Un particular construye un edificio a la Policía Comunal tras la demanda por desalojo
Carlos Torrillo lleva adelante en Crucero General Belgrano y Laprida, terreno en el que tiene su empresa, una obra para edificar una casa y se la ofreció formalmente a la Municipalidad para que se instale la dependencia de Juan Catalano que actualmente está en una quinta de Sargento Selada y Fray Cayetano Rodríguez sobre la que hay una demanda de desalojo por incumplimiento del pago del alquiler de parte del gobierno de Cecilio Salazar. "Está en un lugar estratégico que comunica con el puerto", indicó a La Opinión el propietario de TAP.
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La Opinión reveló el martes pasado que la actual sede de la Policía Comunal situada en un predio de Sargento Selada y Fray Cayetano Rodríguez corre riesgo de ser desalojada porque hace pocos días los propietarios iniciaron una demanda de desalojo ante la falta de pago y respuestas de la Municipalidad. En ese contexto, un empresario de San Pedro le ofreció al gobierno local un edificio que está construyendo en un terreno propio.
Carlos Torrillo lleva adelante en su terreno de Crucero General Belgrano y Laprida donde funciona su firma una obra para construir una casa para que se mude la dependencia de Juan Catalano. "Se las oferté hará cuarenta días porque me enteré que se tenían que ir de donde están, les propuse que si les servía les construía un destacamento", contó el propietario de TAP quien presentó la propuesta a través de mesa de entrada del municipio y, aunque aguarda una respuesta formal, reconoció que "hay muchas posibilidades" de que la utilicen.
Sobre cómo será el vínculo con el municipio una vez que se concrete el préstamo, detalló: "Yo la construyo y después se hará un contrato pero ellos los único que pagarán son los gastos mensuales como la luz y demás".
Sebastián Ferrari y su mujer, propietarios de la quinta en la que actualmente está la sede de la Policía Comunal, no cobran un sólo peso del valor establecido para el alquiler de la locación desde hace diez meses. Entre medio, hubo promesas del Secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y Juan Carlos Agüero pero nunca se cumplieron puesto que le habían ofrecido ajustar el monto del contrato pero eso jamás ocurrió. Según indicó, la deuda es de 70 mil pesos más el valor actualizado que pretenden como resarcimiento que deberá determinar la justicia cuando la presentación judicial prospere.
El agravante que el abogado Mauricio Gugger observa apunta a que no se está cumpliendo desde abril del 2019 con el abono mensual equivalente al uso del inmueble y, además, se venció el contrato y ninguna autoridad municipal se ha preocupado por actualizarlo a pesar de que es la sede que alberga a la máxima autoridad de la policía de la ciudad.
