Lechiguanas, paraíso de las usurpaciones
La Justicia entrerriana dio curso a una denuncia contra un presunto usurpador de cinco mil hectáreas en las islas frente a Ramallo. Es la primera causa que se abre y el gobierno de Entre Ríos parece dispuesto a litigar por 180.000 hectáreas en la zona. Si esta causa prospera, el desfile de “especialistas inmobiliarios” será bastante largo.
El 30 de noviembre deberá declarar en la ciudad entrerriana de Gualeguay un ciudadano domiciliado en Ramallo a quien se acusa de usurpar más de cinco mil hectáreas de las islas Lechiguanas frente a esa localidad bonaerense.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos contrató al abogado Julio Federik con la misión de recuperar unas 180 mil hectáreas de la zona de islas que fueron ocupadas ilegalmente en los últimos años. El letrado presentó una denuncia contra Héctor Oscar Biasotti, donde lo acusa de usurpar “distintos inmuebles pertenecientes al dominio público del Estado provincial”.
Daniel Alle, titular del Juzgado de Instrucción N° 1 de Gualeguay, citó a declaración indagatoria a Biasotti para el 30 de noviembre e instruyó a la policía para que se constituya en los lotes objeto de la denuncia para que constate el estado de la ocupación, individualice “personas que los ocupan, carácter en que lo hacen, existencia de animales, verificando titularidad, marcas y señales, características de hacienda, tipo, raza, etc.; muestra de guías y/o documentos que permitiesen verificar la existencia de construcciones, instalaciones, mangas, corrales, alambrados perimetrales, casas habitación, galpones, etc.”.
Pocos lotes, muchas hectáreas
Los lotes son siete. Los nomenclados como N° 1, de 1.155 hectáreas, y 2, de 1.154, corresponden a un contrato de pastoreo que Biasotti suscribió con el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (Iptycaer) y que venció en el año 2000. El edicto judicial afirma que el ramallense “se mantuvo ilegalmente en el inmueble” una vez vencido el contrato. El Lote Nº 3, de 482 hectáreas, fue ocupado por Biasotti, con carácter de “clandestinidad”; lo mismo ocurrió con el Lote Nº 4, de 570 hectáreas; el Lote Nº 5, de 517 hectáreas; el Lote Nº 7, de 229 hectáreas; y el Lote Nº 9, de 588 hectáreas. “Biasotti ingresó al citado inmueble de manera oculta respecto del titular del bien jurídico protegido, facilitándose ello por las características propias del inmueble”, dice el escrito. También fueron citados a declarar Juan Carlos Flematti, titular de Tierras Fiscales de Entre Ríos y Andrés Nogueira, de la Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados de esa provincia.
“Los bienes públicos están fuera del comercio, y no pueden enajenarse sin previa licencia o autorización. Sin embargo, pueden ser dados en arrendamiento o percibir algún tipo de prestación para su uso, y ello no obstará a su carácter de bien o cosa integrante del dominio público”, asegura Federik en su escrito. El abogado fue contratado especialmente para intervenir penalmente en la compleja situación dominial de las tierras fiscales del Delta.
El empresario de la isla
Héctor Oscar Biasotti es un reconocido empresario de Ramallo pueblo, que, según dicen en esa ciudad, “representa a un grupo de empresarios muy poderosos”. Julio César Trama, productor ganadero de la isla a quien le robaron más de cien animales en los últimos tiempos, relató que “Biasotti amedrenta a los lugareños para que se corran” de los lotes “y los usufructúa para beneficio propio”. Manifestó además que “Biasotti le dijo a Buca –que estaba en su campo cuando le robaron los animales– que si se metía le iban a colgar una piedra al cuello y lo iban a tirar al arroyo”. “Biasotti me usurpó un campo y lo vendió”, dijo Trama.
No es el único que dice que el ramallense tiene esas costumbres. Los periodistas de Ramallo lo conocen por “apretar gente de la isla” y lo sindican como “un colectivero que de repente empezó a manejar mucha plata”.
Expulsar habitantes de islas es una práctica que los sampedrinos conocen muy bien. Los isleños tienen marcado a fuego el apellido Gualtieri, quien les hizo firmar comodatos a través de los que reconocían a la empresa Deltagro S. A. la propiedad sobre los lugares que ocupan desde varias generaciones atrás. Aunque hasta el momento nadie haya tomado la defensa de las familias originarias.
“Es para los medios”
El abogado del presunto usurpador, Humberto Demarchi, dijo públicamente que “la denuncia es para los medios”, que “ha habido sucesivas posesiones de estas tierras” y que Biasotti “es reconocido por el Estado provincial como contribuyente, le cobra los impuestos, entonces es poseedor, y también le aprobaron los planos de mensura. Todos estos son actos del gobierno provincial que convalidan la situación”.
Sobre el delito de usurpación, Demarchi cree que el abogado se equivoca porque “el artículo 180 del Código Penal establece que será reprimido con prisión el que con violencia, clandestinidad haya desapoderado. Es decir que el primer requisito es tener la tenencia de la tierra y acá el Estado ni siquiera ha alegado tenerla, porque nunca la tuvo”.
700 dólares la hectárea
El 30 de noviembre, a las 9.00 de la mañana, Héctor Oscar Biasotti será el primer citado a declarar por causas referidas a las posesiones ilegales en la zona de islas. El Estado entrerriano parece dispuesto a movilizar la Justicia para avanzar sobre el intento de regularizar la situación dominial de terrenos a los que no le supo prestar demasiada atención durante décadas.
Si la causa Biasotti sigue su curso, muchas cosas pueden modificarse en el Delta, donde la ley del más fuerte es la que predomina. Ahora bien, el gobierno de Entre Ríos deberá profundizar su investigación para reconocer que muchos de los habitantes de esas tierras son pobladores históricos de esos lugares y a quienes les asiste derecho sobre los pequeños lotes donde siembran y alimentan unos pocos animales para la subsistencia cotidiana y el mantenimiento del rancho.
El problema está en que esos terrenos significan mucho dinero para quienes quieran explotarlos económicamente o los ingresen al mercado inmobiliario. En el portal de inversiones inmuebles “inmobiliaria.com” ofrecen tierras en las islas Lechiguanas, cerca de Ramallo, a 700 dólares la hectárea. Biasotti estaría ocupando ilegalmente más de cinco mil, es decir tierras que pueden comercializarse por unos 14 millones de pesos. La estridencia del tema pierde sonido a medida en que se profundizan las investigaciones. Varios sampedrinos pueden ponerse colorados si la Justicia entrerriana tira del hilo que desteje la oprobiosa manta que desde hace poco más de una década tejen los “especialistas en negociados con tierras ajenas”.