Los pagos a proveedores amigos y las cuentas dudosas

De los detalles de la Rendición de Cuentas 2011, rechazada por el Concejo Deliberante hace quince días, aparecen varios elementos que permiten dudar respecto de ciertas contrataciones que hizo el Gobierno municipal durante el año pasado. Algo de ello fue denunciado por los concejales de la oposición durante la sesión, lo que sembró serias dudas en la población respecto a cómo se maneja la selección de los proveedores.
El “beneficio a los amigos” o la contratación por vínculos políticos apareció en escena. A pesar de cierto hermetismo por parte de los concejales que plantearon estos temas en el recinto, que prefirieron reservar datos relevantes, La Opinión pudo dar con el detalle de lo que figura cargado en el Rafam.
Las principales irregularidades están en once proveedores que según puede establecerse al observar los números de sus facturas, pareciera que sólo trabajaran para el municipio, creando la figura de una posible justificación de relación de dependencia encubierta o la creación de una empresa o emprendimiento personal a sabiendas de que el Estado los contratará.
Ello queda certificado además por las fechas de inicio de actividad que presentan las facturas que la AFIP y Rentas deberían controlar. La mayoría comienza casi especialmente para las necesidades propias de un año electoral.

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Monotributo
para todos y todas
Casi todos son monotributistas y con los montos facturados al Estado superan ampliamente lo que permite la categoría en la que están registrados. Otros no aparecen en los registros de AFIP. Algunos hicieron trabajos que ameritaban una licitación privada y fueron contratados de manera directa.
Fletes, remises, tosca, históricos punteros políticos… hay de todo y para todos. Incluso, el detalle da cuentas de que una de las obras más importantes fue asignada a un proveedor que no figura inscripto: nada menos que el puente peatonal de la escuela 27.

De los once,
los más caros
El proveedor 719 se llama Rodolfo Américo Vlaeminch. Figura como empleador desde 2007 aunque no está inscripto en ningún impuesto. Durante el año pasado cobró del Estado un total de 410.760 pesos. Fueron 45 pagos por cuya suma el municipio no hizo las retenciones legales e impositivas correspondientes.
Gustavo Fabián Iglesias cobró 394.890 pesos en 31 pagos por compra de tosca. Este proveedor, registrado en Rafam con el número 1164, aparece en AFIP como monotributista categoría C; es decir que no puede facturar más de 36.000 pesos anuales, por lo que se pasó unas diez veces sólo con lo que cobró al municipio.
Algo similar sucede con el monotributista categoría B Alejandro Ariel Franzoia, inscripto en AFIP en 2010 y a quien el año pasado el Estado local le pagó 394.640 pesos en 22 órdenes de pago. Su actividad es “construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales”. Su tope de facturación anual permitida: $ 24.000.
Si bien la mayoría de los montos abonados no superan los 10.000 pesos, hay al menos seis que van desde los 18.000 a los 104.000 que presentan la irregularidad de una contratación directa, sin concurso de precios o licitación privada, una situación que perjudica a quienes podrían prestar los mismos servicios a través de compulsa de precios y por ende tributando al erario público.
Además, el detalle de las facturas de Franzoia da cuentas de que todas las entregadas al municipio son correlativas, por lo que da la sensación de que para el único que trabaja es para el Estado sampedrino.

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Martín Fierro
para “El Puntero”
Los punteros políticos también tuvieron sus “favores” durante 2011, un especial año de elecciones en las que el intendente Guacone venció con lo justo al candidato del peronismo y sobre cuya campaña la oposición aseguró que “la pagó con recursos municipales”.
La estructura de los “referentes territoriales” o punteros políticos es una fija de cada contienda electoral y para ello hay que tener un dinero que la soporte. Aparecen así monotributistas que ofrecen una serie de servicios y que guardan relación o son ellos mismos reconocidos dirigentes, punteros o gremialistas con capacidad de llegada a algunos sectores de la población.
Al menos cuatro nombres relevantes aparecen en 2011 favorecidos por las decisiones gubernamentales a la hora de contratar mano de obra.
Uno de ellos es Marcelo Gabriel Leiva, el mismo que prestó facturas suyas para que Desarrollo Humano pagara a otros, con Fernando Coronel como artífice de esa irregularidad. Durante 2011, Leiva –monotributista categoría B, 36.000 pesos anuales–, facturó 155.900 pesos.
De ellos, cobró “ayudas sociales” por 27.500 pesos, distribuidas en cuatro órdenes de pago de 2.500, 4.500, 8.000 y 12.500 pesos respectivamente. Además, para la refacción de los baños y vestuarios del Estadio cobró a través de una sola orden de compra un total de 61.000 pesos.
Otro de los nombres es el reconocido Antonio Fermín Correa. El Tony no figura inscripto en AFIP, a pesar de lo cual se le confeccionaron veinticuatro órdenes de pago por un total de 110.102 pesos en el año, a razón de poco más de 9.000 pesos anuales, que en alguna oportunidad Correa aseguró que eran para pagar a jóvenes en conflicto con la ley penal con quienes trabajaba en diversas tareas de mantenimiento o colaboración para eventos.
Un tercero es Jorge Alberto Belo, reconocido puntero de la zona de la Bajada de Chaves apodado “zapatita”, quien tampoco registra impuestos activos en AFIP. El recibió 108.118 pesos en 2011, a través de 29 pagos, en concepto de “mano de obra”.
El cuarto caso es el de Jaquelina Araceli Paparini, una mujer que es monotributista categoría B, que puede facturar 24.000 pesos anuales, y que está inscripta desde el 01 de marzo del año pasado para la venta de muebles. Sin embargo, todas las órdenes de pago libradas a su nombre fueron hechas por los servicios de Seguridad y Vigilancia.
A priori resulta un tanto extraño, aunque algunas dudas se despejan cuando se tiene en cuenta que Paparini es la esposa de Pablo Casas, dirigente sindical del gremio Sutcapra, que nuclea a patovicas y que ofrece él mismo servicios de seguridad, además de haber manifestado públicamente su apoyo a la candidatura de Guacone.

Un octubre
de fletes y remises
El proveedor Fausto Isaias Capre no está inscripto en AFIP y cobró durante 2011 195.200 pesos por servicio de fletes. De ellos, 57.400 pesos fueron facturados entre septiembre y noviembre, meses previos y posterior inmediato a la jornada electoral de octubre. El promedio mensual de pago a este fletero fue de 16.266 pesos.
Lo mismo sucede con el remisero Roberto Atilio Barbera, cuya situación en AFIP es al menos irregular, teniendo en cuenta que su nombre arroja errores a la hora de hacer la consulta pertinente.
Barbera cobró 50.757 pesos por sus servicios, en 73 pagos, algunos de entre 5.000 y 7.000 pesos realizados entre los primeros días de octubre y mediados de noviembre.

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“El Ñato” no existe
Como se ha visto, aparecen pagos a proveedores que no están inscriptos, no tiene registro activo en AFIP o su situación es irregular ya que el sistema de ese organismo arroja errores ante una consulta. Entre ellos hay al menos tres más que llaman la atención por la característica de la tarea encomendada y los montos con que se vieron favorecidos en la contratación.
El más llamativo es el de Eduardo Andrés “El Ñato” Estelrrich, responsable de la obra del puente peatonal de la escuela 27, sobre la que todavía trabaja. Esa tarea generó una orden de pago de 93.000 pesos en septiembre del año pasado. En total, Estelrrich cobró once pagos que sumaron 128.300 pesos en el año. Si bien estaba inscripto como monotributista, aparece dado de baja.

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