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    Las farmacias se quejan porque Unión Personal vende medicamentos

    La prepaga cortó el servicio de farmacia a sus afiliados por problemas internos. Sólo se dedicó a proveer a aquellos que tienen tratamientos prolongados, pero la gente debía retirar y pagar los medicamentos en sus oficinas de calle Mitre. Los farmacéuticos podrían denunciar la situación, pero esperan un acuerdo.

    29 de agosto de 2007 | 00:00
    Las farmacias se quejan porque Unión Personal vende medicamentos

    Durante la semana pasada, muchos afiliados de Unión Personal, descubrieron que no podían comprar sus medicamentos en la farmacia porque la obra social tenía el servicio cortado. Al reclamar en sus oficinas, los empleados invitaban a sus socios a comprarlos allí. La indignación no sólo de muchos afiliados, sino de los farmacéuticos, no tuvo límites ni respuestas. Cuando la gente pretendía que la gerenciadora le explicara las razones por las cuales no podían adquirir los medicamentos normalmente, la respuesta era que todo obedecía “a un conflicto interno”.
    Como única solución, la obra social que ya cuenta con cerca de 7000 usuarios, invitaba a quienes realizan tratamientos con medicamentos crónicos a retirarlos de la sede, abonándolos en el momento, sin registro fiscal ni supervisión de un profesional. Momentáneamente, aquellos pacientes que necesiten drogas específicas, para tratamientos largos como por ejemplo oncológicos o insulina, entre otros, no tenían más remedio que abonar o pedir en su farmacia de confianza que le hicieran “la gauchada” hasta tanto se retomen las negociaciones.
    La modalidad habitual, para Unión Personal, es la entrega de chequeras mensuales a los pacientes, con las que concurrían a la farmacia y retiraban sus medicamentos abonando el porcentaje de diferencia correspondiente. Por cuestiones internas, la droguería que los abastecía, fue suplantada por otra y la prepaga optó por comprar a otro proveedor.
    Así, sin que se sepa si se respetan los cuidados, la cadena de frío y la supervisión de un profesional, los pacientes retiraban su medicación y los farmacéuticos especulaban con un acuerdo, que en realidad debería ser denunciado en la Justicia.
    Por su parte, los pacientes que no están inscriptos en los registros de tratamientos prolongados, se vieron obligados a acudir a las farmacias, pagar por el total y luego pedir el reintegro, que –como se sabe- siempre demora más que los pesos que se tienen en el bolsillo.
    El pasado viernes, una empleada de UP, explicó con mucha claridad lo que sucedía y manifestó que ella como afiliada tampoco estaba de acuerdo con las medidas tomadas por la gerenciadora, pero que lamentablemente por el momento esa era la única orden que habían recibido y que no podían hacer nada. Una semana atrás llamaban a central y siempre recibían la misma respuesta, “en un par de días se soluciona”, pero al cierre de esta edición las novedades eran las mismas.

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    Autoridades que llegan
    Desde el lunes, se anunció la llegada de funcionarios de Austral OMI, tal es el nombre de la gerenciadora de Unión Personal, cuya sede está en Usuahia. Las autoridades viajarían desde la Capital Federal para reunirse especialmente con los farmacéuticos para llegar a un acuerdo. Al cierre de esta edición (martes por la tarde), los titulares de farmacia no habían recibido noticia alguna de la mentada reunión.
    Es probable que en el transcurso de la semana se produzcan acciones concretas para salvaguardar la situación de centenares de pacientes que se han encontrado, justo a fin de mes, con un conflicto que para ellos representa salud y dinero.

    Derechos del paciente
    Desde el lado de los farmacéuticos, las declaraciones públicas no se hicieron esperar. Señalaron que era “un atropello la medida que tomaba la obra social” y que perjudicaba directamente a todos los comercios del sector. Indicaron además, que es muy riesgoso el expendio de medicamentos de este modo, porque no están avalados por una matrícula profesional. Claro que, de modo similar al que actúa el Círculo Médico, la cuestión económica estuvo por sobre los derechos que asisten a los pacientes. En este caso, tener la certeza de la cobertura y la correcta administración del medicamento prescripto por el médico y no un sustituto. La responsabilidad de los empleados de UP, excede los límites y si las cosas siguen así, la denuncia no debería demorarse, al menos para deslindar responsabilidades.

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