Las pericias determinarán a quién responsabilizarán por distribución de pornografía infantil
Una alerta de una ONG con sede en Estados Unidos motivó un operativo en un domicilio sampedrino por distribución de imágenes de niños en situaciones sexuales explícitas. Secuestraron computadoras para someterlas a pericias informáticas. La conexión Wi Fi de la peluquería familiar podría permitir llegar al aparato desde el que cometieron el hecho, que está acreditado.
Un allanamiento que tuvo lugar el lunes generó revuelo en el barrio donde se desarrolló, la empresa donde trabaja el dueño de la casa requisada y la comunidad toda, puesto que el procedimiento llegó a raíz de la acreditación de un delito aberrante relacionado con la vulneración sexual de menores de edad.
La investigación recién comienza y, como se verá, este allanamiento fue el primer paso para determinar las responsabilidades del hecho, que está acreditado: alguien subió a internet imágenes de pornografía infantil desde un domicilio sampedrino.
Las pericias sobre las computadoras y otros elementos secuestrados en la vivienda de José Hernández al 1200 serán determinantes para establecer responsabilidades. La familia Albano, que vive en ese lugar, asistió espantada al procedimiento policial y desconoce lo que podría haber sucedido.
El hecho de que en el domicilio funcione una peluquería, donde asisten clientes diversos todo el tiempo que se conectan al modem de Wi Fi del lugar abre un abanico de posibilidades muy grande respecto de dónde debe buscar la Justicia al responsable del delito investigado.
“El delito está acreditado”
La División Delitos contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal, junto a personal de la Sub DDI San Pedro – Baradero llegó a la ciudad el lunes a las 7.00 de la mañana, con una orden de allanamiento solicitada al Juzgado de Garantías del Dr. Pratti por el Fiscal Jorge Leveratto, titular de la UFI 4 de San Nicolás y especializado en este tipo de delitos.
La instructora judicial Alejandra García coordinó el operativo, que comenzó en la puerta de la planta fabril de Papel Prensa, donde se desempeña como empleado en el sector de almacén Domingo Albano, de 59 años.
Albano tuvo que acompañar a las autoridades judiciales y policiales porque el servicio de internet que hay en su casa y en la peluquería de Juana, su esposa, está a su nombre. Como titular de la IP en investigación, debía presenciar el procedimiento.
El Fiscal Leveratto informó a La Opinión que el procedimiento está enmarcado en una investigación por infracción al artículo 128 del Código Penal, que a quien “publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explicitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.
La investigación comenzó en Estados Unidos, donde la ONG Ncmec (Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, por sus siglas en inglés) trabaja para detectar distribución de ese tipo de imágenes en la internet, con convenio con cientos de países. Aquí, entregan al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, que deriva a cada jurisdicción, los datos para la investigación que permita establecer la identidad de la persona y/o personas que desarrollaron el delito.
“En las diligencias realizadas se incautó material informático a los fines periciales y se establecieron las identidades de las personas vinculadas a la investigación”, señaló Leveratto y explicó que “luego de las pericias correspondientes” se determinará “el procesamiento de las que correspondan”.
El Fiscal confirmó que “al menos un hecho de los comprendidos en el artículo 128 del Código Penal ya se ha acreditado”, lo que significa que al menos una imagen de pornografía infantil fue subida desde ese domicilio.
Las dificultades del proceso
La investigación tendrá algunos escollos para determinar las responsabilidades del caso, ya que lo que identificó la ONG norteamericana es una dirección IP que corresponde al servicio de internet de la vivienda, donde además funciona la peluquería, que brinda servicio de conexión Wi Fi a sus clientes.
Cualquier eventual cliente o incluso alguien que supo por alguna vía la contraseña del Wi Fi del lugar puede haber publicado las imágenes.
El especialista en seguridad informática Alberto Pietrobon explicó a La Opinión que la dirección IP pública, que es la que obtuvo la ONG en su control, es “la que asigna el proveedor de internet” y que llega a un modem o router al que se pueden conectar diversos dispositivos vía Wi Fi.
El router asigna otra IP, que identifica cada dispositivo, por lo que habría que secuestrar todos los que se hayan conectado en la fecha y hora en la que se detectó el delito.
“Los routers tienen un DHCP (protocolo de configuración dinámica de host, por sus siglas en inglés) con un client list (lista de clientes), que permite identificar los dispositivos que se conectaron”, explicó Pietrobon.
“Se puede chequear, se puede rastrear el dispositivo que estuvo conectado en ese horario, la mac adress es la dirección de la placa Wi Fi, que es única en cada dispositivo”, explicó el especialista.
Si la Justicia determina que las imágenes de pornografía infantil no fueron distribuidas desde los dispositivos secuestrados en el domicilio allanado, deberá chequear la client list del router para establecer qué “mac adress” aparecen conectadas en el horario en que se produjo el delito para comenzar a rastrear a sus titulares, a fines de secuestrar todos esos aparatos y analizarlos, en procura de hallar al culpable del delito que, como informó el Fiscal Leveratto, está probado que existió.
“Nunca pensé que iba a entrar la policía a mi casa”
El martes por la mañana Juana abrió su peluquería, como todos los días. “Saqué fuerzas de donde no tenía y abrí como siempre porque nosotros no tenemos nada que ver”, sostuvo la pareja de quien Domingo Albano, titular de conexión de internet registrada por la ONG norteamericana como la que subió material de pornografía infantil a la red de redes.
Tras la pequeña ventana de su puerta de madera, estaban la mujer y un hijo, que de inmediato comenzó a respaldar la situación de tensión que vivió la familia en un allanamiento en el que “no se llevaron nada, las computadoras”.
“Si fuera por un robo, un delito, que venga la Policía Federal, puede ser pero gastar en un viajes desde San Nicolás para esto”, señaló ofendido por las consecuencias en una ciudad chica tienen los comentarios sobre la comisión de delitos aberrantes.
“Es una ONG, no gubernamental, el Estado se lava las manos”, afirmó respecto a la participación de investigadores estadounidenses en el caso.
Por su parte y siempre en relación al dolor que le provoca que un medio de comunicación llegue a su casa para preguntar porque “es grave loque dicen”, entiende que el expediente que se detalla en esta nota los llevará a un proceso de investigación en el que tendrán que ofrecer explicaciones.
“Mamá, ustedes pueden haber llevadola computadora a arreglar, por ahí a veces meten cosas”, agregó el joven en relación a los delitos informáticos en los que el tráfico de imágenes puede obedecer a motivos ajenos al usuario, al que todo el tiempo calificó como un hombre poco apegado a la era digital.
“Yo no quiero decir nada, sólo esto: que no tenemos nada que ver; que si reaccioné como reaccioné al principio, cuando llegaron, es porque no podía entender lo que pasaba, después estuve más tranquila”, describió Juana cuando fue consultada por la autorización para publicar la breve charla que no fue grabada sino reconstruida en base a sus dichos.
El lunes, este medio también visitó a los vecinos que en algunos casos no se habían enterado de lo que sucedía puertas adentro de la vivienda que ocupa la familia desde hace muchos años y con la que tienen una relación normal.
Antecedentes peligrosos
No es la primera vez que se detecta una situación de estas características en San Pedro. Tampoco es la primera en la que una familia queda envuelta en algo con lo que, como aseguran los Albano, no tenían nada que ver.
En noviembre de 2009, a raíz de una alerta e Interpol, una comisión policial allanó la vivienda de un matrimonio de profesionales para secuestrar computadoras por un caso similar. El allanamiento estaba ordenado para el exsenador Horacio Casco, titular de la IP en cuestión. Con ese número, su hijo regenteaba un cibercafé. Nunca se supo, finalmente, quién era el responsable.
Los otros dos casos son más graves: el del pedófilo Cristian Varela, quien además de someter a sus víctimas las fotografiaba y filmaba para compartirlas en la red con otros de su misma condición; y el de los denominados “docentes abusadores”, sobre quienes además de las prácticas sexuales sobre dos de sus hijas pesa la acusación por distribución de pornografía infantil.
Millones de imágenes en todo el mundo
La ONG Nmec lleva más de 62 millones de imágenes denunciadas en la última década y media en todo el mundo. Más de 11 mil casos fueron reportados en la Argentina.
Desde 2009, cuenta con un software denominado “PhotoDNA” que analiza automáticamente millones de archivos de Facebook o Google en busca de alertas, que permite crear una “huella” para el seguimiento del usuario que las subió.
“El 70 por ciento de los consumidores de pornografía infantil van a intentar concretar un encuentro con un menor”, aseguró el Fiscal platense Fernando Cartasegna, que trabaja en los casos de la jurisdicción de la capital provincial.