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jueves, enero 21, 2021

“Las preguntas que nadie hace en medio de la pandemia para no violar un derecho humano”, un editorial de Lilí Berardi

La pandemia de coronavirus COVID-19 dejó al desnudo muchas situaciones en el mundo, en el país, en la provincia y en la ciudad. La confirmación del contagio de un médico que trabaja en el Hospital motivó un editorial de Lilí Berardi en el que reflexionó sobre las perversidades que todavía rigen, sobre todo en las ciudades pequeñas, en el sistema público de salud.

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Por Lilí Berardi

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Aplanar la curva no es sólo cuestión de sitiar barrios completos. Es ver detrás de la situación de los trabajadores de la salud el perverso sistema que los agobia en muchos casos y premia conductas poco generosas en otros.

La provincia de Buenos Aires sabe que en sus hospitales públicos los médicos que no trabajan bajo las órdenes de la CICOP o el personal de enfermería que no responde a sus gremios tienen atada su suerte a los sueldos que les abona el Estado.

En los 135 distritos del territorio bonaerense, los intendentes son los que deben lidiar con paros salvajes y extorsiones que se cuecen al calor de sus diezmados presupuestos. La agenda periodística nacional no contempla lo que no conoce y en algunos casos ni sabe, pero no es lo mismo sostener la batalla diaria con un trozo de pan duro que dar la guerra con recursos ilimitados.

Cobrar mucho en el sector público a la luz del cono de luz de CABA o el AMBA siempre parece poco, pero es sabido que para quienes integran los círculos de profesionales privados un bono de una prepaga es una miseria frente a ese monto fijo que perciben en hospitales en los que apenas se desempeñan por unas horas en la consulta o en las especialidades mientras en las guardias de emergencia dejan la vida los que recién obtienen su título y deben viajar diariamente para procurarse ese sustento.

Así no se para el virus. Es archiconocido que, del mismo modo en el que cada paciente de una obra social sabe que Dios lo cura en Capital Federal o Rosario, los médicos que los asisten en el interior van y vienen de un pueblo a otro para subirse a una ambulancia dos días, llegar otros dos días a cubrir una guardia de emergencias y, si es posible, ganar una extra de fin de semana que es mejor remunerada y luego también aceptar la cápita de Pami o la internación domiciliaria del IOMA para completar sus haberes e incluso prestar servicios en algún geriátrico donde la pagan por firmar las visitas obligatorias sin tener que asistir al lugar.

No relatar esto no implica no saberlo. No publicarlo también resulta cómodo, pero basta hablar con cualquier jefe comunal para constatar la situación penosa a la que se ven sometidos cada vez que deben negociar con los exégetas y abanderados del sistema de salud pública sobre el que cabalgan para llevarse el conocimiento y la práctica gratuita a sus consultorios privados.

En cada ciudad son muy conocidos: sueldo fijo que superan los 60 o 70.000 pesos en un hospital para que los llamen “sólo si hace falta y el parto se desencadena” y los siete días de la semana en la clínica, consultorio y el domicilio facturando. Esto es verdad aunque ofenda a aquel que no incurre en este comportamiento pero tampoco denuncia.

Los ministros González García y Gollán tienen el deber de hacerle saber a la población estas cuestiones que son las que verdaderamente infectan de varias fantasías exóticas a los que ven en la nueva grieta de la infodemia la idea de que piensen más en apropiarse del capital de las empresas privadas y no de empoderarse y hacer pie en el verdadero dilema que Argentina no resuelve desde los férreos intentos de un seguro nacional de salud como el que concibió Aldo Neri con el que Raúl Alfonísin llegó al gobierno y que el propio Ginés alumbró en tiempos de su pertenencia al gobierno de Antonio Cafiero y profundizó a duras penas con su ley de genéricos en el gobierno de los Kirchner.

Saben que nada se logra sin que los gremios suelten las obras sociales, las prepagas sinceren su negocio y el sector público garantice igualdad de atención a todos los habitantes. El resto es cháchara, como bien dijo también en esos tiempos Vicente Leónides Saadi, cuando también se asistía a la única oportunidad que tenía la república de comenzar de cero tras la dictadura y él pretendía auspiciar la continuidad del conflicto con Chile por el canal de Beagle abortando un plebiscito en el que el pueblo pudiera opinar.

No son medidas extraordinarias a tomar, sólo las que demanda la urgencia y que hoy impone un antipático: “Cada médico en su territorio y con salario garantizado”, lo mismo va para el personal auxiliar. Es una gran posibilidad de evitar que el virus se traslade de ciudad a ciudad, como ya se ha visto en vastas zonas del interior de la provincia, como pueden ser las consecuencias de esta precarización laboral de los que están en la primera línea de contagio.

Cuando el COVID-19 tenga su vacuna será tarde para promover el cambio de raíz que exige un modelo sanitario acorde al de los países a los que nos gustaría parecernos. También es un modo de evitar las estigmatizaciones si el personal esencial de la salud asiste a un lugar por vez y cumple la obligatoria cuarentena junto a los pacientes, sin riesgos para sus propias familias.

Seguro afecta las libertades individuales y “viola” la Constitución pero allí hay más toneladas de hipocresía que gramos de actitudes sensatas y solidarias. El mundo va buscando su rumbo entre el estado de bienestar y el abandono de paradigmas que atrasan frente a la verdadera dominación que imponen los dueños de la comunicación del planeta.

Por eso es que por estos lares, donde el sur de la latinidad se pierde, habría que fumigar a fondo y desinfectar de falsa ideología a los derechos más humanos que tiene el ciudadano después de la libertad. El derecho a la salud está muy por encima de otros y no son tantos los que quieran ir al hueso en esta gran oportunidad que llegó en forma de coronavirus a los aviones de los que viajan y tienen seguro médico, se trasladó con mucamas o el jardineros en trenes o colectivos y ahora lo distribuyen los médicos y enfermeras que atienden a esos pacientes en los hospitales que ahora descubrimos y conocemos como única alternativa.

Y algo que ya sabemos: las oportunidades para empezar de nuevo no se repiten.

Una cosita más: dejen de comportarse como si estuviesen en actos de campaña. Nos hace mal, porque en cuarentena y fundidos pensamos que con lo mismo que gastan en transporte y comitiva alcanzaría para testeos y, de paso, evitar que ustedes, que son los que toman decisiones, se enfermen.

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