Los datos del Tribunal de Cuentas que apoyan la Comisión Investigadora

Así como el Ministerio de Economía provincial le había advertido que si persistía en la misma tesitura de gestión el Gobierno municipal iba camino a la bancarrota, el Tribunal de Cuentas sumó una crítica más al Intendente Pablo Guacone, al analizar con un detenimiento mayor, la última Rendición de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2013.
La cédula es lapidaria y no sólo en cuestiones “de forma” como el incumplimiento de la ley que obliga a publicar ordenanzas, decretos y resoluciones en el Boletín Oficial, o la falta de correlación en la firma de decretos, la presentación extemporánea de la información contable, el Presupuesto o el listado de Mayores Contribuyentes.
El organismo fiscalizador del correcto uso de los fondos públicos encontró además licitaciones privadas de resultados dudosos, más empleados que los permitidos y múltiples irregularidades que si bien estaban más o menos conformadas en otros ejercicios, en el último fueron tan relevantes que el Tribunal de Cuentas dejó de proteger políticamente a Guacone para, al contrario, sumar un nuevo mazazo a su gestión.
La mayoría de estos puntos cuestionados aparecen en el decreto de la Comisión Investigadora, que busca establecer si el intendente cometió irregularidades lesivas del patrimonio público.

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Echar mano
a todos los fondos
El Tribunal de Cuentas observó que al cierre del ejercicio del año pasado, la cuenta Recursos Ordinarios cerró con un negativo de casi 10.000.000 de pesos, cuando existía una “autorización bancaria de giro en descubierto hasta la suma de $ 5.000.000”, descubierto cuyos intereses ascendieron a 864.707,91 pesos.
El Fondo Educativo es materia de análisis, ya que como señaló la oposición, los ingresos fueron de $ 8.044.298,79 y los egresos $ 6.103.86, de acuerdo al estado de ejecución de recursos afectados.
Sin embargo, cuando solicitaron los gastos realizados, “las autoridades comunales presentaron un detalle de las obras realizadas” por un monto de $ 1.188.782,57 sin aclarar el destino de la diferencia, “discrepancia que asciende a la suma de $ 4.915.084,43”.
El desequilibrio financiero es el máximo que se recuerde y su profundización exaspera. Si el déficit fue de más de 25,5 millones a fin de año, lo que sumó en los ocho meses que pasaron desde 2014 podría hasta superar el doble de esa suma.
El Tribunal de Cuentas, en ese sentido, halló un exceso de 30,5 millones en la ejecución del Presupuesto.
Además, cuestionaron el uso de 206.388,50 pesos correspondientes a “ayudas sociales a personas” a través del Fondo de Inclusión Social. El organismo cuestionó la presentación parcial de documentación relacionada con “encuestas sociales, declaraciones juradas de los beneficiarios de que no poseen trabajo en relación de dependencia” y “el informe firmado por el funcionario responsable indicando lugar, horarios y tareas en los cuales debían efectuar sus prestaciones cada uno de los beneficiarios”.
De la misma manera, las observaciones alcanzan a la entrega de bienes para ayuda a personas, con pagos por la compra de bienes destinados a personas en situación de vulnerabilidad social sin las planillas con el detalle de las personas beneficiadas, por más de 17.000 pesos.

La fiesta interminable
Bonificaciones y horas extras fueron parte del reclamo del Tribunal de Cuentas. Quienes observan los números de San Pedro en la provincia se preguntan por qué y para qué. No faltan los que aseguran que una cosa es “dibujar un poquito” y otra “este escándalo”. Incluso intendentes de otros distritos, puestos en conocimiento de estas observaciones, menearon la cabeza entre risas ante lo tragicómico de la situación.
Son 9.613.932,55 que carecen de documentación que permita justificar el pago de horas adicionales a una serie de agentes cuyos nombres se repiten cada mes, con más o menos los mismos montos por las mismas cantidades de horas extras.
Las bonificaciones por función que el Tribunal de Cuentas no acepta suman 979.221,61, pesos que le fueron pagadas a empleados sin que haya decreto que lo autorice.
Como publicó en varias oportunidades La Opinión, los famosos “premios por conducción” se llevaron la friolera de 1.929.211,06 y una advertencia grave: “Las autoridades comunales deberán remitir a la Delegación Zonal las órdenes de pago acompañadas de la totalidad de documentación que las avale, teniendo en cuenta que su falta de aporte puede devenir en considerar no probados los egresos por la suma de $ 80.274.147,01, como también deberán enviar los antecedentes que permitan acreditar que la tarea que los agentes realizan se encuadra en el concepto de la bonificación mencionada”.
Hay otros 90 mil pesos por “bonificación por guardia” pagados a través de un decreto que fue derogado. Los cobraron los empleados de Desarrollo Humano que “debían cumplir con las tareas de atención y contención social de los ciudadanos durante las 24 horas del día”.
La bonificación por “fallo de caja” también fue observada, ya que hay dificultades en el Tribunal de Cuentas para “legitimar adecuadamente el gasto realizado” por ese concepto, lo que pone en duda unos 129.673,84.
El Ejecutivo respondió las observaciones y ahora resta esperar el dictamen final, que suele llevar su tiempo.

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De Gil a Borgo
Los números que observó el Tribunal de Cuentas corresponden a la gestión de Jorge Gil como Secretario de Economía. Para diferenciarse, el actual Secretario de Economía Roberto Borgo blande los números del Ministerio de Economía provincial sobre la deuda flotante de San Pedro y los correspondientes a la recaudación, que dan cuenta de una reducción importante de la primera y un crecimiento proyectado de la segunda.

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