“Los castigaditos” volvieron a sus cargos, tras la prescripción de la causa
El Juzgado dio la orden y Sergio Romero volvió a ser Director de la escuela Industrial, cargo del que fue separado cuando lo denunciaron por “acoso sexual” a alumnos e “irregularidades administrativas”. La causa prescribió porque el sumario en su contra nunca avanzó y pasó el tiempo necesario para sostener la investigación que debía probar las sospeschas. Félix Prego también fue beneficiado y dejó de ser jubilado.
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El Inspector Jefe de la Región Educativa 12, Daniel Marcelo Gatti, fue sobrio y formal ante la pregunta de La Opinión sobre el futuro de los docentes Sergio Romero y Félix Prego, ambos favorecidos por la confirmación final del fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo que prescribió por nulidad la causa en la que se los investigaba por hechos ocurridos en la escuela Industrial en 2004.
“Notificamos la reinstalación”, confirmó la semana pasada sobre Romero, ya que Prego está jubilado. “Ahora hay que ordenar, revisar qué cargos tenían y en qué condiciones están”, dijo antes de recibir en su despacho a las Inspectoras de Educación Técnica y de Educación Superior.
“Hay que revisar los cargos y restituirlos, esa es la orden de la Justicia”, informó y agregó: “Nosotros somos ejecutores del contenido del fallo, nos llega la indicación de cumplir y tenemos que hacer el procedimiento necesario para ello”.
Lo que Gatti confirmó en tono neutro a este semanario es que Sergio Romero volverá a sus cargos docentes en escuelas secundarias e institutos terciarios. El lunes por la tarde fue repuesto en su lugar de Director del Industrial y Félix Prego recuperó su cargo de Jefe de Área -por lo que ya no es jubilado- de donde fueran separados en medio de uno de los escándalos más importantes que se recuerde en el ámbito educativo sampedrino.
Un regreso poco feliz
Sergio Romero era Director cuando recayeron sobre él sospechas que abrieron un sumario administrativo en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), bajo la instrucción de Daniel Fernández, quien firmó un vasto informe en esa dependencia del Gobierno provincial, que forma parte de las 600 páginas del expediente judicial que nunca avanzó.
Nueve años después, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo falló a su favor y destacó que la causa prescribió porque pasó el tiempo prudencial para esperar que la DGCyE sustancie el sumario y eleve pruebas que permitieran a la Justicia saber si era culpable o no.
Sin resolución de fondo, el docente recibió el favor del beneficio de la duda y la causa se cayó. La impericia, falta de compromiso, el olvido adrede y quién sabe cuántas otras razones incomprensibles hicieron que nunca aparecieran certezas para condenar o absolver, por eso este final.
Hechos sin probar
El exdirector de la escuela Industrial fue separado del cargo luego de que el relato público de una madre respecto de “propuestas indecorosas” que Romero le habría prodigado a su hijo y a otros menores: “Declaraciones testimoniales de padres y alumnos que revelaban la naturaleza de los hechos”, escribió Fernández en el informe, donde también está citado otro exestudiante que “manifestó una conversación mantenida con el docente con términos indecorosos”.
Fernández también detalló “irregularidades administrativas” en el manejo interno de la institución, que incluía “irresponsabilidad en el ejercicio de su cargo” y “perjuicio fiscal”, entre otras acusaciones.
Sobre la primera acusación, el propio docente recurrió a la Fiscalía N° 4 y se puso a disposición de una investigación penal que derivó en la absolución, ante la decisión de los padres de los menores presuntamente acosados, quienes prefirieron no someter a sus hijos a pericias de esas características.
Nulidad e indemnización
Por lo segundo, la Justicia hizo lugar a su pretensión anulatoria, lo que fue ratificado en instancias superiores hasta llegar a la decisión conocida la semana pasada, de reponerlo en sus cargos tal como si nada hubiera sucedido.
Además, el Estado debe pagarles los salarios caídos y la suma de 50 mil pesos para Romero y 20 mil para Prego por “daño moral”, el costo de las sesiones con psicológos e intereses correspondienes.
El “daño moral” reclamado por los acusados se sustentó en la amplia difusión que tuvo el sumario y la demora en su resolución. En el expediente consta que señalaron que “la comunidad educativa los denominaba ‘los castigaditos’”. La misma comunidad a la que ahora Romero regresó.
