo en blanco y cobro de los $ 150 se registra en un lapso muy pequeño, que correspondería a la demora en dar de baja el plan. “Yo me di de baja en Octubre y recién salió en Marzo la baja definitiva pero la superposición sería solo de un mes, por eso todo quedó aclarado. Me dijeron que en esta causa no se investiga a personas por haber cobrado pocos meses, arranca de casos que hayan cobrado más de tres meses estando en blanco”, explicó la misma fuente.
El detalle que corrobora si hubo superposición o no, es en definitiva el cobro del beneficio. Si una persona radicó la baja del programa y no volvió a cobrar los $ 150, no debería existir inconveniente a pesar de que el Estado no hubiera culminado el trámite administrativo.
Quienes tienen conocimiento de cómo se ha manejado este programa, consideran que en gran porcentaje la responsabilidad “pasa por la gente”. “El Ministerio no hace todos los meses los cruces, y por eso muchos pudieron seguir cobrando este dinero aún teniendo un trabajo en blanco”, aseguran.
El resultado no es promisorio porque ahora son investigados por la Justicia Federal. Pero el verdadero problema está puesto en la posibilidad de que terceras personas hayan cobrado esos montos de dinero que mes a mes sumaron cifras importantes.
Para descubrir “el sistema”, la Justicia seguramente citará a todas las partes y por eso no se descarta que incluso los empleados bancarios tengan que presentarse para brindar sus testimonios, porque serían testigos clave en estos casos.
No faltarán los peritos caligráficos que primero certifiquen que efectivamente, las firmas son apócrifas.
Testimonios
“La abogada defensora nos aconsejó que nos negáramos a declarar. Y nos pidió reserva, que no habláramos con nadie”, dijo uno de los ex empleados citados que hablaron con La Opinión.
Algunos de ellos, a raíz de estas citaciones, se dirigieron al área de Desarrollo Humano para pedir los comprobantes de cuando se les otorgó la baja del plan social. Pero no lo consiguieron. “A mí me dijeron que no hay nada. Nosotros en aquel momento éramos como diez o doce personas que habíamos conseguido trabajo en las obras de viviendas y fuimos a Desarrollo Humano a pedir la baja del plan”, recordó el mismo trabajador.
Las historias son variadas. Hay personas citadas por la Justicia que aseguran no haber cobrado nunca los $ 150, porque aunque sí se inscribieron e hicieron los trámites, jamás recibieron el beneficio. “Esta gente se anotó en el Club Independencia, cuando se hizo esa campaña, pero dicen que jamás les llegó el cobro”, dijo una fuente del caso.