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    La venta de un lote disparó la denuncia de Carrió contra Ramanzini

    La Diputada nacional denunció al concejal del Frente Renovador por “lavado de dinero”, ser “testaferro de Sergio Massa” y tener actividades comerciales que “se habrían solventado con dinero y fondos que provendrían de hechos derivados de la corrupción y el narcotráfico”. Ramanzini negó los cargos, acusó a Carrió y se puso a disposición de la Justicia. La interna del massismo local. Las relaciones con el exintendente de Tigre. Los negocios “exitosos” y la investigación en marcha.

    29 de octubre de 2014 | 10:36
    La venta de un lote disparó la denuncia de Carrió contra Ramanzini

    El viernes el país se hizo eco de una denuncia de la Diputada nacional y precandidata a Presidenta de la Nación Elisa “Lilita” Carrió que apunta directo al líder del Frente Renovador Sergio Massa, a quien insistemente liga con el narcotráfico, pero que tuvo amplia repercusión en San Pedro porque el denunciado es el concejal del massismo local Ariel Ramanzini.
    La denuncia es contra el edil sampedrino por “lavado de dinero” que provendría “de la corrupción y el narcotráfico” y pone de relieve la presunta condición de “testaferro” del exintendente de Tigre del presidente del bloque del Frente Renovador local.
    Ramanzini se enteró por La Opinión cuando este semanario lo llamó para consultarlo respecto de la noticia que cerca de Carrió eligieron difundir primero por la agencia de noticias estatal Télam. Allí hizo su primera defensa, que luego profundizó en una conferencia de prensa el sábado.
    La denuncia sorprendió por su relevancia pero a decir verdad provocó un sinfín de comentarios que reprodujeron muchas cosas que se dicen en la ciudad desde que el abogado entró en la arena política, primero cerca de Julio Pángaro y luego al frente de la lista de la agrupación de Daniel Monfasani, con cuyo grupo la relación se rompió en plena campaña electoral conjunta.
    Las bromas sobre Ramanzini y su familia remiten al ejemplo con el que Freud lanzó su teoría de relación entre el chiste y el inconsciente, aquel que hablaba de alguien que había sido tratado por otro “famillonariamente”.
    Más allá de los apodos y de las risotadas –que incluso derivaron en una broma que pudo ser un enfrentamiento a puños, situación que derivó en más chistes– la acusación tiene una gravedad inusitada para la política vernácula.

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    La compraventa que dispara la denuncia
    La acusación de Carrió fue presentada junto a la Legisladora porteña Paula Oliveto ante el Juez Federal Carlos Villafuerte Ruzo. Apoyada en fuentes anónimas –personas que, dicen, se acercaron a ellas para entregarles información y documentación–, señalaron al edil local como “testaferro del actual Diputado Nacional y ex Intendente de Tigre Sergio Massa, y de su secretario privado Ezequiel ‘Quelo’ Melaraña”.
    En la denuncia, las referentes del ARI relatan que en octubre se presentó ante ellos “una persona” –luego Oliveto diría a FM Génesis que fue “una ciudadana sampedrina” – que “no quiso revelar su identidad”, quien poseía “un sobre que contenía una copia de una escritura pública de compraventa y de un imponente inmueble en construcción”.
    El documento está relacionado con la venta de un lote en la zona camino a Vuelta de Obligado, que tendría vista al río, que una empresa relacionada con Ramanzini vendió hace un año y medio por un monto registrado que no guarda relación con los valores de mercado.
    “La escritura fue otorgada el 7 de diciembre de 2012 en el partido de San Pedro por ante la Escribana María Gabriela Botta, titular del Registro Nº 5”, dice la denuncia. Es decir que fue registrada en la Escribanía de la esposa de Ramanzini.
    A Carrió le llamó la atención que una empresa relacionada con el sampedrino vendió el lote de terreno de 22 metros y cuatro centímetros de frente por 48 metros y ocho centímetros, con una superficie total de 1077 metros cuadrados cuya nomenclatura catastral es Circunscripción I, Sección L, Chacra 4, Fracción III, Parcela 32 y su Partida Inmobiliaria la número 29.535 en 50 mil pesos pagaderos al contado en efectivo.
    “Considerando las dimensiones y ubicación del inmueble –se encuentra sito en una de las zonas agrícolas más prósperas de la provincia de Buenos Aires–, el precio de la venta se fijó en la irrisoria suma de cincuenta mil pesos”, dice la denuncia, que deduce que “se habría pagado insignificante suma de cuarenta y seis pesos ($ 46) por metro cuadrado, coyuntura que por sí sola, da cuenta de lo irregular de la operación”.
    Camino a Vuelta de Obligado, en la actualidad, un lote a valores de mercado cuesta no menos de 25 mil dólares, más de cinco veces lo que aparece registrado.
    Agentes inmobiliarios consultados por La Opinión coincidieron en señalar que “hoy con 50 mil pesos no comprás nada”. Alguno de ellos dio un ejemplo gráfico: “Un lote en la zona del barrio Hermano Indio puede valer 100 mil”.
    “Sabemos que se escritura por valuación fiscal, pero hay casas sencillas con valuación de 30 mil pesos cuya escritura es más alta; es cierto que no es del mismo monto que la operación propiamente dicha, pero tampoco tan menor”, señaló otra fuente relacionada al mercado.
    Para señalar que, después de todo, la operación registrada por la empresa de Ramanzini no es tan descabellada en relación a lo que sucede en otras, un martillero explicó: “En Vuelta de Obligado, un lote que valía 50 mil dólares se llegaba a escriturar en 10 mil pesos, porque los valores fiscales eran muy bajos”.
    Según la denuncia, “la parte compradora fue el señor Ezequiel Fabián Fuchs” quien “compró para sí” y “dejó constancia de que en dicho inmueble construirá su vivienda única familiar y de ocupación permanente”.
    La denuncia señala que “las mismas fuentes manifestaron que la compraventa que origina las presentes actuaciones y el resto de las actividades comerciales que a continuación se describirán se habrían solventado con dinero y fondos que provendrían de hechos derivados de la corrupción y del narcotráfico”. Nada menos.

    Las empresas de Ramanzini
    La parte vendedora fue por un lado “PyA Proyección de Mercado SRL”, titular de dos tercios del inmueble y “Elsa Beatriz Flores”, dueña del tercio restante. Ambos actuaron bajo representación de un apoderado de nombre Héctor Osvaldo Álvarez, conyuge de Flores, con quien reside en la ciudad de General Rodríguez.
    PyA Proyección de Mercado SRL fue constituida el 29 de julio de 2005, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Sus socias son María Alejandra Ramanzini, hermana del edil sampedrino, y Patricia Cristina Bianchi. Su objeto social “realizar actividades comerciales, inmobiliarias, financieras (excluidas las de la ley 21.526) e industriales” por una duración de 99 años y un capital de 12.000 pesos. El edicto lo suscribió el concejal del Frente Renovador.
    La presentación judicial indica que Ramanzini habría suscripto los edictos de constitución de dos empresas más: Rags Telas SRL, cuyos socios son Cristian Marcos y Hernán Rusaz, ambos domiciliados en Carapachay, partido de Vicente
    López. La sociedad “tendrá por objeto realizar actividades comerciales, inmobiliarias, financieras (excluidas las de la ley 21.526) de representaciones y mandatos, etc.”.
    La otra empresa es Proyectos y Soluciones SRL cuyos socios son Marcelo Fabián Enrique Isarrualde y Carlos Alberto Ochoa, ambos con domicilio en Tigre, cuyo objeto es “realizar actividades comerciales, agricultura, ganadería, etc.”.
    Ramanzini aparece como apoderado de PyA Proyección de Mercado SRL en una causa administrativa ante el organismo de control de energía eléctrica por un problema con Coopser, cuyo resultado favorable a la empresa publicó este semanario en junio de 2011.
    El entuerto estaba relacionado al abastecimiento de medidores del edificio Altos de Caseros que esa empresa construyó en la ciudad y cuyos pedidos iniciales estuvieron primero a nombre de Mario Botta, suegro de Ramanzini, y luego a nombre de Ariel Augusto Botta, ambos socios del concejal en la empresa Farmacia Centro Histórico San Pedro”, cuya publicación en el Boletín Oficial data del 14 de enero de 2010, edicto firmado por Héctor Alvarez, el apoderado de la compraventa del terreno que cuestiona Carrió.

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    El delito y las pruebas
    Para las denunciantes “es preciso que se investigue la actuación de Ramanzini a partir de la compraventa denunciada” porque podrían estar en presencia de “la posible configuración del delito de lavado de dinero” ya que la operación inmobiliaria señalada “presenta algunas irregularidades” que consideran “pasibles de ser investigadas”
    En ese sentido, hacen hincapié en “el insignificante precio de la finca objeto de la compraventa” y piden una investigación que permita “conocer los reales motivos de la evidente sub-valoración en la valuación de los inmuebles que es objeto de esta transacción”.
    Como pruebas para el desarrollo de la investigación, Carrió y Oliveto ofrecieron a Villafuerte Ruzo copia de la escritura, copia de fotografías de la casa que Ariel Ramanzini construye en la esquina de 25 de Mayo y Boulevard Paraná, histórica propiedad de la familia Capdevila cuyo último miembro José Guillermo fue tapa de los diarios nacionales cuando decidió abandonar el país por “temor” al ser testigo protegido de la causa Ciccone que involucra al Vicepresidente de la Nación Amado Boudou, exministro de Economía en cuya cartera se desempeñaba el sampedrino, hijo del reconocido Pepún Capdevila y de buena relación con Daniel Monfasani, otro de los hombres fuertes de Massa en San Pedro.
    Además entregaron copias de los edictos judiciales de constitución de las empresas y de la resolución del Oceba en el caso administrativo de Coopser y el edificio Altos de Caseros. Como puede apreciarse, con excepción de las fotos y la escritura, nada que no pudiera conseguirse sabiendo buscar en internet.
    Le pidieron al Juez que requiera información a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia sobre las empresas señaladas y “todas aquellas constituidas por el denunciado Ariel Guillermo Ramanzini y / o Héctor Osvaldo Alvarez, y aquellas en las que los nombrados tengan participación como socios y / o cargos de dirección”.
    A Inspección General de Justicia de la Nación le solicitan que “informe y remita copia certificada de los expedientes de las sociedades constituidas” por ambos, y a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires “toda la documentación obrante sobre las propiedades cuyo titular de dominio sea Ariel Guillermo Ramanzini, y/o aquellas personas que V.S. considere”, lo que podría incluir a su esposa, la escribana María Gabriela Botta.
    Lo mismo sugieren pedir al Registro de la Propiedad de Capital, al tiempo que en el Banco Central sobre el estado financiero del edil, a quien Carrió llamó todas las veces que lo nombró como “Romanzini” y “presidente del Concejo Deliberante de San Pedro”, y sobre quien aseguró que “recién el año pasado pasó de ser monotributista a responsable inscripto”.
    A Afip le piden por su situación impositiva y al Registro Nacional de la Propiedad Automotor por los vehículos que posea a su nombre, así como al de Buques por si es propietario de embarcaciones y al de Aeronaves.

    La casa del Boulevard
    Desde que comenzó la construcción, la vivienda familiar que el concejal del Frente Renovador construye en la esquina de 25 de Mayo y Boulevard Paraná ha sido objeto de preguntas, rumores, chicanas políticas y chistes de todo tipo.
    Tras descartar que fuera un hotel y la trascendencia pública de que se trataba del futuro hogar de la pareja Ramanzini – Botta, comenzaron los guiños.
    En una reunión del Comité de Crisis, al mediodía de un jueves, el edil discutió con el sindicalista “Chipi” Benítez, quien le recriminó: “Te estás haciendo una casa que vale millones y no trajiste nada para comer a los compañeros”, que estaban de paro y sin cobrar.
    La noche de la toma le preguntaron en broma si era cierto que iba a tener que “poner semáforos para que no choque la servidumbre”.
    En otra oportunidad, le preguntaron si era cierto que planificaba “una cancha de fútbol cinco en el subsuelo”.
    En una reunión de comisión, ante el repaso de las dificultades del barrio San Miguel por el tema de las cloacas, otro concejal señaló que habría que analizar reconstruir las viviendas. “Mientras tanto, llevamos toda la gente a la casa de Ariel”, bromeó uno de los presentes.
    El propio Intendente Guacone tomó como objeto de crítica la vivienda en construcción el día que le rechazaban las cuentas en el HCD, cuando dijo que Ramanzini pagaba muy poco dinero de tasas, algo que el edil contradijo con números más altos y una respuesta rápida: “En todo caso, pago lo que me cobra el Intendente”.
    Al otro día, dijo que ya lo habían visitado desde Afip, Arba, Ministerio de Trabajo y Uocra por la casa.
    Cuando vino Ricardo Echegaray a inaugurar la remodelada Aduana, él mismo bromeó respecto a una eventual visita del funcionario a su vivienda, a pocas cuadras del lugar del acto.

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    • Edición N° 1178
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