La recolección de residuos, otra pesada herencia para el Gobierno que viene
El Estado le debe 30 millones a Ashira, de los cuales una parte está judicializada y la otra en debate por un convenio que el municipio no puede afrontar. La semana pasada hubo paro porque la empresa le dijo a los empleados que a raíz de la deuda no podía hacer frente a sus compromisos. Este mes llegaron a un acuerdo y pagaron, pero el intendente electo tendrá dos meses hasta que venza la contratación directa. La deficitaria tasa no alcanza para pagar el costo que implica el servicio.
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Cuando el 10 de diciembre asuman en el Gobierno municipal, Cecilio Salazar y su equipo tendrán en el servicio de recolección de resiudos uno de los mayores dolores de cabeza. Cuando en la reunión de transición en la Secretaría de Economía Roberto Borgo les advirtió que debían salir a buscar dinero para afrontar los compromisos, uno de los temas que tenía en la cabeza era este.
La semana pasada, las negociaciones que venían silenciosas entre el Ejecutivo y la empresa explotaron cuando el jueves los trabajadores comenzaron una medida de fuerza de paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago de sus salarios.
Ashira les dijo a los empleados que no podía abonarles el sueldo porque el Municipio les debe 30 millones de pesos. La segunda parte era cierta. La primera, los trabajadores la creyeron primero y la desestimaron después, cuando el Secretario General de la regional del Sindicato de Camioneros Julio Cabaleiro se reunió con el intendente Giovanettoni y salió enojado a decir que se sentían “usados”.
Habían llegado a las puertas de la Municipalidad el viernes pasado al mediodía, luego de pasar la mañana en la esquina de Pellegrini y 3 de Febrero. Fueron con camiones recolectores, carritos de barrenderos, bombos, bombas de estruendo y compañeros de San Nicolás y otras ciudades que se sumaron a la protesta.
La empresa se había comprometido el viernes por la tarde ante el sindicato, luego de una reunión en Buenos Aires en cuyas alternativas estuvo involucrado el propio Hugo Moyano. El lunes ese conflicto quedó resuelto cuando tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo los salarios fueron depositados.
Sin embargo, el problema persiste y el horizonte de complicaciones para cuando apenas asuma Salazar tiene a Ashira como tema relevante, en la medida en que la empresa volverá a tener problemas para pagar salarios en diciembre porque de la deuda con el Estado local poco es lo que puede percibir.
Los convenios posibles
El Estado tiene una deuda de 19 millones con Ashira de servicios, más otros 11 millones que corresponden a un convenio de refinanciación, que es lo único que a duras penas pagaba el municipio, por alrededor de 500 mil pesos mensuales.
El contrato con la empresa venció el año pasado y se vencieron las prórrogas posibles, por lo que el Ejecutivo firmó contrataciones directas aprobadas por el Concejo Deliberante. Antes de la última, hubo un llamado a licitación que quedó desierto porque la única firma que se presentó fue la propia Ashira, pero con dos propuestas económicas que superaban el precio dispuesto en el pliego.
El contrato directo actual es por un monto superior a los 2.100.000 pesos, es decir incluso más dinero que el que planteó la empresa en sus propuestas y en las discusiones previas al llamado a licitación.
De los 30 millones de pesos de deuda, hay unos 13 millones de los 19 de servicios del año en curso que están judicializados a través de una presentación adelantada por La Opinión en septiembre pasado. Luego hay 6 millones de los meses subsiguientes, y otros 11 millones que corresponden al convenio de refinanciación.
El 27 de octubre pasado, el Gobierno envió una propuesta que señalaba que “el actual el estado deficitario de la economía Municipal impide a su administración a hacer frente con recursos propios a la cancelación de la deuda vencida”.
Señalaban allí que “en función de la apremiante situación financiera” que atraviesa la Municipalidad y con el fin de “gestionar la obtención de recursos que permitan afrontar la cancelación de la deuda”, solicitaban a Ashira la refinanciación del capital adeudado. El plan era pagar tres cuotas de 500 mil pesos de aquí a enero y que el próximo Gobierno volviera a debatir con la empresa, un mes antes de finalizada la contratación directa, que en principio sería prorrogada hasta la confección de un nuevo pliego.
La respuesta de la empresa fue negativa y con una contrapropuesta: cinco cuotas mensuales a pagar cada cinco de mes; cuatro de ellas de 1.950.000 pesos y una quinta de $ 5.024.721,77, lo que suma un total de $ 12.824.721,77, ya que además del capital contiene IVA e intereses.
El intendente Giovanettoni dispuso no aceptar ese convenio para no dejarle la carga a Salazar, lo que desató el conflicto entre las partes, que ahora deberá resolverse con paciencia, ya que la negativa del Estado local a un acuerdo de esas características tiene un solo motivo: no hay plata.
Un futuro con aumento de tasas
Tal como adelantó La Opinión en mayo pasado, cuando reveló que el cálculo sobre costos, emisión y cobrabilidad de las tasas arrojaría un déficit de alrededor de 33 millones, en medio del conflicto con Ashira, el Secretario de Economía Roberto Borgo reveló que sólo de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), hay un resultado negativo de 20 millone de pesos.
Luego de que el Secretario General del Sindicato de Camioneros se reuniera con el intendente y acusara a la empresa Ashira de “usar a los trabajadores” al no pagarles el salario para reclamar la deuda al Municipio, el funcionario del gabinete de Giovanettoni publicó los números en su cuenta de Twitter bajo la leyenda “Por qué estamos como estamos”.
Allí revela que sólo el servicio de recolección de residuos y el mantenimiento del basural tienen un déficit de más de 10 millones de pesos al 31 de octubre. El que presta Ashira tiene un costo de 18.768.750, 09 y el otro $ 860 mil, lo que suma casi 20 millones.
La emisión de la tasa por eso servicios asciende a poco más de 14 millones; lo cobrado por costo no supera los 9,5 millones; y la diferencia entre lo cobrado y la emisión ya es de más de 5 millones. El resultado entre lo cobrado y el costo total es de $ 10.724.210,36.
El total del costo de la prestación es de más de 34.700.000; lo emitido asciende a 13.300.000; lo cobrado a fin de octubre casi 14 millones. Así las cosas, el resultado contra la emisión arroja un déficit de casi 13,5 millones y la relación costo/total cobrado, un negativo de 20.786.659 pesos.
