Las vacaciones de Cecilio
El Tribunal de Cuentas advirtió al Municipio que, desde que asumió, Salazar no se tomó licencia por vacaciones. La advertencia es para dejar asentado que si no las cumple, luego no habrá reclamo. Rechazaron un pedido del exfuncionario y sindicalista Juan Kasta.
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2015, el intendente Cecilio Salazar no se tomó vacaciones en su cargo. Al menos no pidió licencia al Concejo Deliberante y los días que descansó de la gestión no pasaron de algún fin de semana largo.
Para la doctrina del Tribunal de Cuentas, las vacaciones son un período de descanso anual que tiene una “finalidad sanitaria y por consiguiente, social”, por lo que ese organismo envió una nota al Gobierno para advertir que el Jefe Comunal no paró nunca.
La advertencia del Tribunal de Cuentas tiene una razón formal: dejar asentado que un funcionario no se tomó vacaciones para evitar reclamos ulteriores que pudieran surgir.
Como Salazar no pidió nunca hasta el momento licencia para gozar de su descanso anual, el concejal Juan Garavaglia, primero en la línea sucesoria por encabezar la lista de concejales que acompañó al intendente en las elecciones de 2015, todavía no se sentó en el sillón de Pellegrini 150.
Para el organismo que audita las cuentas municipales, las vacaciones “deben cumplir con el objetivo perseguido, esto es el goce real y efectivo del descanso temporal acordado, bajo la forma remunerada, descartando toda posibilidad de que se transforme en un motivo para incrementar el salario, percibiendo el importe respectivo del lapso vacacional sin gozarlo real y efectivamente”.
Esa doctrina, con la que Asesoría General de Gobierno habilitó a no pagarle las vacaciones que reclamaba Guacone –con excepción de las últimas, aunque Salazar vetó la ordenanza y se negó a hacerlo–, es la que utilizó el Gobierno para rechazar una solicitud similar presentada por el exdirector de Personal y exsindicalista Juan Kasta.
Había pedido por vacaciones no gozadas correspondientes a los periodos que van desde 2007 a 2012, ambos incluidos. A través del decreto 1170, el Gobierno denegó la solicitud.
