La única respuesta para los niños armados fue la policía
En el barrio Hermano Indio aseguran que forman parte de distintas bandas que azotan la zona. Roban carteras, usurpan casas, son miembros de una red que hace delivery de drogas y piden “peaje” a quienes transitan por esas calles. Hay adultos y jóvenes mayores de edad, pero la presencia de menores armados es cada vez mayor y más preocupante. Hubo denuncia y allanamientos. De la cuestión social, ¿quién se ocupa?
La primera captura de pantalla de publicaciones de Facebook que envió un lector de La Opinión motivó la sorpresa. ¿Qué hacía un nene de 12 años con un revólver, posando como una estrella de las series de televisión? Las imágenes que llegaron desde entonces confirman el cuadro de situación: hay niños que forman parte de bandas delictivas.
El barrio Hermano Indio es uno de los íconos de la violencia. Allí, cada vez más, el territorio es disputado por grupos de delincuentes. Casi no hay lugar para los vecinos de bien, aquellos que a diario salen de sus viviendas para ir a trabajar y que deben dejar a alguien a cargo de la casa por temor a que se la usurpen.
Con un Estado que sólo llega en patrullero y de uniforme –sin demasiados resultados, por cierto–, la cotidianeidad de esa zona está atravesada por la pobreza, la marginalidad, las drogas, el robo, la violencia y las armas.
Hasta los nenes tienen acceso a las armas.
El chico de la foto
El protagonista de la primera foto que llegó a esta redacción y que desató la polémica tiene apenas 12 años. La imagen es una captura de pantalla que muestra una secuencia de fotografías en las que posa con un arma. Se trata de un revólver calibre 38, considerado un “arma de guerra” para la ley.
Su historia familiar es una historia de crónicas policiales. Dos hermanos suyos fueron detenidos por robo a mano armada junto a otro de los pibes del barrio. Uno ya recuperó la libertad y el otro sigue entre rejas. Su hermana tiene un novio que fue apresado luego de asaltar un comercio en Saavedra y quedar registrado por las cámaras de seguridad. Un tío suyo también tuvo problemas con la justicia penal.
Según los registros de la Comisaría, él mismo tiene un ingreso por “robo agravado en poblado y en banda”.
Cursó la primaria en la escuela 11, cerca del barrio, donde durante los últimos años se lo veía cada vez menos. Allí forjó amistad con otro jovencito que, como él, hoy también está en riesgo por su proximidad con las bandas
delictivas del Hermano Indio.
En la capilla, donde trabajan con programas de asistencia social para jóvenes mayores de edad a través de una fundación, lo recuerdan por haber ido a pedir alfajores en varias oportunidades. Algunas veces por las buenas; otras, no tanto.
Alguna vez lo acercaron al programa Envión, donde tampoco duró mucho. “Así estamos, así vivimos. Cada generación nace uno o dos o más así. Ese nene tiene 12 años. En su Facebook sube fotos con esa arma. Es triste, es horrible. Falta de cariño, falta de apoyo, criado en un mundo diferente al de cualquier niño de su edad. ¿Se habrá perdido su niñez? ¿Se habrá ido ya su inocencia?”, se preguntaron quienes mandaron la foto a esta redacción.
La respuesta del Estado
Como cada vez que un caso de estas características sale a la luz, las miradas se posan en la Secretaría de Desarrollo Humano que conduce la trabajadora social Karina Chiarella –cuestionada dentro y fuera del gobierno, pero
siempre firme en el gabinete por decisión del intendente Cecilio Salazar– y en el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
Profesionales de ese organismo –cuya cabeza hoy es el hermano de la secretaria de Desarrollo Humano, el orientador social Andrés Chiarella– dijeron a colegas suyos que no estaban al tanto del caso del nene que publicó La Opinión, puesto que no habían recibido oficio judicial alguno.
Por lo general, es su respuesta: decir que sólo intervienen cuando hay denuncia y les llega la novedad judicial. La ley, empero, es clara: deben “facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos acceda a los programas y planes disponibles en su comunidad” y es de su competencia “recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño” y
“planificar y supervisar las alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia o guardadores o quien tenga a su cargo su cuidado o atención”.
Cuando los hermanos, cuñados, tíos y otros familiares de este chico cayeron presos, bien le habría venido una visita.
En el área educativa existe un organismo denominado Centro de Orientación Familiar, que depende de la Jefatura Distrital de Enseñanza, cuyos miembros ya se acercaron a quienes trabajan solidariamente en el barrio para intervenir en casos como este.
Al otro día de la denuncia, uno de sus miembros se comunicó con La Opinión para conocer algunos detalles en procura de planificar una intervención, aunque siempre con cuidado: la incumbencia de cada organismo es precisa para levantar la mano y difusa para decir “yo señor, no señor”.
Ese día también se comunicó el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, quien señaló: “El papá y la mamá deberán hacerse cargo”. Hizo una presentación en la comisaría, de manera tal de darle intervención a la Justicia, a través de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, aunque el chico es inimputable desde el punto de vista penal, por su corta edad.
Hubo dos allanamientos en el barrio Hermano Indio, ambos negativos. Todo indica que, tras esa intervención, el famoso “oficio” que pone de excusa el Servicio local llegaría para que, al fin, pudieran dedicarle algunas horas de su valioso tiempo al tema.
Karina Chiarella no respondió. Cuando se la consultó por el tema de los nenes desnutridos (ver página 6) remitió al secretario de Salud. Siempre hay otro que aparece públicamente para contar qué hace el Estado ante una problemática, menos la responsable de ocuparse.
Hay más casos
“Son una banda en el Hermano Indio. MS son las iniciales del que lidera. Viven robando carteras, de todo. Hay menores y mayores”, contó una mujer que los sufrió, los denunció y vive atemorizada.
Otras personas de la zona señalaron lo mismo y remitieron otras capturas de pantalla en las que se ve a menores de edad posando con armas.
Recorrer sus publicaciones de Facebook permite encontrarse con celebraciones de asaltos, alusiones constantes al consumo de drogas –sobre todo marihuana y cocaína–, al sexo explícito, al odio a la policía.
De allí se desprende que su trayectoria de vida está signada por la violencia, la falta de horizonte, la imposibilidad de soñar una realidad que no sea aquella en la que están inmersos sin que nadie –o casi nadie, para ser justos– se acerque a contarles que otro mundo es posible.
“Todas las noches lo mismo. No se puede más con esta gente”, repiten los vecinos, que hablan de casas quemadas, de puertas “reventadas a tiros”, de disparos a toda hora, de televisores, carteras, computadoras, celulares, motos, bicicletas y un sinfín de elementos robados dentro y fuera de los límites del barrio que alimentan el consumo de estupefacientes, los mismos que, a fin de consumir y pagar sus dosis, se enrolan en las redes de distribución de drogas.
En ese barrio, un chico de 16 años murió el año pasado. Apareció ahorcado a pocas cuadras de su casa. Se había peleado con su madre, hoy presa y señalada como “la transa del barrio”. Estaba “todo empastillado” y tuvo “un velorio desamorado” en el que reinaba “el olor a porro”, según contaron quienes concurrieron. Hacía delivery de drogas y lo habían atrapado varias veces en ese trajín. Alguna vez le había vaciado el cargador de una pistola al frente de una vivienda que quería usurpar. Tenía cuatro más que el protagonista de la foto.