Los miembros de la “banda de los Villarruel” dijeron que sólo son consumidores
Del total de diez involucrados en el caso, ocho permanecen detenidos, uno fue liberado tras la indagatoria y otro había quedado libre luego del procedimiento. Las declaraciones de los acusados no aportaron demasiado. Algunos prefirieron no hablar. Los que sí lo hicieron, no aceptaron preguntas. Esta semana estarían las pericias de los teléfonos.
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El Fiscal Patricio Múgica Díaz entró de licencia por vacaciones esta semana, luego de tomar declaración indagatoria a los involucrados en la denominada “banda de los Villarruel”, acusados de vender drogas y detenidos la semana pasada.
Son diez en total las personas que aparecen en la causa. A los ocho enumerados en estas páginas la semana pasada hay que sumar a dos más: un aprehendido que no apareció en los partes y que enfrenta una causa por tenencia simple; y otro que, por su condición de minusválido, no fue trasladado por la policía el día del operativo, pero estaba armado y volvió a aparecer en una causa de estas características.
La declaración indagatoria es el primer acto de defensa que tiene un imputado por un delito. En el caso de los apresados por comercialización de estupefacientes, algunos decidieron hacer uso de su derecho a no hablar. Otros, en cambio, sí declararon, aunque prefirieron exponer sin que Fiscalía les haga preguntas.
“La indagatoria es un acto de defensa. Si uno no tiene nada que ver, no veo por qué no aceptar preguntas”, señaló a La Opinión el instructor judicial Juan Francisco de la Torre, miembro del equipo de la UFI N° 1, tematizada en venta de drogas, que encabezó la investigación que derivo en las detenciones.
Aquellos que declararon, “básicamente dijeron que son consumidores y que no tienen nada que ver con la comercialización”, agregó el agente judicial.
Qué dijeron los detenidos
La declaración de César “Chino” Villarruel, de 37 años, era una de las más esperadas. Antes de entrar habría dicho a los agentes policiales que si se veía “complicado” haría lo que se conoce como “prender el ventilador”. Muchos recordaron su denuncia a la exfiscala Ates mientras estuvo preso acusado de homicidio y la minuciosidad con la que detalló algunos actos.
Sin embargo, fue escueto. Sostuvo que es inocente, reconoció que consume drogas y dijo que su vida giraba en torno al bar de Bajada de Chaves y Juan Ismael Giménez al que volvió tras ser absuelto por el asesinato de Evaristo “Largo” Rodríguez, vecino de la zona y padre del “Presi”, quien fuera señalado como al autor de la muerte de Mauricio “Oso” Villaruel, hermano del “Chino”.
En su declaración, el hermano de Stella Maris Villarruel, también detenida y acusada de ser una de las cabecillas de la banda, dijo que además del vínculo familiar que lo une a ella y a Sergio “Tati” Sosa, hijo de Stella, tenía relaciones de amistad con otros de los acusados.
Stella Maris Villarruel, de 46 años, también dijo que es inocente y que su cotidianeidad giraba en torno a la reventa de productos de indumentaria, cosméticos y utensilios de cocina, que ofrecía vía internet y por catálogo.
Lo mismo dijo su pareja, Agustín Daniel Gómez –conocido como “Agus Muratone”, por el apellido del marido de su madre–, de 21 años, quien supo ser empleado gastronómico en reconocidos comercios locales.
Su hermano Javier Muratone es el aprehendido acusado de “tenencia simple” que recuperó su libertad. Tiene abogado y es el Dr. Di Lorenzo, de San Nicolás.
El hijo de Stella Maris ViIlarruel, Sergio Ariel “Tati” Sosa, sindicado como el proveedor de la banda, domiciliado en Loma Hermosa, partido de San Martín, también se declaró inocente. Aseguró que sus frecuentes viajes a San Pedro en un servicio de minibús –en el que las escuchas telefónicas revelaron que traía la droga– eran para visitar a su familia.
Nelson Moisés Benítez, de 32 años, operario en una fábrica papelera cuyos allegados se quejaron en las redes sociales por la inclusión de su nombre en las crónicas periodísticas, sería yerno de Stella Maris y está involucrado en la causa. Dijo que no tiene nada que ver y que la droga que se halló en su domicilio de Güemes al 1400 era para consumo personal. En el lugar, la policía secuestró además un arma de fuego no declarada, que le significó la apertura de una causa por tenencia ilegal.
Jonatan Julio Coulin, apodado “Mayonesa”, tiene 27 años y es conocido en el ambiente judicial y policial por estar vinculado a la venta de drogas al menudeo. De hecho, cuando lo apresaron estaba detenido bajo la modalidad arresto domiciliario por una causa similar. Dijo que es inocente y que conoce a algunos de los otros detenidos, a quienes lo une una relación “de amistad”.
Leonel Albanese, de 20 años y domiciliado en Liniers al 500 hizo uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo Federico Confortola, de 32, a quien detuvieron en Ruiz Moreno al 500.
Llegan las pericias
El Dr. Juan Francisco de la Torre recibirá esta semana el resultado de los análisis de las pericias practicadas sobre los teléfonos celulares secuestrados a los detenidos.
Además de las escuchas telefónicas grabadas y las que se reportaron “en vivo” –modalidad que permite, por ejemplo, detectar dónde se encuentran los investigados–, a los investigadores les interesan las comunicaciones vía WhatsApp y Facebook, que en la actualidad no podrían ser intervenidas judicialmente.
“Tras el análisis de las comunicaciones, pediremos las preventivas”, adelantó el instructor de la Fiscalía del Dr. Patricio Múgica Díaz.
Los abogados defensores –la mayoría oficiales y algunos particulares– preparan sus estrategias para evitar la medida de prisión preventiva, aunque en Fiscalía confían que las pruebas colectadas son más que suficientes para que sigan arrestados.
Lo que puede surgir son medidas de morigeración, como en el caso de uno de los acusados, cuya abogada particular pidió se contemple especialmente su condición de adicto para que sea trasladado a un centro de rehabilitación, algo que podría cumplirse, en la medida en que los informes médicos oficiales dan cuenta de un desequilibrio psíquico que amerita atención.
“Los defensores, generalmente, buscan demostrar la adicción para que al menos la preventiva se cumpla en un centro asistencial. Hay familias que tienen los medios suficientes para ello, así que los jueces son proclives a otorgar ese beneficio, entre otras cosas porque en las cárceles no hay lugar. Además, siempre sienten que el arresto domiciliario es como decirles ‘andá a tu casa y seguí vendiendo’, lamentablemente”, confió un hombre que conoce desde adentro el funcionamiento del Poder Judicial.
Como el“Bomba”, pero a menor escala
La Fiscalía estima que la “banda de los Villarruel” movía unos 100 gramos de cocaína por semana en la ciudad, que llegaba a veces los jueves y a veces los domingos, en combi, desde la zona de San Martín.
“Había una pequeña pyme familiar”, consideró el instructor De la Torre, que fue quien tuvo a su cargo el proceso investigativo que derivó en la detención de Juan Carlos “Bomba” Gallardo.
Puesto a comparar, consideró que en el caso del “Bomba” se trata de “gente con otro tipo de antecedentes”.
Respecto a la actualidad de ese caso, informó que el Dr. Patricio Múgica Díaz apeló la decisión del Juez de Garantías Ricardo Pratti de otorgar el beneficio de arresto domiciliario para María Laura
Quinteros, que pidió esa morigeración de su condición de detenida porque “está triste”.
