Los abogados de Guacone y la Comisión Investigadora protagonizan un nuevo round de la lucha entre ambos

Este jueves vence el plazo previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para que la Comisión Investigadora corra traslado al Intendente Pablo Guacone de las pruebas recolectadas en el marco del proceso que intenta establecer si cometió irregularidades administrativas pasibles de ser consideradas faltas graves lesivas del patrimonio público, lo que podría costarle la destitución del cargo.
Sin embargo, para el Jefe Comunal y su abogado, el reconocido platense Carlos Andreucci, defensor del Intendente de Azul José Inza, los plazos están vencidos. Así se lo hicieron conocer al Concejo Deliberante en un extenso escrito que presentaron el jueves pasado, donde consideraron que los 30 días de los que habla la LOM son “corridos” y no “hábiles” como interpretan los ediles.
Ese mismo escrito fue entregado a la Jueza en lo Contencioso Administrativo María Isabel Fulgheri, quien tiene además un pedido de restablecimiento de derechos que hizo Guacone para frenar mediante una medida precautelar el avance de la Comisión Investigadora.
La magistrada también tiene en sus manos un escrito que presentaron los ediles, quienes contrataron a otro reconocido abogado platense, Leandro Nimo, el asesor de la comisión investigadora que destituyó en Necochea al Intendente Horacio Tellechea, como asesor.
Nimo revisó lo actuado por la Comisión, analizó el escrito de su rival y redactó uno en el que solicita a Fulgheri que se aparte del caso al plantear la incompetencia del Juzgado en lo Contencioso Adminsitrativo por tratarse de un “conflicto de poderes” del Estado local, el Ejecutivo y el Deliberativo, en el que, de acuerdo a la Constitución provincial, debería intervenir la Corte Suprema Bonaerense.

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Dictamen, traslado
y sesión
Para la interpretación del Concejo, el plazo vence el jueves. Ese día, de acuerdo a los pasos que prevé la Ley Orgánica, debe entregar “los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos”.
No se trata de un “dictamen” propiamente dicho sino algo más parecido a lo que en la jerga judicial se denomina “correr traslado”, es decir la elevación desde el HCD al Ejecutivo de las pruebas recolectadas para que tome vista y pueda ofrecer su descargo.
Ese escrito contendrá una estructura formal informativa respecto de lo que se envía. La documentación que forma parte de la prueba de los hechos en cuestión es la misma que el propio Ejecutivo envió en las sucesivas solicitudes que hicieron los concejales, más una serie de anexos que incluyen decretos del HCD, pedidos de informe respondidos y no respondidos, y ejemplares de todo el año de los periódicos La Opinión y El Imparcial, que los concejales solicitaron a los archivos de ambas redacciones, teniendo en cuenta que son medios escritos que han publicado información sobre el Gobierno municipal, incluyendo las varias entregas que este semanario publicó bajo el título “Así se funde el pueblo”.
El jueves, el Concejo Deliberante no podrá sesionar en el Salón Dorado porque ese recinto está ocupado con las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la zona (ver página 6).
Norberto Atrip, que es presidente interino por licencia de Mario Barbieri desde hace una semana, y el Secretario Legislativo Matías Chaves solicitaron al Centro de Comercio las instalaciones del Salón de los Espejos de esa institución, a pesar de que en principio se hablaba de sesionar en las localidades, aunque ello debía ser aprobado en sesión previa.
Esa reunión de los ediles no necesariamente tendrá el tema de la Comisión Investigadora como tema de debate, ya que a la entrega de las pruebas debe seguir el descargo del Intendente y recién una vez pasados esos 10 días hábiles que prevé la ley llegará la hora de tomarse otros quince días hábiles para elevar el informe a sesión, donde los 18 concejales deberán votar respecto de la continuidad del Jefe Comunal.
Como Guacone y su abogado cuestionaron que Mario Sánchez Negrete haya hablado en un programa de radio por la emisora Apa, lo que consideraron “prejuzgamiento”.
Si el intendente es lógico en su proceder, no responderá el escrito de la Comisión Investigadora, ya que, como se dijo, consideró que los plazos están vencidos. Aun así, como acostumbran los abogados, podría responder “subsidiariamente” y ofrecer descargo a los puntos planteados.

La recusación de Guacone
En el texto que redactó Carlos Andreucci y firmó el Intendente Pablo Guacone se plantea una serie de oposiciones que consideran nulas las actuaciones de la Comisión Investigadora y recusa a dos de los miembros, Mario Sánchez Negrete e Iván Paz.
Como se dijo, al del Frente de Todos lo señala por brindar declaraciones “de prejuzgamiento” en Apa y por ser el edil designado en el Consejo de Administración de Coopser, concesionaria de un servicio público. De la misma manera y como explicó este semanario en su edición impresa la semana pasada, recusan a Iván Paz por ser prestador de Osprera que a su vez es prestadora del Estado local.
El texto señala que la Comisión Investigadora no definió con precisión los hechos a investigar y, como se explicó antes, considera que el plazo de la Comisión está extinto, apoyado en fallos de la Corte Suprema, por el tema de los días “hábiles” o “corridos”. Incluso, para apoyar este argumento, Andreucci envió a un escribano los sábados y domingos al Concejo Deliberante, para dejar constancia de que el edificio estaba cerrado y no podía recibir documentación, por ejemplo.
Además, impone una “incompetencia institucional”, ya que considera que el Concejo Deliberante, con la Comisión Investigadora y de acuerdo a los puntos planteados en el decreto, se entromete en cuestiones que son propias del Tribunal de Cuentas, como había advertido este semanario al señalar que la mayoría de los puntos planteados estaban en el dictamen de observaciones sobre la Rendición de Cuentas 2013 que hizo el organismo auditor de las finanzas municipales.
“No existe competencia de la Comisión investigadora, designada regularmente a los fines de aquel objeto inicial y menos del actual en traslado; no existe actuación ni tramitación regular o legal que tienda a cumplir el objeto previsto en la tarea de la Comisión Investigadora”, dice en las conclusiones el texto.
“El trámite de la Comisión Investigadora excedió el marco de su competencia constitutiva fijado en el art. 249, no fijó precisamente los hechos a investigar y la comisión posee miembros recusados que desintegran el regular funcionamiento de la misma”, agrega.
“Venció el plazo de treinta (30) días de la Comisión; no existe calificación fundada objetiva y legalmente de la gravedad de los hechos ni de la conducta juzgada; Existe absurdo, irrazonabilidad e ilegalidad en la medida aplicada”, finaliza.

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