Lo que duerme en el Concejo se discute en la Provincia

En medio del debate respecto a la situación habitacional en la ciudad, el concejal Martín Pando había presentado un proyecto que establecía “zonas de edificación necesaria”, con el objetivo de evitar la permanencia de terrenos baldíos urbanos y la especulación inmobiliaria derivada de ello. Ahora, mientras esa propuesta duerme en comisiones del Concejo Deliberante, desde el Ministerio de Economía provincial sostienen que los aumentos del año que viene en materia impositiva irán en ese sentido.
El Ministro de Economía del gobierno de Daniel Scioli, Alejandro Arlía, trabaja con su equipo en la confección del Presupuesto 2012 para la provincia. En articulación con la agencia de recaudación Arba, el análisis de la ley impositiva incluye aumentos, con la intención de transformar algunos en más progresivos, de manera tal que paguen más quienes más tienen.
El impuesto inmobiliario urbano es uno de los que tendrá incrementos el año que viene. Desde la cartera bonaerense dieron cuenta de que el gravamen sobre los terrenos baldíos sufrirá un aumento considerable, con el objetivo manifiesto de “atacar la especulación inmobiliaria”.
La presión tributaria sobre este tipo de terrenos está fundada en la necesidad de evitar que los propietarios generen cotizaciones mayores producto de la alta demanda en una provincia cuyas ciudades crecen de manera irregular, desproporcionada y con poca planificación urbana.
En ese marco, los terrenos baldíos que gozan de una ubicación privilegiada vieron incrementados sus valores de manera importante producto del propio desarrollo de zonas donde no había edificación y que de a poco fueron transformándose en verdaderos espacios residenciales selectos.
La lógica del razonamiento en Economía es la misma que esgrimió Pando en su proyecto: el Estado no quiere terrenos ociosos. La propuesta local incluye la obligación de construir en baldíos ubicados entre Sarmiento, 11 de Septiembre, Lucio Mansilla y el Boulevard.
En caso de no cumplir dentro de los tres años siguientes a la sanción de la norma, la pena contemplada en el proyecto es el cobro del doble de tasa y hasta la posibilidad de quedar sujeto a expropiación por parte del Estado. Esta fue una de las primeras propuestas que el Concejal Pando elevó al cuerpo deliberativo desde que asumió en diciembre de 2009, cuando integró en el quinto lugar la lista de Acción por San Pedro que encabezaba Sergio Rosa e impulsaba el ahora Diputado Nacional Mario Barbieri.
También provocó uno de los primeros roces dentro de lo que hoy es el bloque del Acuerdo Cívico y Social, al punto de que Pando tuvo que presentar el proyecto a título personal porque encontró resistencia entre sus correligionarios, especialmente en dos de ellos que son martilleros públicos y titulares de inmobiliarias: Juan Miguel Yunes y Noemí Bordoy.
Esta última, presidió la Cámara de Martilleros hasta que asumió como edil, también en diciembre de 2009. En medio de la polémica sostuvo que Pando presentó el proyecto “con su mejor buena voluntad” pero que “no entiende del tema”. Además sostuvo que “no tienen la culpa las inmobiliarias de que no se pueda comprar un lote y eso es lo que sale a la luz, siempre costó muchísimo comprar un terreno”.
Su compañero de bloque, por el contrario, asegura que “el sostenido crecimiento de los precios de los inmuebles, la desigualdad en la distribución del ingreso, la baja capacidad de ahorro del salario, las altas tasas de interés, la devaluación del peso y la resistencia del sistema bancario a flexibilizar las condiciones de acceso al crédito” son elementos que “han configurado una situación en la que el acceso a la vivienda se convirtió en un privilegio exclusivo para una minoría de la población”.
Consultado sobre las declaraciones del Ministro de Economía, el concejal Pando señaló: “Hay que estudiar cuáles son los alcances de la iniciativa de Arlía para saber si lo que se persigue es generar una herramienta eficaz para combatir la especulación inmobiliaria o si, por el contrario, estamos ante una medida meramente recaudatoria”. Además, indicó que “los municipios cuentan con la herramienta para operar fuertemente sobre el mercado de tierras y combatir la especulación”.
Ni el oficialismo ni la oposición sustentaron la iniciativa del edil que ahora aguarda una nueva posibilidad para obtener el visto bueno para una ordenanza que hubiese resultado una punta de lanza para favorecer a los ciudadanos que han perdido su derecho a la tierra para su techo a precio accesible.

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