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Edición 1440
Publicado el: Viernes, Noviembre 8, 2019 - 13:34

Los imputados por los asesinatos de Elías Chávez y Oscar Lezcano aseguran que actuaron en “legítima defensa”

Patrocinados por el abogado Mauricio Gugger, los acusados por esos dos homicidios ocurridos en San Pedro el 25 y el 30 de octubre, respectivamente, hicieron un planteo relacionado con la figura de la legítima defensa. Sebastián Dotti, imputado por apuñalar a Chávez en pleno centro, se entregó y declaró. Elías Gonda, detenido tras balear a Lezcano, hizo lo propio. Ambos dijeron que no tuvieron “otra opción” que matar para defenderse. El Juzgado de Garantías resuelve su situación procesal y la fiscala Ramos sostiene que cometieron asesinato.

San Pedro asistió en los últimos diez días a un debate público relacionado con la muerte, el asesinato, de dos personas: Elías Chávez, de 40 años, apuñalado tras una discusión de tránsito, y Oscar Lezcano, de 17, ultimado a balazos tras un episodio que forma parte de una rencilla de larga data. En ambos casos, la defensa de los imputados por homicidio, Sebastian Dotti (29) y Elías Gonda (20), respectivamente, planteó que fueron casos de “legítima defensa”, una figura que, hasta ahora, no convence a la fiscala Viviana Ramos, que sostiene la acusación contra ambos.

Los dos episodios violentos ocurrieron en circunstancias que ameritan un análisis respecto de lo que ocurre en una sociedad cada vez más violenta y en la que los conflictos, cualquiera sea su índole, se resuelven sin mediación de la policía o la Justicia. Por mano propia. Con armas blancas o de fuego. Incluso, como ha sucedido en otras oportunidades, con acciones como el incendio intencional de viviendas.

A la creciente violencia –que puede en San Pedro ubicarse en ciertos barrios donde parece que todo vale, pero no tanto: uno de los hechos de estos días fue en pleno centro– hay que sumar la desconfianza en el sistema judicial, en la policía, en las autoridades políticas, en las instituciones en general, en el vecino, en los familiares. En todos y en todo. Como si todo fuera lo mismo.

Quedó expresado en los cientos de comentarios que cada una de las noticias que publicó La Opinión en los últimos días respecto de los dos hechos de homicidio y en el de los apuñalados del sábado por la madrugada (ver página 8): que está bien, que si te atacan hay que responder, que no te queda otra. Hasta la familia de una de las víctimas fatales tuvo frases del tipo “le podría haber disparado a las piernas, si quería”, como si repeler cualquier ataque de cualquier manera estuviera bien.

“Los imputados se justifican a sí mismos diciendo que no tenían otra forma de solucionar estos conflictos de larga data que no sea a los disparos. Esta es la forma que encuentran de resolver los conflictos, al estilo del viejo Far West”, se sorprendió la fiscala Ramos.

Los dos casos que tienen en vilo a San Pedro se enmarcan en ese debate, el del límite de la “defensa propia” o de la “legítima defensa”, que está legislada y que tiene una serie de requisitos que deben cumplirse para que se considere, porque existe y hay una gran cantidad de casos que pueden recordarse, como el del anciano que le disparó a un joven que entró a robarle a la casa armado, cruzó la puerta de su habitación y le apuntó, tras lo que recibió un balazo por parte del dueño de la vivienda y la fiscalía consideró que había actuado dentro del marco que la ley entiende como “legítima defensa”.

La denominada “legítima defensa” se considera tal cuando ante una agresión real actual o inminente el atacado reacciona para, precisamente, defenderse. Para que esa reacción no se considere un exceso, deben darse ciertas condiciones.

El Código Penal Argentino considera que hay “legítima defensa” cuando existe una “agresión ilegítima”, se emplean “medios racionales necesarios” para repelerla y ocurre una “falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”.

En los homicidios de Elías Chávez y de Oscar Lezcano, el abogado de los imputados –el mismo para ambos, Mauricio Gugger–, hizo un planteo en ese sentido. Como se dijo, para la fiscala Ramos no hay elementos suficientes para encuadrar en esa figura lo que ocurrió en ambos episodios, por eso sostiene la acusación.
Gugger quiere la excarcelación de sus clientes. Ramos pedirá la prisión preventiva. El Juzgado de Garantías decidirá al respecto. Luego, en juicio, el Tribunal tendrá la última palabra. En cada uno de los casos, la expectativa de pena implica la posibilidad de que haya juicio por jurados. Si eso ocurre, será digno de seguir paso a paso lo que ocurra en el debate, porque implicará que las conciencias de 12 personas comunes y corrientes decidan si hubo esa “legítima defensa” de la que tanto se habla hoy en San Pedro.

A la fiscala Viviana Ramos, le preocupa el creciente uso de armas de fuego para dirimir conflictos. Y tiene una certeza: el mercado negro que abastece a quienes están dispuestos a solucionar esas disputas a los tiros.
“Hay una disputa entre distintos integrantes de distintos bandos, hay una conflictividad social delictual en esta zona”, dijo Ramos el sábado en Sin Galera.

“Me preocupa mucho la cantidad de armas que uno sabe que hay en San Pedro”, señaló y detalló que a partir de las denuncias que reciben ambas fiscalías se llega a la conclusión de que “el mercado negro de armas es muy importante”.

EDICION IMPRESA #1441
Jueves 14 Noviembre 2019

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