Las licencias y el abuso de cargos docentes en el centro de un escándalo
El ex Secretario de SUTEBA que fue denunciado por exceso de carga horaria en las escuelas en las que trabaja, contó a La Opinión su versión. Relaciona lo ocurrido con un enfrentamiento personal con el denunciante, Carlos Tamburrini, quien “le juró venganza eterna” tras un problema que se suscitó en 2004 en el Club Náutico por un problema particular. Más allá del encono personal, el caso provoca una amplia y necesaria revisión de la situación de muchos docentes que se aprovechan o “sufren” las características del sistema. Sin atreverse a salir públicamente como lo hizo Tamburrini, hay otros padres que plantean casos parecidos y varios cursos en diferentes niveles se deben adaptar a la disponibilidad horaria de ciertos profesores.
Un vasto trasfondo explica la denuncia presentada en tres ámbitos diferentes por el Sr. Carlos Tamburrini, DNI 13.677.429 contra el profesor de Educación Física y ex Secretario local del SUTEBA, Orlando Brambilla.
Aunque Tamburrini lo negó categóricamente, el propio docente aludido y otras fuentes consultadas explicaron que entre ambos hay un enfrentamiento personal desde el año 2004 y enmarca, o al menos le da origen, a lo ocurrido.
Este contexto no invalida la denuncia y en eso todos coinciden, porque de no tener sustento, no podría avanzar como lo ha hecho, generando además una ola de sospechas sobre otros trabajadores de la educación que están en situaciones similares.
Planteos como el que se desarrolla más adelante, invitan a una revisión más profunda sobre la situación de muchos docentes con respecto a las cargas horarias que aceptan y mantienen, beneficiándose con mejores sueldos y mejores condiciones para sus retiros o jubilaciones.
Ayer, luego de que Tamburrini recorriera varios medios explicando las razones de su denuncia, La Opinión ofreció el espacio apropiado para su descargo al ex dirigente gremial.
El denunciante había puesto a disposición de quien quisiera leer, el expediente presentado ante la Jefatura de Inspección y que ya está en una Fiscalía. En sus declaraciones remarcó que además el propio Brambilla realizaba tareas simultáneas como docente y como empleado del Club Náutico.
“Estoy muy tranquilo”
El profesor Brambilla inició la charla con La Opinión remarcando su estado de ánimo: “Estoy muy tranquilo” dijo.
“No tiene asidero ni resquicio legal lo que dice esta persona. Pero si la provincia (por la Dirección de Escuelas) entiende que sí, estoy dispuesto a que me cesen”, dijo.
El acta de denuncia elaborada por Carlos Tamburrini en la Jefatura Distrital que está a cargo de Belén Yunes indica una “presunta comisión de delito del Art. 28 del Estatuto del Docente” y está fechada el 16 de Febrero de este año, a las 9 horas. Según se indica, el detalle de la carga horaria de Brambilla demostraría “que el docente se encontraría excedido”. Por este motivo, Tamburrini solicita que se de cumplimiento al artículo 30.2.3.4.5.
Los horarios en cuestión son los siguientes:
Sec. 08, Escuela Nº 4, 2 módulos (va en contralor Escuela Nº 44)
Sec. 07, Escuela Nº 27, 2 módulos
Sec. 10, Escuela Nº 27, 2 módulos
Sec. 05, Escuela Nº 44, 4 módulos
Sec. 09, Escuela Nº 44, 10 módulos
La suma indica un total de 20 módulos de los que Brambilla es titular, pero se aclara además que en Polimodal, en la gestión privada el profesor también es titular en otros 6 módulos, en el Instituto Margarita O’Farrell de Maguirre.
Estos son los módulos de más que le reclama Tamburrini, porque el Estatuto indica justamente que el máximo es 20, y que se indica en una segunda acta de denuncia iniciada en la Jefatura de Región Nº 12 ante la Inspectora de Educación Física Marcela Yanezuk, el pasado 2 de Marzo, donde se aclara que “ya en el 2004 esta inspección notificó al docente de dicha irregularidad. Brambilla respondió que esperaría que lo cesaran desde el organismo central, pero no obstante renunció a dos módulos de 1º y 2º ciclo de EGB”. Aquí se explica además que son 8 los módulos demás, porque ésa es la cantidad que tiene como titulares en el colegio de Santa Lucía. Pero además, Tamburrini agregó una tercer denuncia de carácter penal en la Oficina de Denuncias de la Fiscalía General donde deja asentada las anteriores cuestiones, para referir que desde hace años Brambilla “viene violando la Ley Provincial N 10.579 (del Estatuto del Docente) en su artículo 28, donde se establece que ningún docente podrá tener más de 30 horas cátedra titulares (equivalentes a 20 módulos)…” y que “debido a que el denunciado estaría por jubilarse”, Tamburrini solicita que se tomen los recaudos legales pertinentes para que estos módulos demás no se tengan en cuenta “ya que esos aportes son producto de un ilícito”. Y se agrega: “De no hacer lugar a lo peticionado, los contribuyentes estaríamos pagándole una mayor jubilación producto de un delito”.
La respuesta de Naico
Brambilla comienza a repasar el principio de su carrera de docente para explicar por qué considera que no está violando ninguna ley ni el Estatuto del Docente. Es profesor desde 1971, y así lo dicen los papeles que muestran su primera asignación de horas en la Escuela Normal, el 2 de Febrero de ese año. En ese momento, la escuela dependía del Ministerio de Educación de la Nación pero todo cambió en 1996, cuando pasó a depender de la provincia. A partir de este último año, los horarios de Brambilla se distribuyeron entre la provincia y el Instituto Maguirre donde ya dictaba clases.
Lo que ocurre, y así se defiende el profesor, es que la carga máxima horaria de Nación era entonces de 36 horas, que él tenía distribuidas como 24 en la Escuela Normal y 12 en el Instituto de Santa Lucía. Luego de la modificación legal, las horas del Normal se transformaron en 18 módulos (cada módulo es equivalente a una hora y media cátedra), y las de Santa Lucía en 8 módulos. El total es de 26 módulos efectivamente.
Brambilla asegura que esta carga horaria le corresponde por derecho porque él es titular de las mismas desde antes del cambio de establecimientos de Nación a Provincia, y también desde antes de reformarse el Estatuto del Docente (vigente desde el año ‘91). “Son derechos adquiridos, pero si la provincia decide que estoy en falta, que me cesen. Sí es cierto, que en el año ’99 tomé dos módulos en el Maguirre que luego renuncié porque no podía. Eso se lo reconozco”, explicó Brambilla.
El docente dejó entrever que una de las inspectoras también está de acuerdo con Tamburrini en que él comete un delito manteniendo esas horas. “Yo digo que lo demuestren. Hasta el año 94 no cometía ningún delito, y ahora sí. La Dirección de Escuelas es la que tiene que decidir eso”, agrega el acusado.
La licencia polémica
Un segundo cuestionamiento que se le hace al profesor Brambilla, es que actualmente cumple funciones en el Club Náutico mientras goza de una licencia médica en las escuelas.
Naico dijo que padece de una enfermedad profesional en las cuerdas vocales, producto de su trabajo ininterrumpido durante 26 años en la docencia. La afección se inició en el año ’99 y aunque inició un tratamiento con el Dr. Gurmindo Arana se consideró una enfermedad preexistente por lo que volvió a trabajar hasta el año pasado, cuando inició una segunda denuncia por la aparición de la patología que le deparaba desde faringitis y laringitis hasta afonías. “Todos pretenden que pida cambios de funciones o renuncie, pero lo tiene que decidir una junta médica”, explica. La dificultad radica en que, de constatarse una incapacidad, la ART debería responsabilizarse y por eso se demora una definición.
Lo que indica además Brambilla, es que llamativamente, en la ART también se recepcionó una denuncia contra él por su supuesta doble función en el Club Náutico aunque nunca le dijeron quién la había asentado. “En el club tuvieron que decidir si me retiraban o me pasaban a otras funciones porque yo no podía tener chicos a cargo, y por eso me pusieron en la Dirección de Deportes”, explica.
Asegura que no tiene problemas en desarrollar tareas administrativas si así se lo indica la Dirección de Escuelas. Pero sólo si así lo decidiera la superioridad.
Mucho por saber
El reinicio de las clases ha dejado al descubierto numerosas situaciones incomprensibles en donde el estatuto docente y la burocracia del sistema conspiran contra la educación de los chicos.
El caso “Brambilla” concluye en una postura: “Que me juzguen”. Aunque puede leerse con sinceridad la frase, lo que no pocos desconocen es que el “sistema” funciona con una lentitud que indigna y que jamás se llega a sancionar a nadie con una retención indebida de horas y de cargos. Desde la Jefatura de Inspección, la titular Belén Yunes, remarcó su deseo de no dar explicaciones públicas, dolida aún con algunos episodios que derivaron, precisamente en sanciones, como por ejemplo en el Colegio Industrial. Visto desde su perspectiva, al denunciar lo que pasaba en ese colegio se le hizo un gran daño a la comunidad educativa que no tenía nada que ver con lo que allí se descubrió. Ese mismo razonamiento se aplica también a casos como el de Brambilla u otros, en los que en el proceso de investigar se movilizan estructuras no demasiado amantes de que se abran sus libros. “Nosotros lo atendimos a Tamburrini y estamos trabajando, pero no vamos a salir a darle explicaciones por los medios, sobre todo, porque acá hay una cuestión personal”, dijo Yunes.
En otras carpetas “famosas” y “vigentes” con licencias por viajes, stress, tareas pasivas y una larga lista de prerrogativas que permite el estatuto (que avergonzarían a Sarmiento), hay evidentes aprovechamientos que tienen su encuadre legal y por lo tanto se aceptan.
Aulas vacías, chicos que entran y salen en horarios insólitos y lo peor, el comentario popular previsible en un pueblo pequeño que deja en evidencia lo que se esconde en muchos casos detrás de un certificado médico. Una alta autoridad del Ministerio de Educación que no tiene relación con los procesos administrativos que se mueven alrededor de estas denuncias pero muy vinculada con San Pedro anticipó ayer que sobre algunos casos han llegado denuncias directas. “Hay, incluso, denuncias que se hacen entre sí los propios docentes”. Tal vez, reaccionando con criterio y adultez, se logre sortear el efecto de una denuncia particular con connotaciones personales para ir a la raíz de un problema que realmente le pega de frente a todos los buenos proyectos de educación que dicen tener quienes enfrentan diariamente la educación de las nuevas generaciones.
El origen de la pelea
Lo que Naico Brambilla relató comienza en el año 2004. En noviembre de ese año, se corrió una carrera de aguas abiertas y una de las ganadoras fue la hija de Tamburrini, quien era entonces alumna del profesor Brambilla. El problema se suscitó porque la deportista no había sido inscripta en la carrera con la anticipación que se había solicitado. Se cobraba entonces $ 15 pero con la posibilidad de que los chicos que eran de San Pedro abonaran $ 7,50 hasta tres días antes de la competencia. Aunque la joven pudo competir sin problemas, la situación generó un enfrentamiento entre Naico y el matrimonio Tamburrini. “Me dijeron que nosotros lucrábamos con los chicos, que les cambiábamos los documentos, que nos iban a denunciar a la Federación de Natación”, explicó el docente. El final de la historia fue que Brambilla informó al club lo ocurrido y la comisión decidió suspender a la socia Patricia de Tamburrini por 90 días y a su esposo Carlos por seis meses. “Me juró venganza eterna”, explicó Naico.