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lunes, junio 21, 2021
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La sospecha de coimas en el Consejo Escolar tiene causa por estafa y avanza en la Justicia

A un año del acta en el que quedó expresada la sospecha de que “un consejero saliente” le pedía “sobreprecios” a un constructor y tras la denuncia de Gustavo Liloff, la Fiscala Ates imputó a Pablo Casas y haría lo propio con Cecilia Macchia por el delito de estafa. En su declaración, Casas negó todo. A fines de noviembre le notificaron la causa. Su abogado es el exsecretario de Gobierno Javier Silva, a quien el Consejero escolar recurrirá por ser empleado municipal y provincial.

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La sospecha de corrupción en el Consejo Escolar que explotó el año pasado a pocos días de que asumieran los nuevos integrantes del cuerpo avanzó durante este año en la Justicia y la Fiscala Ates ya formalizó las imputaciones contra el proveedor del Municipio Pablo Casas, expuntero de Guacone, y podría hacer lo propio con la exconsejera escolar Cecilia Macchia, quien durante su gestión fue tesorera.
Con fecha 21 de noviembre, Ates notificó a Casas sobre la formación de la causa por el delito de “estafa”, tras lo que el exsecretario de Gobierno Javier Silva en su carácter de abogado patrocinante se presentó para tomar vistas del expediente.
Todo comenzó con la firma de un acta el 20 de diciembre del año pasado, cuando la nueva tesorera del Consejo Escolar, Mónica Romagnano, convocó al proveedor Pablo Casas para explicarle que no le podría pagar una factura de alrededor de 4 mil pesos porque los trabajos por los que pretendía cobrar no estaban terminados.
En el acta que firmaron cinco de los seis consejeros, incluyendo al Presidente Marcelo Paladini, consta que el proveedor dijo que “un miembro del consejo saliente” le cobraba “sobreprecios” para favorecerlo con obras. Le pedía “un porcentaje”.
Las sospechas recayeron en la extesorera Cecilia Macchia, quien al dejar el Consejo Escolar pasó a una “Coordinación Educativa” en Desarrollo Humano, aunque pagada por Provincia como “en comisión” por su cargo docente, y desde hace poco es coordinadora regional en la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales de la Dirección General de Cultura y Educación provincial.
El expresidente del Consejo, Marcelo Paladini, también hombre del oficialismo guaconista, podría ser otro de los involucrados en la medida en que su firma aparece en cada uno de los pagos hechos con anterioridad al descubrimiento de un mecanismo que podría ser calificado al menos de irregular.

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Casas negó todo
En su declaración, Pablo Casas negó los términos de la conversación que quedaron plasmados en el acta del Consejo Escolar. Sin embargo, su revelación acerca de cómo ejercía las tareas que encomendaban sembró más dudas respecto de las irregularidades con las que se manejó el guaconismo en el poder.
Dijo que durante la famosa reunión se trataron temas relacionados con los trabajos que en su calidad de albañil debía llevar adelante en el Jardín de infantes que está ubicado lindero a la escuela 10, el que le fue “adjudicado directamente, sin licitación”.
Casas señaló en Fiscalía que “por falta de tiempo le pasó el trabajo a otra persona” y que “no avisó el Consejo de este cambio” ya que era él quien facturaba. Cuando le consultaron sobre los trabajos sin terminar, dijo que pidió “las disculpas del caso” y contó que había tercerizado las tareas encomendadas.
Sin embargo, sostuvo que “de ninguna manera” manifestó que debía “agregar valor a las facturas porque un consejero saliente lo hubiera solicitado”, tal como figura en el acta que firmaron cinco de los seis miembros del cuerpo.
Sobre la mecánica de la adjudicación de las tareas, Pablo Casas relató que cuando hacía falta un trabajo lo llamaba “alguien del Consejo”, le “preguntaba si podía ir” y él hacía la tarea.
Explicó que “en el 80 por ciento” de las obras “facturaba mano de obra y materiales” y que el trabajo por el que más facturó fue uno de 6.500 pesos. Declaró que sólo dos veces le fue requerido un presupuesto y que en el resto de las contrataciones presentaba la factura luego de haber hecho las reparaciones.
Reafirmó que “nunca nadie” le “pidió dinero a cambio” de otorgarle trabajos y que supone que la situación “obedece a alguna interna política”, aunque dijo no tener elementos para aseverarlo.

Impugnación a Silva
El Presidente del Consejo Escolar anticipó a La Opinión que impugnará la participación del exsecretario de Gobierno de Pablo Guacone, Javier Silva, como abogado defensor de Pablo Casas en la causa, por su carácter de empleado municipal –es titular del área de Escrituraciones– y provincial –es docente del terciario–, ya que el damnificado del delito de estafa que se investiga es el Estado.

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