Los casos de violencia institucional serán investigados en Baradero por el fiscal Granda
La Fiscalía General dispuso que las causas que impliquen prácticas abusivas e ilegales del poder coercitivo estatal que ejercen miembros de las fuerzas de seguridad ya no sean tramitadas en San Pedro. Hasta ahora, todas recaían en el fiscal Manso. Desde principios de abril, deben ir a Baradero, donde las instruirá el fiscal Granda. De la misma manera, las de la vecina ciudad quedarán a cargo de Viviana Ramos.
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En 2014, la Legislatura provincial aprobó una ley para crear, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, unidades fiscales especializadas en violencia institucional, con el objetivo de que las causas que tienen como imputados a agentes de las fuerzas de seguridad vayan a una misma fiscalía.
En el caso de San Pedro, hasta ahora, el encargado de todos esos expedientes era el fiscal Marcelo Manso. Desde el 5 de abril, todas las causas que impliquen prácticas abusivas e ilegales del poder coercitivo estatal que ejercen miembros de las fuerzas de seguridad serán tramitadas en Baradero por el fiscal Hernán Granda.
El titular de la UFI 9 de la vecina ciudad informó a La Opinión que la disposición de la fiscala general, Sandra Bicetti, y el procurador, Julio Conte Grand, establece que "se crucen las jurisdicciones". El objetivo es claro: que la Justicia trabaje con mayor independencia.
Es que hasta ahora, los mismos fiscales que investigaban a la policía en San Pedro y Baradero eran los que, en otras causas, necesitaban su colaboración como auxiliares, lo que podría generar situaciones indeseadas para el desarrollo de las tareas.
Por eso, ahora Granda investiga las causas por violencia institucional en la que están involucrados policías de San Pedro y la fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI 11 local, hace lo propio con las que se instruyen en la jurisdicción de Baradero.
La disposición rige desde el 5 de abril pasado y hasta ahora Granda no recibió ninguna denuncia para tramitar causas relacionadas con ese tipo de delito. La última que se conoce es la que interpusieron los desalojados de la usurpación de Cruz Roja y Dávila, hecho que sucedió previo a esa fecha.
